El proyecto de ley “ómnibus” enviado este miércoles al Congreso por el Poder Ejecutivo establece en materia de educación superior la propuesta de que “las instituciones de gestión estatal y las universidades nacionales puedan establecer aranceles” para extranjeros no residentes, además de la “evaluación periódica” de los docentes.
La iniciativa modifica en el artículo 553 el artículo 2 bis de la ley 24.521 de Educación Superior que dice que “los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos”.
Según datos de la Secretaría de Políticas Universitarias del ministerio de Educación, los estudiantes extranjeros ya representan un 4% del total universitaria en el país, y el promedio viene en alza.
Arancel
En su lugar, establece que “los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal para todo ciudadano argentino nativo o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país, son gratuitos, quedando prohibido establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa, directos o indirectos”.
Y agrega que “las instituciones de educación superior de gestión estatal y las universidades nacionales en ejercicio de su autonomía, podrán establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos para aquellos estudiantes que no reúnan los requisitos previstos en el párrafo primero”.
También, el artículo 556 de la norma sustituye el artículo 58 de la ley de Educación Superior y dispone que “el aporte del Estado Nacional para las instituciones de educación superior universitaria de gestión estatal se distribuirá en función del número de estudiantes matriculados en cada institución, el tipo de carrera ofrecida, tales como carreras de grado, posgrado y otras, y su área de formación y también el número de egresados y otros criterios que se definan”.
La norma vigente dice que “el aporte del Estado nacional para las instituciones de educación superior universitaria de gestión estatal no puede ser disminuido ni reemplazado en ningún caso mediante recursos adicionales provenientes de otras fuentes no contempladas en el presupuesto anual general de la administración pública nacional”.
El proyecto en su artículo 552 establece que las provincias, “a cuyo cargo se encuentra la gestión de la educación en los distintos niveles, acordarán cada una de ellas en su jurisdicción, las condiciones laborales, el calendario educativo, el salario mínimo docente y la carrera docente”.
117.820 extranjeros eligieron estudiar su carrera de grado o pregrado en una universidad en Argentina según datos de 2021, un país cada vez mejor posicionado para los estudiantes.
118 mil estudiantes extranjeros
Desde 2015, la cantidad de estudiantes extranjeros que eligen carreras de grado o posgrado en la Argentina ha ido en aumento. De acuerdo a las cifras oficiales disponibles, la mayoría de quienes vienen desde el extranjero a estudiar en la Argentina son jóvenes latinoamericanos que valoran la calidad y accesibilidad de la educación argentina, la conveniencia económica con respecto a sus países y la cultura amigable y abierta del país.
¿Por qué crece la tendencia? ¿Cuál es el atractivo de nuestro país para los estudiantes internacionales? ¿Cómo impacta su presencia en el sistema universitario y por qué genera resistencia desde algunos sectores?
Las cifras publicadas en la última Síntesis de Información Estadísticas Universitarias, elaborada por el ministerio de Educación de la Nación, muestran que en 2021 se registró un total de 117.820 estudiantes extranjeros en universidades argentinas sobre un total de 2.730.754 estudiantes.
Esto significa que los estudiantes internacionales representan un 4,3% del total de la matrícula: 4% en las universidades de gestión estatal y 5,5% en las de gestión privada. Si se considera el nivel de estudio, estos alumnos representan el 3,9% del total de los estudiantes de pregrado y grado y el 10% de los estudiantes de posgrado. Los números aumentaron desde 2021.
Estos dos indicadores, el total de alumnos extranjeros y su porcentaje sobre el total de la matrícula, vienen creciendo sostenidamente desde 2015 —el primer año del que hay datos publicados—. En siete años, la cantidad total de estudiantes creció un 32%, mientras que la cantidad de estudiantes extranjeros creció un 103%. En términos porcentuales, este grupo pasó de representar el 2,8% de la matrícula a representar el 4,3%.
En 2021 hubo 117.820 estudiantes extranjeros en universidades argentinas sobre un total de 2.730.754
Evaluación
El artículo 545 incorpora el inciso J del artículo 76 (formación docente, ley 26.206), que propone “evaluar a los docentes que se incorporan a la docencia mediante un examen que certifique los capacidades y conocimientos adquiridos”.
Asimismo, “la evaluación periódica será una condición y un aliciente para poder desempeñarse como docente en el país”.
El texto incorpora el inciso K para “revalidar las capacidades y conocimientos de docentes cada cinco años mediante un proceso de evaluación continua”.
El proyecto presentado esta tarde tiene como objetivo “promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”, dice en su artículo 1.
Emergencia pública
Contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo Nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social, con especificación de las bases que habilitan cada materia comprendida y con vigencia durante el plazo específicamente previsto.
Los propósitos de la iniciativa son “la promoción del derecho fundamental a la libertad individual”. “Los habitantes de la Nación tienen derecho a ejercer sus libertades sin injerencias indebidas por parte del Estado” (inciso a, artículo 2), dispone.
El texto, que abarca una serie de iniciativas contempladas en el DNU que firmó el presidente Javier Milei la semana pasada, fija que el plazo para la emergencia podrá ser prorrogado por el Ejecutivo por el plazo máximo de dos años.
La iniciativa está firmada por Milei, el jefe de Gabinete Nicolás Posse, y todos los ministros, y consta de 183 páginas y 664 artículos.
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