El diputado nacional Rodolfo Tailhade cuestionó el destino de US$ 53 millones otorgados por el Banco Mundial para financiar ciencia en Argentina. Documentos de contrataciones muestran servicios tecnológicos financiados por ese organismo, mientras investigadores reclaman por la falta de recursos y el Ejecutivo no habría informado qué ocurrió con los fondos destinados a becas y proyectos.
La denuncia apunta al destino de US$53 millones otorgados para financiar proyectos científicos y becas. Mientras investigadores aseguran que los fondos nunca llegaron a laboratorios ni estipendios, documentos oficiales muestran contrataciones financiadas por el Banco Mundial dentro de la Secretaría de Ciencia y Tecnología.
Los fondos debían ser ejecutados por la Agencia Nacionalde Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia Í+D+i) a cargo de Natalia Avendaño, a quien cuando asumió, desde el gobierno calificaban como “la Messi” de la ciencia.
¿Manotazo libertario de los US$ 53 millones que eran para la ciencia?
Los US$53 millones del Banco Mundial destinados a la ciencia argentina quedaron en el centro de una denuncia que plantea interrogantes sobre el manejo de fondos internacionales durante el gobierno de Javier Milei.
El diputado Rodolfo Tailhade denunció públicamente que parte del dinero destinado al financiamiento científico habría terminado en otros destinos. Su planteo apunta especialmente a contrataciones tecnológicas y servicios de comunicación gestionados desde la estructura de Ciencia y Tecnología.
La acusación no constituye por sí misma una prueba de corrupción. Sin embargo, la documentación difundida introduce un elemento concreto: existen procesos de contratación que identifican al Banco Mundial como fuente de financiamiento externo, mientras investigadores reclaman que recursos destinados a sus proyectos y becas no llegaron a destino.
El dato que encendió las alarmas
Una de las contrataciones corresponde al proceso 142/3-0035-LPU25, cuyo objeto es un servicio de paquete de SMS para envíos masivos. El expediente establece que se trata de una licitación pública de alcance nacional, expresada en dólares estadounidenses y con financiamiento externo. En el apartado correspondiente al tipo de financiamiento aparece explícitamente el Banco Mundial.
El proceso está vinculado con la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de Innovación, Ciencia y Tecnología. La existencia de la contratación está documentada, aunque las fuentes aportadas no permiten determinar que el dinero utilizado corresponda específicamente a los US$53 millones denunciados.
Otra contratación financiada por el Banco Mundial
La segunda documentación exhibida corresponde al proceso 142/3-0036-LPU26. Allí se establece la contratación, implementación y soporte de las herramientas Jira y Confluence, además del servicio de envío de correos.
También en este caso el expediente señala que existe financiamiento externo y que el tipo de financiamiento corresponde al Banco Mundial.
La contratación se realiza mediante una licitación pública, en dólares estadounidenses, y aparece nuevamente vinculada con la estructura de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. El expediente señala además que el documento que genera el proceso es un contrato.
Investigadores reclaman mientras el dinero no aparece
La denuncia adquiere mayor gravedad política por el reclamo de investigadores. Una de las fuentes difundidas señala que, mientras avanza el ajuste, científicos reclaman por US$53 millones de créditos internacionales que debían destinarse a proyectos científicos.
Según esa publicación, el Ejecutivo nunca informó qué ocurrió con los fondos internacionales asignados para becas y proyectos de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación.
El colectivo Becarixs de Agencia denunció que ese dinero nunca llegó a sus laboratorios ni a sus estipendios. La misma fuente sostiene que existe una causa judicial y que el Estado se niega a informar dónde está el dinero.
