La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) perdió casi 800 personas becarias en tres años. Cuando asumió Javier Milei, la dependencia gestionaba 3000 Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) y la mayoría fueron abandonados. En 2027 vencen las últimas becas vigentes y no hubo altas nuevas.
Los 400 científicos que permanecen en el sistema tienen el valor de la beca congelado desde mayo de 2024: cobran $786.000 quienes cursan doctorados y $950.000 quienes tienen trayectorias posdoctorales.
Agencia al borde del cierre
A partir de abril, por primera vez en 30 años, ya no quedará ningún investigador en la agencia porque se vencen las últimas becas que duran tres años, y no hubo ingresos porque se anularon los concursos públicos a los PICT y cada becario está directamente asociada a un PICT.
La otra vertiente de investigación de base en Argentina es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), que es el organismo que más puestos de trabajo perdió en el complejo de ciencia y tecnología nacional, con 2965 personas menos hasta octubre.
En el Conicet, por ejemplo, el Gobierno no prorrogó las becas posdoctorales a 380 científicos y quedaron afuera del sistema hasta 2027, porque además se postergó la publicación de los resultados y las convocatorias para el ingreso a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CICyT), que corresponden a la cohorte 2025.
Investigación aplicada y desarrollo nacional
De la Agencia I+D+i surgieron desarrollos científicos como el trigo HB4, resistente a la sequía, liderado por Raquel Chan (Conicet-UNL); la vacuna terapéutica Vaccimel contra el melanoma, desarrollada por José Mordoh (Conicet-Fundación Leloir); la vacuna ARVAC Cecilia Grierson contra el COVID-19, impulsada por Conicet-UNSAM; y los nanoanticuerpos VHH contra el rotavirus, desarrollados por Lorena Garaicoechea (INTA-Conicet), entre otros.
También se descubrieron cultivos de maíz tardío, lo que permitió expandir la frontera agrícola. También surgieron estudios de largo plazo que permitieron diseñar políticas para reducir el embarazo infantil. Otro estudio logró evidencia biológica sobre la unicidad del ecosistema submarino, que aportó el argumento central para ganar un 37% más de territorio argentino sobre la plataforma atlántica.
Éxodo de científicos por goteo
La agencia participó de la constitución de empresas de base tecnológica, y colaboró con 1700 pymes en sus líneas de promoción.
En diálogo con el medio Letra E, el economista Fernando Peirano, que presidió la Agencia I+D+i en el gobierno de Alberto Fernández, explicó que “parece que quieren asegurar el récord de completar cuatro años sin otorgar ni un solo apoyo. Así quedan becarios sin becas e investigaciones sin continuidad”.
“Argentina se convirtió en un exportador de científicos. Por goteo, los más jóvenes son empujados a desarrollar sus vocaciones por la ciencia en otros países, en un mundo donde se generalizaron los programas de ‘atracción de talentos’”, dijo Peirano.
Los u$s 53 millones que no se saben dónde quedaron
El Gobierno ignoró las convocatorias a concurso público de proyectos de 2022, que tenían ganadores adjudicados. Y en 2023 también las anuló, luego de prorrogar 13 veces el cierre de la convocatoria.
Son investigaciones de todas las áreas del conocimiento: estudios sobre distintos tipos de cáncer, estudios en fisiología y patología celular, ciencias exactas, tecnología de materiales, reciclado avanzado de plásticos, purificación y desinfección de aire, tratamientos de aguas contaminadas con plaguicidas, creación de hidrogeles y nanomateriales capaces de purificar el agua de desecho generada por el procesamiento industrial de alimentos.
La agencia tenía financiamiento en cuatro líneas específicas de organismos multilaterales de crédito, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Incluso no prosperó aún el llamado a concurso de proyectos por u$s 10 millones que diseñó la agencia bajo la administración libertaria en 2026 y que denominó Apoyos a la Investigación Científica (AIC).
Allí, el Gobierno impuso condiciones muy restrictivas. Entre ellas, estableció que cada proyecto de investigación debía contar con aportes del sector privado y delimitó de antemano las áreas prioritarias de estudio: salud, agroindustria, energía y minería.
Hubo postulación de proyectos, pero aún no se evaluaron y tampoco se informó al respecto. La línea AIC tenía financiamiento previsto en un contrato con el BID, que originalmente había sido asignado a los PICT.
Precarización laboral y ajuste del sector científico
Los cargos de investigador en la agencia, exigen dedicación exclusiva, ya que sólo pueden anexar un cargo de docente con dedicación simple.
Desde febrero de 2025 el Gobierno dejó de emitir el recibo por el dinero que les entrega mensualmente, que se denomina “estipendio”. Tampoco funciona la obra social y en buena parte del país los investigadores de la agencia ya no cuentan con cobertura médica.
La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología eliminó el 45% del personal y la Agencia I+D+i, el 44,4%. En términos relativos, son los dos organismos del sistema científico en los que pegó más fuerte el ajuste de investigadores y trabajadores.
