El Gobierno decidió poner en venta un edificio que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tiene en la calle Cerviño 3101/67 del barrio porteño de Palermo, con el objetivo de “eficientizar el rol del Estado”. La decisión la argumentó con la Ley Bases para promover la venta de inmuebles pertenecientes al Estado Nacional que ya “no son necesarios” para su gestión. En este edificio, que si bien se desconoce su valor económico, operan oficinas vinculadas a la entidad y sus respectivas fundaciones.
La decisión se dio a conocer a través de una publicación en el Boletín Oficial bajo el Decreto 950/2024, en el que se autoriza a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a disponer, enajenar y/o transferir, inmuebles. En su anexo está el edificio de Cerviño. “En función de las medidas tendientes a eficientizar el rol del Estado, se impone la necesidad de impulsar la venta de inmuebles pertenecientes al Estado Nacional que resultan innecesarios para su gestión”, señala el decreto firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Según los datos del anexo, el edificio tiene 919.10 m2. Adentro funcionan la Fundación ArgenINTA, delegación de INTeA, Dirección Relaciones Internacionales, Dirección Vinculación Tecnológica. En total trabajan en él 140 personas. Este bien edilicio en su interior tiene tecnología, software y hardware de las oficinas que ahí funcionan.
Boletín Oficial
El interés del Gobierno, de acuerdo con las fuentes consultadas, pasa por el “valor económico del edificio”, dada su ubicación y extensión. No se conocen detalles de su cuantía. En ese sentido, dicen que habría un interés de diversas constructoras por hacerse de ese edificio sobre por su ubicación. En los interiores del INTA sostienen que este edificio “no era ocioso”, como se argumenta en el Gobierno.
En este contexto, surgieron versiones de que el edificio tenía una restricción de venta porque había sido cedido al exMinisterio de Agricultura, es decir, que el INTA no tendría el título de propiedad.
Una de las interpretaciones que se hace sobre la reciente salida del expresidente del INTA, Juan Cruz Molina Hafford, que tuvo diferencias con la gestión del Gobierno, es que él buscaba hacer rentable el edificio y hacerlo funcionar para evitar este destino conocido hoy. Por lo tanto, de ser así, el organismo tiene el título de propiedad, contrario a esto no hubiese dejado su silla en medio de versiones por recortes y diferencias con el Gobierno.
El organismo no puede decidir
El Consejo Directivo Nacional del INTA tenía la potestad de decidir sobre los bienes del organismo. No obstante, tras la aprobación de la Ley de Bases, esta otorga derechos a la Agencia Nacional de Bienes del Estado sobre los edificios públicos. Esta ley permite a la agencia gestionar, administrar y disponer de los bienes del Estado, lo que incluye la identificación de inmuebles que no son necesarios para el funcionamiento del Gobierno. Esto puede incluir la venta, arrendamiento o redistribución de edificios públicos.
Cuando se dio a conocer la noticia, al INTA llegó la información de que en el Gobierno planteaban que ese edificio se pudiera “subocupar”. No obstante, de acuerdo con el Boletín Oficial, se trataría de la venta total. En el decreto se indica que la Agencia de Administración de Bienes del Estado impulsará los procedimientos de enajenación de los inmuebles del Estado Nacional objeto de los Decretos Nros. 952/16, 1064/16, 1173/16, 225/17, 928/17, 355/18, 1088/18, 345/19 y 518/19 y de las Decisiones Administrativas Nros. 249/18, 24/19, 317/19 y 610/19 que no hubieran sido enajenados a la fecha de entrada en vigencia del presente.
Reacción de los gremios
Días atrás se reunieron la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Profesionales del INTA (Apinta), quienes rechazaron la decisión del Gobierno. Dijeron que esto pone en peligro el trabajo de estas 140 personas. “De cara a esta nueva etapa de ajuste brutal y agresivo por parte del gobierno nacional y en el marco del estado de alerta y movilización en todo el país en el que nos encontramos, se avanzó en realizar acciones conjuntas. El próximo lunes 28 de octubre a las 13 hs se llevará adelante un abrazo al edificio. En este abrazo simbólico al patrimonio de la institución, rechazamos el desguace que se está emprendiendo y que pone en jaque al personal del organismo y, por lo tanto, ataca de forma directa su compromiso con los productores agropecuarios, con la mejora continua de las condiciones de producción y con el desarrollo integral del país”, indicaron.
El argumentos del Gobierno
En el Gobierno justificaron que se trata de un inmueble ubicado en una de las zonas más caras de la ciudad, con costos propios de esa ubicación. Además, aseguran que la desocupación del mencionado inmueble no es inmediata, y que durante los próximos meses se terminará de definir la reubicación de los funcionarios en sus nuevas oficinas. Según indicaron, el gobierno nacional puso como objetivo inquebrantable mantener el equilibrio fiscal como manera de terminar con la inflación. A su vez, considera vital que el uso correcto de los recursos es esencial para un funcionamiento eficiente de un Estado que se moderniza a través de la desregulación, desburocratización e innovación en las prácticas de trabajo.
El edificio estaba en la lista de enajenación junto a 309 inmuebles distribuidos en todo el país, por considerarse que son mantenidos de manera ociosa y que generan costos y gastos que deben evitarse. Aseguran que esta decisión se trata de una manera de acompañar el esfuerzo que la sociedad civil hace en este momento.
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