La Sindicatura General de la Nación (SIGEN), respaldada por el Procurador del Tesoro, presentó una demanda judicial para que la Universidad de Buenos Aires (UBA) entregue la documentación requerida sobre los fondos transferidos por el Estado.
La medida busca cumplir con la Ley de Educación Superior y la Ley de Administración Financiera, que requieren rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos. En rechazo, el rector Gelpi solicitó una medida cautelar, alegando que el control de la SIGEN vulnera la autonomía universitaria, protegida por la Constitución. El caso está en manos de la jueza Rita Ailan.
En un nuevo enfrentamiento entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), este miércoles el Síndico General de la Nación, Miguel Blanco, se presentó ante la Justicia para que la casa de altos estudios entregue al organismo de control, que depende de Presidencia de la Nación, la documentación que se le demanda para “rendir cuenta documentada de los fondos transferidos por el Tesoro Nacional y facilitar a la SIGEN la información y documentación para auditar la aplicación de esos recursos”.
La medida interpuesta por Blanco se llevó a cabo en el marco de la negativa del rector Ricardo Jorge Gelpi a ser auditado, a pesar de que la Procuración del Tesoro de la Nación, cuyo titular es Rodolfo Barra, firmó una resolución que habilita a la SIGEN a ser compulsada, al igual que al resto de las Universidades Nacionales. La decisión del ex ministro de Justicia de Carlos Saúl Menem se comunicó en medio del conflicto universitario, que incluyó toma de edificios y medidas de fuerza que continúan, luego de que el presidente Javier Milei firmara el veto al financiamiento universitario.
La UBA, a la cabeza de las auditorías
A través de una nota firmada por el Síndico General de la Nación el pasado 22 de octubre, se le comunicó a Gelpi que la UBA sería la primera institución en ser auditada. El rector no se dio por enterado; por esa razón, el equipo de la SIGEN remitió en mano en la mesa de entradas de la Rectoría de la UBA, la nota que indica que comenzarán los trabajos programados en esa casa de estudios.
Apenas se conoció la decisión del Procurador del Tesoro, la UBA impulsó una acción declarativa de certeza y una medida cautelar para que frene el avance de ente de control gubernamental sobre su funcionamiento. La demanda sostuvo que la decisión del Poder Ejecutivo es “inconstitucional”, atenta contra “el principio de división de poderes” y vulnera “la autarquía y autonomía” de esa casa de altos estudios. La causa recayó en el juzgado federal 4 del fuero en lo contencioso administrativo, a cargo de Rita Ailan. Pero la UBA, el 29 de octubre, decidió recusarla sin causa.
La SIGEN, con el patrocinio de Rodolfo Barra, el jefe de los abogados del Estado, presentó un recurso judicial para que: “Se libre manda judicial a fin de que la UBA cumpla con el artículo 59 de la Ley de Educción Superior N° 24.251 y para encuadrar su autarquía económica financiera en el marco de lo establecido en la Ley N° 24.156″. Pasando en limpio.
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