El próximo jueves 5 de septiembre podría tratarse en el Senado el proyecto de ley (con media sanción en la Cámara de Diputados) que busca fijar por ley el financiamiento de los fondos que le corresponden a las universidades para poder funcionar y para pagar salarios.
Para que se de el tratamiento primero tienen que conformarse las comisiones de la cámara alta y luego que se valide su tratamiento en el recinto. Según las cifras el proyecto tiene consenso para que sea aprobado, lo que representaría un nuevo costo político a la gestión de Javier Milei, que viene estancando las negociaciones con las casas de estudios superiores, y no resuelve el acuerdo paritario con los docentes de las universidades nacionales.
Ante el posible tratamiento del proyecto de ley previsto para el próximo jueves 5 de septiembre, se resolvió avanzar en un paro nacional de 24 horas durante la misma jornada del martes con movilizaciones, que permita la concentración frente al Congreso Nacional para visibilizar el conflicto.
“No debemos cesar en nuestros reclamos y con mucha convicción acompañar lo que ocurra con la Ley de Presupuesto Universitario ya que el gobierno nacional tiene que entender que si veta esta ley, la comunidad universitaria volverá a llenar las calles del país porque hoy lo que está en juego es el futuro de la universidad argentina”, expresó el secretario general del gremio, Carlos De Feo.
Todo para aprobar el proyecto
Los gremios de docentes universitarios y los rectores vienen avanzando para mostrar el estado de situación en el que se encuentran las universidades. En la semana los rectores iniciaron gestiones y encuentros con los senadores para contar la situación acuciante que atraviesan las casas de estudios superiores y para garantizar la aprobación en el Senado del proyecto de ley.
El proyecto plantea incrementar por ley los fondos destinados a financiar el funcionamiento de las universidades nacionales. El 10% de esos recursos corresponden a los llamados gastos de funcionamiento (luz, gas, mantenimiento) y el otro 90% a salarios de docentes y no docentes.
En Diputados, la norma fue aprobada por 144 votos afirmativos, contra 77 negativos (en su mayoría PRO, radicales y LLA).
La iniciativa propone anclar la suba salarial (contemplando el retroactivo) en el Índice de Precios del Consumidor, y subir los gastos de funcionamiento bimestralmente.
Esos dos ítems de los recursos que reciben las universidades son las que dieron lugar al conflicto con el gobierno de Javier Milei. El primer conflicto fue por los gastos de funcionamiento, y culminó en una mega movilización al Congreso y la Plaza de Mayo. Milei cedió y le otorgó una suba del 270% a las casas de estudios superiores.
Sin embargo, el 90% del problema sigue sin resolverse porque el Ministerio de Educación no planea recomponer la caída del 60% de la capacidad adquisitiva de los salarios de docentes y no docentes. Es más, la crisis es tan acuciante que, en septiembre, el 95% de los salarios de docentes de las universidades estará debajo de la línea de la pobreza. La respuesta del gobierno fue una suba del 5% entre agosto y septiembre.
¿0,14% del PBI de gasto o de inversión?
Por eso, todo terminará en una nueva mega movilización el 13 de septiembre. Pero antes, las universidades, que ya realizaron dos semanas de paros, irán al Congreso a apoyar el tratamiento del proyecto de Financiamiento en el Senado, con la expectativa de que quede convertida en ley.
Luego, Javier Milei, deberá pagar un alto costo político, si en sus planes está vetar la iniciativa.
El “gasto” para el Estado (lo que le preocupa al Gobierno) es del 0,14% del PBI pero lo que cabe preguntarse es si no habría que cambiar el término por “inversión” cuando de lo que se habla es de contar con un sistema sólido de producción de conocimiento y generación de profesionales que impactarán en todas las áreas de la actividades productivas, sociales, sanitarias y culturales.
Por Eduardo Porto.
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