En medio del paro con visibilización anunciado por el Frente Sindical de Universidades, el gobierno de Javier Milei busca adhesiones en el Congreso de cara a la votación de la ley libertaria de financiamiento universitario con la que el oficialismo busca reemplazar a la ley vigente votada por el Congreso a fines de 2025.
Así como se oye, el gobierno no quiere aplicar una ley que promulgó hace tres meses, entonces envió al Congreso un proyecto “a medida” igual, pero con un desfinanciamiento muy superior, para que se ajuste a sus números.
Emergencia presupuestaria en las universidades
La Ley de Financiamiento Universitario vigenet, con su última versión promulgada en 2025, establece la emergencia presupuestaria del sistema universitario, garantizando la actualización bimestral de los gastos de funcionamiento por inflación y la recomposición salarial docente/no docente (vía IPC).
La iniciativa aprobada por el Congreso busca asegurar fondos para el funcionamiento, los hospitales universitarios y la investigación, garantizando la educación pública.
Además, busca recomponer el salario de docentes y NODOCENTES, que perdió más de cien puntos contra la inflación desde la asunción de Javier Milei.
Por el contrario, el proyecto del oficialismo desconoce esos dos años de pérdida salarial y sólo recompone la mitad de lo perdido en 2025, más lo que pierda en 2026. Esa es la batalla entre las universidades y el gobierno.
Paro y movilizaciones contra el proyecto del oficialismo
En ese marco, los sindicatos universitarios convocaron a un paro nacional ante la falta de actualización de los haberes y el retraso en la transferencia de fondos. En el medio, el Poder Ejecutivo no aplica la ley vigente, insiste con una iniciativa propia y busca “adhesiones” en el Congreso, para que se apruebe en las próximas semanas.
En pleno inicio del ciclo lectivo 2026, el sistema universitario nacional enfrenta una de sus mayores crisis recientes debido a la acuciante situación salarial de los trabajadores docentes y no docentes de las casas de estudio. A raíz de eso, el panorama promete recrudecer en los próximos días: las asociaciones docentes convocaron a un paro nacional desde el 16 de marzo, exigiendo que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario y se convoque a paritarias.
La aplicación de la ley vigente de financiamiento universitario se encuentra completamente paralizada pese a existir un fallo judicial que obliga al Gobierno a realizar la transferencia de los fondos. Para ganar tiempo, el oficialismo presentó un contraproyecto con menores incrementos bajo la promesa de que, en caso de aprobarse, darán los fondos para su aplicación.
No arrancan las clases
La semana próxima comienza el ciclo lectivo en la amplia mayoría de instituciones universitarias nacionales y los rectores englobados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advierten que el desarrollo del cuatrimestre podría ser crítico no solo a nivel de los salarios, sino como para gastos de funcionamiento y becas estudiantiles.
En diálogo con TN, el titular del CIN, Oscar Alpa, remarcó que el “93% del presupuesto universitario se destina a salarios, que están totalmente deprimidos” y advirtió que numerosos docentes han debido renunciar por los bajos haberes.
El principal interlocutor con el CIN es el titular de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez; dependiente de la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell.
“El Gobierno informó que iban a elevar un proyecto de financiamiento con sus lineamientos. Desde ese momento no se hizo otra convocatoria. El paro es por la no aplicación de la ley vigente y por no convocar a paritarias docentes”, afirmó Alpa ante la consulta de Infobae.
El presupuesto de las universidades
El presupuesto universitario registra su nivel más bajo en casi veinte años. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, los salarios docentes perdieron 29% de poder adquisitivo frente a la inflación y el gasto en universidades cayó 30,4% real respecto al mismo lapso de 2023, según datos calculados por Chequeado. Para 2025, la caída real supera el 32%. Datos del portal Presupuesto Abierto muestran que, a esta altura del año, las transferencias a la gran mayoría de las universidades se ubica en el 16%.
Es por eso que las principales organizaciones docentes, reclaman que se pague el 51% de recomposición salarial pendiente y denuncian el incumplimiento de la ley aprobada en octubre de 2025 por el Congreso, que ordena actualizar salarios y partidas presupuestarias al ritmo de la inflación. Frente a la falta de respuesta, anunciaron paros, movilizaciones y la posibilidad de extender las medidas “por tiempo indeterminado”.
!Hay plata¡
El Gobierno asegura que tiene los votos para lograr la aprobación de una nueva Ley de Financiamiento Universitario. En el oficialismo sostienen que el número está garantizado con aliados y bloques dialoguistas – como los legisladores de Provincias Unidas – y argumentan que tienen un piso de 131 votos. Milei apunta a darle media sanción a partir de marzo.
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron reuniones con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para acercar posiciones. Participaron representantes del comité ejecutivo del organismo, que agrupa a las 56 universidades nacionales, y se avanzó en una agenda técnica sobre salarios, gastos operativos y previsibilidad presupuestaria.
El proyecto del Gobierno no actualiza la garantía salarial congelada hace un año, por lo que hay docentes que siguen cobrando $250.000; muchos de ellos por un trabajo de 10 horas semanales.
“El proyecto para las universidades debería ser una excepción y tratarse en el corto plazo”, dicen en el Gobierno mientras buscan como conseguir aliados en el Congreso para.
Integrantes del oficialismo que están ampliamente interesados en la temática de las casas de estudio afirman que se está esperando a una nueva reunión de la mesa política en la Casa Rosada para que se pueda definir una hoja de ruta de los proyectos libertarios a tratarse en el Congreso. Son conscientes de que en las próximas semanas este asunto se meterá de lleno en la agenda.
No es menor que en algo más de un mes se lleven a cabo las elecciones en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde La Libertad Avanza quiere empezar a hacer pie en facultades como las de Derecho, Económicas e Ingeniería con sus agrupaciones. Un clima como este podría perjudicar su performance.
Mientras, apuntan a conseguir adhesiones en el Parlamento para reemplazar la ley vigente de Financiamiento Universitario.
