Periferia

15 de Enero de 2026

El Gobierno vuelve a la carga contra las universidades con un proyecto para controlar sus gastos

Mercedes Llano, la diputada libertaria que fue declarada persona no grata por votar contra el financiamineto universitario, presentó un proyecto para que las universidades transparenten su información presupuestaria.

A pesar que las universidades nacionales son controladas por la Auditoría General de la Nación (AGN) y que, según la medición de diciembre de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), aparecen primeras en el ranking de instituciones mas transparentes del país, desde el gobierno nacional volvieron a encender la mecha contra las universidades nacionales para intentar deslegitimar y sembrar sospechas sobre el manejo de los fondos que realizan.

Esta vez no les enviaron una auditoría de la SIGEN, ni salieron a sembrar versiones de corrupción inchequeables por las redes sociales como venían realizando, sino que lo hicieron a través del Congreso (Institución que parecen tener poco en cuenta si se observa como eluden la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario que votaron ambas cámaras).

El gobierno insiste en sembrar sospechas sobre las universidades

Fue la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) por Mendoza, Mercedes Llano, quien votó en contra del financiamiento universitario y fue declarada “persona no grata en la UNCUYO, quien insistió con el tema y presentó un proyecto de ley que busca modificar la Ley de Educación Superior “con el objetivo central de facilitar el acceso a la información pública”. La propuesta tiene como fin asegurar la rendición de cuentas de los recursos que administran las universidades nacionales en todo el país, garantizando así una mayor transparencia financiera en el sector.

Según los fundamentos del proyecto, “la educación superior representa un servicio estratégico de interés público sostenido mayoritariamente por el Estado. En este sentido, la legisladora del Partido Demócrata sostiene que el ejercicio de esta actividad debe realizarse en armonía con los principios republicanos de publicidad de los actos de gobierno. Para Llano, es imperativo evitar que la autarquía institucional se convierta en una falta de claridad, afirmando que “sin mecanismos de responsabilización y transparencia, la autonomía degenera en opacidad”.

Mercedes Llano, persona “no grata” en la UNCUYO por votar el desfinanciamiento de las universidades: Tras votar el desfinanciamiento universitario, Mercedes Llano amenazó con demandar a la UNCUYO

Cabe recordar que las universidades nacionales que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmaron un acuerdo el 17 de diciembre de 2025 con la Auditoría General de la Nación (AGN), para crear un portal de información que permita mejor acceso a la información de la gestión de las casas de estudios superiores. Lo sorprendente es que Llano no se contactó con las universidades ni con la AGN para conocer sobre la iniciativa, y directamente tomó la decisión unilateral de armar su proyecto, cuando son muchas las señales que dan las universidades públicas de hacer gestiones para aumentar los canales que transparenten la gestiones. Sin ir más lejos, hay acciones en ese sentido de universidades públicas como la Universidad Nacional de La Plata que creará su propio portal de transparencia.

El acuerdo entre las universidades y la AGN: Las universidades tendrán su propio portal de información pública para transparentar sus gestiones

El proyecto de Mercedes Llano, publicado en el sitio web de la Cámara de Diputados: https://www.hcdn.gob.ar/diputados/mllano/listado-proyectos.html

Índice de transparencia

A principios de diciembre de 2025, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), un ente del Estado, dio a conocer los resultados de la medición correspondiente al tercer trimestre de 2025 del índice de transparencia de organismos públicos, y el dato sobresaliente es que cuatro universidades nacionales aparecen entre las diez primeras más transparentes, según el informe que elabora el propio estado nacional.

El índice de la AAIP fue creado para monitorear el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los organismos del sector público nacional. Para ello, los funcionarios y técnicos de la Agencia elaboran sus datos en base a la revisión de los sitios web de 198 entidades, según las obligaciones de la Ley 27.275 – art.32.

La medición resulta de un informe de cómo cada organismo expone la información interna sobre uso de recursos públicos, convenios, acuerdos, gestión y/o resultados de gestión.

Concretamente, este apartado de la Ley que regula el Acceso a la Información Pública establece que “la información debe publicarse de manera clara, estructurada y entendible”. Además, la normativa busca que se eliminen las barreras que impidan que terceros reutilicen la información.

Pero, lo más significativo es, además, que la Jefatura de Gabinete de Ministros del gobierno que Mercedes Llano integra, aparece en el puesto 67 de transparencia del índice publicado por la agencia de Acceso a la Información Pública. ¿Presentará Llano algún proyecto para que Adorni transparente más su gestión?

Pero, lo más significativo es, además, que la Jefatura de Gabinete de Ministros del gobierno que Mercedes Llano integra, aparece en el puesto 67 de transparencia del índice publicado por la agencia de Acceso a la Información Pública. ¿Presentará Llano algún proyecto para que Adorni transparente más su gestión?

El nuevo ataque a las universidades para intentar sembrar sospechas

La iniciativa de la diputada apunta a que las universidades “mantengan una publicación permanente, completa y accesible de su información institucional, académica y administrativa. De aprobarse esta modificación, las instituciones educativas quedarían obligadas a difundir datos sensibles y operativos, entre los que se destacan:

Estructura y salarios: Listado de autoridades, nóminas salariales de docentes y personal no docente, así como las declaraciones juradas de los directivos.

Gestión financiera: Detalle del presupuesto vigente, transferencias de fondos, licitaciones, contrataciones y convenios.

Auditorías: Acceso a los resultados de las evaluaciones y auditorías realizadas tanto de manera interna como externa.

Control de calidad educativa.

Mercedes Llano, la diputada que la UNCUYO declaró “persona no grata” tras votar para a favor de desfinanciar las universidades.

Desempeño

Más allá de los aspectos económicos, el proyecto de Llano busca “que la ciudadanía pueda evaluar el desempeño de las universidades y la calidad de su oferta. Por ello, se exige la publicación de información estadística detallada por facultades, incluyendo el número de egresados, el gasto por estudiante y la proporción de docentes ingresados por concurso”.

Asimismo, las instituciones deberán facilitar el acceso a información sobre sus resultados académicos, tales como patentes obtenidas, derechos de autor derivados de investigaciones, publicaciones en revistas indexadas y su posicionamiento en rankings internacionales. Con esta medida, se pretende consolidar un diseño institucional acorde a la exigencia de control ciudadano sobre los fondos públicos.

El acuerdo entre la AGN y las universidades para transparentar más su gestión

En medio de un clima de permanentes ataques desde el gobierno nacional contra las universidades, intentando sembrar sospechas sobre la gestión de los recursos de las casas de estudios superiores, la Auditoría General de la Nación (AGN) acordó la creación de un portal de transparencia con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Ambas entidades presentaron el Portal de Información de las Universidades Nacionales (PIU), un sistema para la publicación de información pública sobre la administración de las casas de estudio de carácter nacional.

El lanzamiento tiene “el objetivo de fortalecer el control y el gestión de las Universidades Nacionales (…) para colaborar con la transparencia y la publicidad de la administración universitaria”.

El anuncio se da en medio de los cruces entre el gobierno de Javier Milei y las universidades nacionales iniciados cuando la administración libertaria comenzó a sembrar sospechas sobre la autonomía y la autarquía universitaria sobre sus fondos. El objetivo del Poder Ejecutivo, desde hace dos años parece ser deslegitimar el accionar de las casas de estudios superiores para justificar el brutal ajuste sobre sus fondos.

De hecho, hoy la puja política está en el Congreso Nacional, donde las universidades pelean por la implementación de la ley de Financiamiento Universitario en el Presupuesto 2026, algo que el gobierno nacional resiste.

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