La Red de Editoriales de Universidades Nacionales de la Argentina (REUN) manifestó su “profunda preocupación” ante la derogación de las leyes 25.446 y 25.542, conocidas como Ley de Fomento del Libro y la Lectura y Ley de Precio Único para los Libros editados en nuestro país.
Mediante un comunicado apuntaron contra la decisión del gobierno nacional que envió al Congreso el proyecto de ley Hojarasca armado por el titular del Ministerio de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, que busca la derogación total de la Ley 25.446 (Fomento del Libro y la Lectura) y la Ley 25.542 (Defensa de la Actividad Librera).
Dos de las leyes que busca derogar el Gobierno
La decisión encendió alarmas generalizadas en todo el ecosistema cultural argentino, provocando el rechazo unánime de escritores, editores y librerías independientes y de universidades.
La ley 25.542 (Precio Único del Libro) establece que el editor o importador debe fijar un precio uniforme de venta al público (PVP) aplicable en todo el territorio nacional. Esto impide que las grandes cadenas reduzcan los precios a pérdida para absorber el mercado.
Por su parte, la ley 25.446 (Fomento del Libro) regula las políticas públicas para incentivar la producción nacional de ejemplares, la distribución en el interior y el acceso democrático a la lectura.
“Estas normas, sancionadas a comienzos del siglo XXI, fueron concebidas para proteger la bibliodiversidad, fortalecer la cadena de producción editorial y reconocer al libro como un bien cultural, además de un producto de mercado“, sostienen desde la REUN y apuntaron que “su vigencia permitió ampliar y consolidar el trabajo de editoriales, librerías, imprentas, traductores, autores y de todas las personas que intervienen en la producción y circulación del libro, garantizando además el acceso a publicaciones a un precio justo en todo el territorio nacional“.
La red de editoriales universitarias advierte sobre la concentración del mercado editorial
La experiencia del mercado editorial argentino demuestra que, durante la última década del siglo XX, la concentración del sector provocó la pérdida de puestos de trabajo, la discontinuidad de numerosos títulos y una creciente predominancia de traducciones extranjeras.
“En ese contexto, las leyes ahora derogadas constituyeron herramientas fundamentales para promover la producción editorial argentina, favorecer la circulación de libros en pequeñas librerías de grandes centros urbanos y de localidades del interior, y garantizar condiciones más equitativas para toda la cadena del libro“, señalaron desde la REUN.
Las universidades públicas argentinas, representadas en la REUN, consideraron “indispensable” preservar las políticas públicas que promueven el acceso al libro, la lectura y el conocimiento. “El libro no es únicamente un objeto comercial: es un vehículo de cultura, educación y construcción de ciudadanía”, plantearon.
“Desde la REUN se reafirma el compromiso con la defensa del libro argentino, de la producción editorial nacional y de las condiciones que hacen posible una oferta bibliográfica diversa y accesible. Porque lectores, autores, editores y libreros merecen más y mejores libros“, concluyeron.
El proyecto del Gobierno
La derogación de ambas leyes es parte del anteproyecto elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, y que propone modificar o derogar decenas de leyes y centenares de artículos para liberalizar actividades económicas, reducir requisitos regulatorios y avanzar en la digitalización de procedimientos.
La iniciativa abarca desde la venta de medicamentos y el transporte marítimo hasta los fideicomisos, los mercados de capitales y los arrendamientos rurales.
La iniciativa modifica el Código Civil y Comercial, la Ley de Farmacias, la legislación de navegación y cabotaje, normas vinculadas con el mercado de capitales, fideicomisos y garantías, además de derogar leyes históricas vinculadas con arrendamientos rurales, promoción vitivinícola, traductores públicos, corretaje y regulación del gas licuado de petróleo.
El objetivo declarado es eliminar restricciones consideradas innecesarias, promover la competencia, facilitar la incorporación de nuevas tecnologías y reducir la intervención estatal en distintos mercados.
Libros y doblaje: eliminación de regulaciones históricas
La iniciativa modifica la Ley de Fomento del Libro y la Lectura y elimina distintos organismos y mecanismos regulatorios.
La Secretaría de Cultura pasa a ser la autoridad de aplicación y se derogan numerosos artículos de la Ley 25.446.
Además, se eliminan dos normas emblemáticas:
❌ Ley 23.316, vinculada a la industria del doblaje.
❌ Ley 25.542, conocida como ley de precio uniforme del libro.
La derogación de esta última habilitaría “una mayor libertad comercial” en la venta de publicaciones.
