Con un cronograma que culminará el 30 de junio de 2026, más de 5.000 Estaciones de Servicio deberán completar la transición hacia el sistema de verificaciones en manos de certificadoras externas, que ya no estará a cargo del emblemático Instituto Nacional de Tecnología industrial (INTI), sino de la empresa Lenor, por decisión del gobierno de Javier Milei.
La empresa junto a otros laboratorios privados denunciaba “competencia desleal” en la prestación del servicio que tenía el INTI y a través del lobby de sus allegados en el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo y en el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) finalmente consiguió que el gobierno nacional le quite la prestación del servicio al organismo científico técnico.
Prácticas predatorias de Caputo para beneficiar amigos
Ahora, sin el INTI en el medio, Lenor, con el camino allanado para monopolizar el servicio de control de expendedoras de combustible, ya evalúa aumentar los aranceles del servicio de control que el INTI realizaba a un valor de 100 mil pesos por expendedora de combustibles.
Cabe mencionar, que ese valor el INTI lo tarifaba en 25 mil hasta diciembre de 2025 por una prestación cuyo objetivo no era la ganancia, sino el servicio a bajo costo y de alta calidad para que el sector pudiera operar en regla.
Sin embargo, Lenor y los privados cobraban 75 mil por la misma prestación y allí residía la denuncia de los empresarios de competencia desleal.
Entonces intervino Milei, que subió el arancel del INTI a 100 mil (para derivar los usuarios al sector privado) aunque las estaciones de servicio seguían apostando al INTI. Ahi fue que el Gobierno decidió directamente el cierre definitivo del área de metrología del INTI con el servicio incluído, a fines del año pasado, por orden de Caputo y la presión de los allegados de Lenor en el ministerio de Economía.
Ademas, el INTI realizaba 9 de cada 10 certificaciones de las que se realizaban en el país y eso irritó a los laboratorios privados.
Argentina cuenta con un total de 5.349 estaciones de servicio activas a principios de 2025, según datos de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), y una estimación de unas 45.000 bocas de surtidor de combustible, entre nafta, gas oil y GNC.
Lo que pierde el INTI
Hasta 2025, el INTI realizaba tareas de verificación de esas estaciones de servicio con un arancel de 100 mil pesos por surtidor. Así, lo que deja de percibir el organismo científico por el control de los surtidores serían en promedio unos 4.000 millones de pesos por año, ya que el control se hace una vez cada doce meses.
Pues bien, a partir de 2026, la verificación de surtidores de combustible en Argentina dejará de ser exclusiva del INTI y pasará a ser realizada por laboratorios privados autorizados que cuenten con acreditación del Organismo Argentino de Acreditación (OAA).
Las estaciones de servicio deberán contratar estos servicios privados para verificaciones periódicas. La empresa que lo realizará en primer lugar es Lenor, del empresario cercano a Caputo, Julio Made.
La decisión del gobierno nacional, amparada en la ideología libertaria de achicamiento del Estado, destrucción de las capacidades científico-tecnológicas y otorgamiento de negociados para el sector privado en completa desregulación de condiciones de seguridad, afecta directamente al organismo de ciencia y tecnología enfocado en la transferencia de conocimiento científico al sector productivo industrial.
Metrología Legal representa aproximadamente el 50%de la facturación por aranceles del Fondo Común de Centros de Investigaciones de INTI (FCCI- INTI), por lo que el cierre de esta área constituye un golpe letal al organismo de ciencia.
Fin del control de parte del INTI
La Resolución 213/2025 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial estableció el cese progresivo de actividades del organismo en materia de control metrológico, incluyendo los surtidores de combustibles, y fijó un cronograma que comenzó el 31 de enero de 2026 en el Área Metropolitana y finalizará el 30 de junio en el resto de las provincias alcanzadas.
El impacto es significativo: en Argentina operan más de 6.000 Estaciones de Servicio y miles de surtidores que deben someterse a verificaciones periódicas obligatorias. A partir de ahora, esas tareas quedarán definitivamente en manos de organismos privados acreditados, que ya vienen desplegando su actividad en distintos puntos del país.
Valores de referencia
El 22 de diciembre de 2025 una disposición, identificada como DI-2025-5-APN-DPYC#INTI el gobierno definió la actualización de los valores correspondientes a una amplia gama de verificaciones: desde instrumentos de pesar de funcionamiento no automático y pesas, hasta surtidores de combustibles líquidos, etilómetros, medidas de capacidad, cinemómetros y termómetros clínicos.
En el caso puntual de los surtidores, el nuevo cuadro tarifario fija un arancel de 100.000 pesos por unidad para las verificaciones in situ, tanto para equipos con hasta 16 mangueras (picos surtidores) como para aquellos que superan esa cantidad, así como para los controles solicitados por el usuario por cada manguera adicional.
Desde el INTI explicaron que la actualización se realizó conforme a la metodología de costeo definida por el Consejo Directivo del organismo, que contempla la evolución del valor hora-hombre y los costos indirectos asociados a la prestación de los servicios. El ajuste, consensuado con las áreas técnicas involucradas, se apoya en los parámetros fijados por la Resolución 8/2018 y en las facultades otorgadas a la Dirección de Planeamiento y Comercialización para revisar periódicamente los aranceles de los servicios regulados y no regulados.
“El cambio ya es conocido por la mayoría de las estaciones y la adaptación viene siendo gradual pero positiva”, explicó a Surtidores el ingeniero Alberto Schiuma, Director de Relaciones Institucionales del Grupo Lenor. Según detalló, la empresa realiza verificaciones periódicas en Salta, Tucumán, Mendoza, La Pampa, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, entre otras jurisdicciones, mientras avanza con acuerdos de difusión junto a cámaras y federaciones provinciales.
El grupo Lenor, la minera a la que Milei benefició desmantelando el INTI
El grupo LENOR, una empresa ha sido autorizado para realizar el control de surtidores de combustibles en Argentina tras la desregulación del servicio, reemplazando las funciones del INTI. Aunque se busca garantizar costos acotados, no se han publicado tarifas fijas específicas para 2026, ya que los precios se definen en el nuevo marco de competencia privada.
Lenor es una firma argentina con proyección internacional especializada en certificación, ensayos e inspección técnica (TIC) con presencia en 13 países, que en 2025 mostró interés en invertir en Argentina.
Julio Made, su CEO, es un ingeniero industrial argentino, fundador de Lenor Group. La empresa, líder en evaluación de la conformidad, certificación de productos y laboratorios de ensayo nacida en 1999. Se especializa en reglamentos técnicos, seguridad eléctrica y comercio internacional, se hará cargo de la certificación tras ser habilitada por el Ministerio de Economía a fines de 2025 a través de la Disposición 128/2025.
La empresa se hará cargo como “un negocio” de un servicio que el INTI prestaba y que representaba un ingreso de no menos de 4.500 millones de pesos anuales destinados a fortalecer las capacidades científico-tecnológicas del organismo como sostenimiento de salarios, laboratorios y programas de investigación.
Un negocio multimillonario, surgido de las cenizas del sistema científico
Ahora, la empresa accederá a un mercado cautivo. Para eso, el cronograma oficial prevé que el 30 de abril cesen las actividades del INTI en provincias como Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe, mientras que el 30 de junio será la fecha límite para completar el traspaso en todo el país a la empresa que gestiona Julio Made.
La resolución incluye anexos con el detalle de los instrumentos reglamentados, entre ellos los surtidores, lo que formaliza la transferencia de funciones hacia el ámbito privado.
En términos técnicos, el nuevo régimen no sólo contempla la verificación periódica de los equipos de expendio. También incorpora la auditoría obligatoria de reparadores —quienes intervienen en los surtidores— y el control de las medidas de capacidad utilizadas en las inspecciones. LENOR, indicó Schiuma, consolidó durante 2025 estos servicios y obtuvo acreditación del Organismo Argentino de Acreditación para llevar adelante esas tareas, además de avanzar en la aprobación de modelos de surtidores y ubicaciones primitivas.
Ello implica que los servicios potenciales, y los aumentos en el servicio privado de parte de la empresa hacen que la cifra, incluso, sea de una ganancia mucho mayor para la empresa Lenor.
