El Consejo Superior de la Universidad Tecnològica Nacional (UTN) declaró por unanimidad el estado de emergencia salarial para todo su personal docente y no docente, y manifestó que las condiciones laborales dignas son “condición necesaria para garantizar la calidad educativa, la continuidad académica y el pleno cumplimiento de las funciones sustantivas de la universidad”.
La medida incluye el reclamo al gobierno nacional “para que convoque de manera urgente a paritarias libres y con propuestas salariales acordes a la pérdida del poder adquisitivo acumulado, garantizando una recomposición real y sostenida”. Además, expresa una “profunda preocupación” por “las consecuencias que la actual situación salarial tendrá en el corto y mediano plazo sobre el Sistema Universitario Público, la permanencia de su personal, la calidad formativa, la renovación docente y el sostenimiento del Sistema de Salud Universitario”.
En relación a este último punto, la UTN también solicitó al gobierno nacional la adopción de medidas extraordinarias que permitan garantizar la continuidad de los servicios de salud brindados por la Dirección de Acción Social de la Universidad Tecnológica Nacional (DASUTeN), afectada por la baja de aportes derivados de salarios depreciados.
“No se puede ni siquiera subsistir”
Lucila Rossi Gerard, de la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT) dio más detalles acerca de la declaración de emergencia y profundizó en la situación crítica que atraviesa hoy el personal de la universidad.
“La UTN es la única universidad federal y forma al mayor número de ingenieros y esto se da en el marco del creciente número de renuncias de docentes universitarios a sus cargos en muchas de las regionales, que ha debilitado la estructura de las cátedras y la formación de nuevas generaciones, deteriorando el perfil académico de la institución. Y por otro lado esta precarización desalienta la incorporación de personas graduadas, altamente calificadas, a la carrera académica, e impacta en la renovación y fortalecimiento de los equipos de trabajo, en la calidad universitaria y en la investigación y desarrollo”, dijo en diálogo con el medio Pausa.
“Más del 70% de los docentes están por debajo de la línea de pobreza. Desde diciembre del 2023 hasta la actualidad estamos hablando de un 30%, más o menos, de pérdida real del salario, porque hubo aumento de un 107% con una inflación del 179%. Esto está en los fundamentos del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario”, sostuvo.
Se están desarticulando grupos de investigación
Rossi sostuvo que, además, “se están desarticulando los grupos de investigación. Formar un grupo lleva su tiempo, cinco o siete años, y cada docente altamente calificado tiene una formación detrás, inversión de la sociedad. Es donde más impacto hay. Eso hace que muchos docentes permanezcan dando clases, pero con pluriempleo, teniendo que tener otros trabajos para poder subsistir, y eso impacta en las dedicaciones exclusivas”.
“Ahora se está poniendo el foco en la Ley de Financiamiento Universitario, que viene a dar una solución definitiva y estructural. El financiamiento de la universidad es una obligación legal y ética y además es una clave estratégica que tiene que ver con el desarrollo del país. La ley lo que hace es imponerle al Ejecutivo que el financiamiento de las universidades sea del 1% del PBI. No se crea ningún nuevo impuesto ni nada, solo se garantiza ese piso del 1%. Hoy lo que se está destinando es menos del 50% de lo que corresponde por partida al sostenimiento universitario”, concluyó.
