El Gobierno finalmente reglamentó la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que prevé multiplicar por cuatro la inversión que realiza actualmente el Estado en la Función Ciencia y Técnica.
Mediante el Decreto 341/2021, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dio el paso definitivo para la instrumentación de la norma, luego de haber sido aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso de la Nación.
“Considerando que la Ley Nº 27.614 declaró de interés nacional el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) de la REPÚBLICA ARGENTINA, por su capacidad estratégica en materia económica, social y ambiental”.
El DNU detalla, entre los considerandos, que el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación dispondrá “un incremento progresivo y sostenido de la inversión del ESTADO NACIONAL en los organismos e instituciones públicos de ciencia y tecnología, por su rol histórico como motor del desarrollo científico, tecnológico y la innovación en la REPÚBLICA ARGENTINA”.
La ley, en su artículo 6º fija los porcentajes mínimos de inversión anual en la función Ciencia y Técnica del presupuesto nacional, hasta alcanzar en el año 2032 una participación del 1% del Producto Bruto Interno (PBI).
El Consejo Interinstitucional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CICYT), que integra el Ministerio de Ciencia y Tecnología, es el principal órgano de coordinación y articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación con el que cuenta la jurisdicción.
La reglamentación de la norma es el paso definitivo, que había comenzado a preludiarse con el diseño del “Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2030, a cargo de la Secretaría de Políticas y Planificación del ministerio que gestiona Roberto Salvarezza.
El DNU confirma que “el primero de los objetivos de la Ley Nº 27.614 es promover la federalización del sistema científico tecnológico a través de la producción, difusión y apropiación del conocimiento científico y tecnológico en todo el territorio nacional, priorizando las zonas geográficas de menor desarrollo relativo”.
Y destaca que, el artículo 8º establece que un porcentaje del incremento anual, fijado en 20%, será distribuido entre las provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES con criterio federal, teniendo como referencia al Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Finalmente, el DNU, que lleva la firma del ministro de Ciencia, Roberto Salvarezza, y el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, destaca: “Apruébase la Reglamentación de la Ley Nº 27.614 de “Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”, que como ANEXO (IF-2021-41726541-APN-SSGA#MCT) forma parte integrante del presente decreto”.
¿Qué se financia con la ley?
El proyecto plantea el escalonamiento de la inversión en la Función Ciencia y Técnica, hasta el 1% del PBI en 2032. La Función Ciencia y Técnica se encuentra integrada en la Finalidad “Servicios Sociales”, del Presupuesto Nacional, y engloba a 17 organismos científicos y tecnológicos, distribuidos en nueve ministerios.
Esos 17 organismos son una parte (la mitad) del total de lo que representa el sector de ciencia y tecnología nacional. Es decir que la Función Ciencia y Técnica representa aproximadamente el 50% de toda la inversión de ciencia y técnica que hace la Argentina.
En ese espectro más amplio, que esta ley no alcanza (pero si impacta), está la inversión que realizan las empresas privadas, por ejemplo, y los cargos de dedicación exclusiva de las universidades.
La Ley, por tanto, plantea incentivar con inversión en un área específica y considerable alcanzada por el sector público, para generar una sinergia en ese resto del sistema científico y tecnológico, pero también en el productivo.
“El objetivo fundamental es establecer un incremento progresivo, constante y sostenido en el tiempo destinado a la Función Ciencia y Técnica por la capacidad estratégica que tiene esta política pública en el desarrollo social, económico y ambiental de la Argentina”, aseguró José Luis Riccardo durante la presentación de la iniciativa en la Comisión de Hacienda.
1% hasta el 2032
Si bien no puede afirmarse que sea un proyecto ambicioso en términos presupuestarios si la escala se compara con los países que iniciaron esta carrera hace muchas décadas atrás, como Israel o Corea del Sur, que invierten en cifras cercanas al 4% del PBI, el dato concreto es que en Argentina la inversión en el sector nunca superó el 0,35%.
Hoy la inversión que realiza Argentina para la Función Ciencia y Técnica, se encuentra en el 0,25% del PBI, (en su mejor época, durante el kirchnerismo alcanzó el 0,35% del PBI) por lo que la iniciativa plantea cuadruplicar la asignación a lo largo de once años, con una cláusula que impide que los recursos año a año sean menores que el año anterior.
En 2012 la inversión total en I+D (pública a nivel nacional y provincial + la inversión privada) alcanzó el 0,63%, monto más alto de la historia.
La tabla de inversión del nuevo proyecto:
2021: 0,28% del PBI
2022: 0,31% del PBI
2023: 0,34% del PBI
2024: 0,39% del PBI
2025: 0,45% del PBI
2026: 0,52% del PBI
2027: 0,59% del PBI
2028: 0,68% del PBI
2029: 0,78% del PBI
2030: 0,90% del PBI
2031: 0,95% del PBI
2032: 1% del PBI
17 organismos científicos y tecnológicos
La iniciativa beneficiaría a todos los organismos de ciencia y tecnología que integran la Función y Técnica y que se distribuyen entre 9 ministerios: La Fundación Miguel Lillo, CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Instituto Nacional del Agua (INA), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MinCyT), el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Servicio Geológico Minero (SEGEMAR), la Administración Nacional de Laboratorios (ANLIS), el Servicio Hidrográfico Naval (SHN), el Centro de Investigación en Tecnologías para la Defensa (CITEDEF), el área de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y el Instituto Antártico Argentino (IAA).
El proyecto se plantea como base de consistencia en financiamiento para la Ley 25467, de Ciencia, Tecnología e Innovación e Innovación productiva, para el corto, mediano y largo plazo.
