Profesores y alumnos de universidades públicas protagonizaron este miércoles una multitudinaria protesta contra la intención del presidente Javier Milei de vetar una ley que garantiza mayor financiación a la educación universitaria, en jaque por el severo ajuste hecho por el Gobierno.
La movilización tuvo su epicentro en la plaza frente a la sede del Parlamento de Argentina, en Buenos Aires, pero también hubo marchas de protesta en otras ciudades del país, con el respaldo de sindicatos y de sectores políticos de la oposición.
“Los estudiantes de toda la Argentina le pedimos al presidente, en un grito de auxilio para salvar al sistema, que promulgue la ley de financiamiento universitario”, pidieron profesores, estudiantes y directivos de las universidades en un documento conjunto leído durante la movilización, en coincidencia con una huelga del sector en todo el país.
Las universidades en Argentina ocupan un lugar aspiracional para las clases medias y medias bajas y por ello su acceso está asociado a cuestiones culturales muy arraigadas. Cuando los estudiantes del nivel secundario llegan a los últimos años, en las familias ya se dibuja un horizonte profesional de lo que “pretenden ser” cuando culminen sus estudios. Es por eso que para nuestro país las universidades nacionales transversalizan a actores de diferentes espectros partidarios (antagónicos en ocasiones) porque son un bien cultural.
Según la última encuesta realizada por Zuban-Córdoba, las universidades nacionales y el CONICET, son las instituciones sociales que tienen el mayor índice de valoración social con cifras que llegan al 85% y con apoyos que no se pueden mensurar por pertenencia partidaria, porque transversalizan a todos los sectores y corrientes ideológicas de la sociedad.
Esa transversalidad siembra hace que la política anti-universidades del Gobierno siembre rechazos en todo el espectro social (con su correlato político). Es que no se trata de un sector en el que se identifique el kirchnerismo, como pretende la gestión de Javier Milei. El PRO, la UCR, el socialismo, el peronismo y hasta los propios libertarios tienen una relación de pertenencia con las universidades.
Y es que son las instituciones en las que los sectores medios, bajos y medio altos, concretan sus proyectos aspiracionales. En tal sentido, el oficialismo arrancó mal, porque consideró que la misma retórica “anti-casta” que utiliza para denostar a todos aquellos sectores que considera enemigos (sindicatos, políticos, empresarios) le cabía a las casas de estudios superiores. De hecho, semanas atrás llamó “casta” y “canallas” a intelectuales y científicos, algo que derivó en el repudio unánime de la comunidad científica.
El ajuste que generó las marchas contra Milei
La ley, que se aprobó el pasado 13 de septiembre por el Parlamento, establece actualizar los fondos para gastos de funcionamiento de las universidades por la variación del índice de inflación, que en agosto se ubicó en el 236.7 % interanual. Asimismo, ordena una recomposición de los salarios universitarios, también teniendo en cuenta la inflación.
Pero Milei ha advertido que vetará la ley, tal como lo hizo recientemente con una iniciativa para establecer los aumentos en las jubilaciones, alegando que no comprometerá el objetivo del equilibrio fiscal fijado por su Ejecutivo.
0,14%
De acuerdo a cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley, de aplicarse, tiene un impacto equivalente al 0,14 del PIB, por lo que la comunidad universitaria considera que no afecta tan sustancialmente a las cuentas públicas.
Profesores y estudiantes ya habían hecho una marcha masiva en abril pasado por la insuficiencia de fondos para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas, cuyo acceso es gratuito para los estudiantes desde 1949.
“Yo no hubiera podido estudiar si la universidad no hubiera sido pública y gratuita porque mi padre era obrero y mi madre, ama de casa. La educación pública hace a la identidad de los argentinos. No nos podemos imaginar sin esta universidad abierta a todo aquel que quiera estudiar”, dijo a EFE Beatriz Romero, economista que se graduó en la Universidad de Buenos Aires, una de las más prestigiosas de Iberoamérica.
El Gobierno de Milei, que desde su inicio, en diciembre pasado, aplica fuertes recortes de gastos para recuperar el equilibrio fiscal de Argentina, tacha al sistema universitario de “caro, inequitativo e ineficiente”.
De acuerdo a datos oficiales, en Argentina hay 1.749.136 estudiantes registrados en 65 universidades de gestión estatal en el país, de los cuales solo el 40,6 % (710.466) son alumnos regulares y tienen una baja tasa de graduación.
El Ministerio de Capital Humano, del que depende la Secretaría de Educación, sostiene que el Estado destina el 74 % del presupuesto educativo a las universidades, a las que acusa de no rendir cuentas de los fondos transferidos.
“Intereses políticos”
“Este conflicto universitario responde más a intereses políticos que a las necesidades del sistema educativo, porque los reclamos educativos están todos atendidos y resueltos”, aseguró la cartera.
Pero la masiva protesta de este miércoles evidencia que sí hay mucho por resolver en la educación pública universitaria, cuyos profesores cobran en muchos casos salarios por debajo de la línea de la pobreza.
“Si Milei veta la ley, muchos docentes se van a ir porque, obviamente, con estos sueldos de hambre no se puede vivir. Tal vez esto es lo que quiera el presidente: que haya cada vez más ignorantes y menos gente pensante. Tal vez así los convenza con los gritos que da todos los días”, dijo Jorge Etcharrán, profesor de la Universidad Nacional de Hurlingham, quien, con 25 años como docente, cobra apenas 400 dólares al mes, menos de la mitad de una cesta básica.
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