El gobierno de Javier Milei salió a sembrar sospechas de corrupción sobre el sistema científico y académico una vez más, ahora (paradójicamente) a través de su Secretario de Ciencia y Tecnología, Darío Genua.
Genua reclamó, basado en un supuesto informe en una nota de Andrés Kliphan (uno de los alfiles del periodismo que sostiene el plan del gobierno libertario), que las casas de estudio superiores devuelvan fondos por 30 mil millones de pesos que, según la nota del periodista de La Nación, son fondos para financiar agrupaciones políticas y organizaciones sociales de manera encubierta.
El ataque, una vez más esconde el origen de los fondos reclamados, que corresponden a los fondos asignados desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obras y compra de equipamiento científico, mediante los programas “Equipar Ciencia” y “Construir Ciencia“, creados durante la gestión de Alberto Fernández.
Obras aprobadas, frenadas por la devaluación y luego desconocidas
Claro, luego del pedido de Genua, la información tergiversada corrió como reguero de pólvora por los medios de información. Pero, detrás de ese pedido que dejaría en situación crítica a las universidades nacionales (más de lo que lo están desde que asumió Javier Milei), el Gobierno esconde que son fondos ya asignados para compras que estaban en marcha cuando asumió Milei, en diciembre de 2023, y que, por la devaluación del 50% de diciembre de ese año, quedaron suspendidas, debido a que los fondos asignados quedaron insuficientes de la noche a la mañana.
El gobierno libertario asegura que las universidades no rinden ni justifican esos fondos, pero la realidad es que quedaron suspendidas las compras al asumir Javier Milei.
Los programas federales “Construir Ciencia” y “Equipar Ciencia” fueron dos iniciativas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación (MINCyT) durante el gobierno de Alberto Fernández, con el objetivo de fortalecer la investigación y el desarrollo científico en Argentina con una inversión en equipamiento y obras que no tiene precedentes en la historia argentina. Es eso lo que busca atacar la gestión libertaria que ve como un “gasto innecesario del estado” a la ciencia y la tecnología.
Genua reconociendo que se frenaron los fondos:
La mayor inversión en ciencia de la historia argentina
“Construir Ciencia” se enfocó en la infraestructura, financiando la construcción de edificios y espacios científicos, mientras que “Equipar Ciencia” se concentra en el equipamiento, proporcionando fondos para la adquisición de equipos tecnológicos.
Para ello, el país pidió fondos especiales al BID, luego que en 2021 se aprobara la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Esa ley enmarcó la creación de los Programas Federales “Construir Ciencia” y “Equipar Ciencia” y habilitó en 2021 la gestión con el BID con el objetivo de fomentar la infraestructura científica y tecnológica en todo el país, impulsando la radicación de investigadores en las provincias y la federalización del sistema científico.
Ambos programas fueron el corazón de la ley votada por las dos cámaras del Congreso en febrero de 2022, que estipulaba el incremento escalonado de la inversión pública en ciencia y tecnología hasta llegar en 2032 al 1% del PBI (una meta que sólo Brasil cumple en la región Latinoamericana).
Construir Ciencia
El financiamiento del programa Construir Ciencia correspondía a 22 obras de infraestructura científica y tecnológica, con una inversión de $9.900 millones de pesos. Mientras que el Programa Equipar Ciencia, creado con el objetivo de fortalecer la capacidad de investigación, desarrollo e innovación tecnológica de las instituciones científicas con adquisición de equipos tecnológicos pequeño, mediano y gran porte, permitía que cada institución científica estuviera habilitada a solicitar hasta 2.000.000 de dólares, o su equivalente en pesos argentinos, por provincia en la que tenga sede.
Equipar Ciencia
La primera etapa del Programa Equipar Ciencia se anunció en el auditorio del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE – UBA, CONICET) de Ciudad Universitaria. Allí, se expuso la inversión de $7.800 millones de pesos para la adquisición de 167 equipos de mediano y gran porte, en el marco del programa.
En una segunda etapa, se adjudicó equipamiento científico-tecnológico por 8.300 millones de pesos para 207 equipos de mediano y gran porte, en 69 instituciones científico-tecnológicas de las 24 jurisdicciones.
Devaluación libertaria y rechazo a las compras iniciadas
Muchas de las obras se concretaron durante la gestión de Alberto Fernández en la etapa inicial de los programas, pero, cuando asumió el actual gobierno el 10/12/23 devaluó la moneda de $ 400 a $ 820. Todas las compras y obras quedaron suspendidas porque era necesario renegociar las condiciones con los proveedores y constructores.
Las instituciones que habían ganado las convocatorias y estaban haciendo compras y obras empezaron a consultar a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología – SICyT (antes Ministerio) cómo proceder.
En una publicación en redes sociales, el físico e investigador del CONICET, Jorge Aliaga, quien ya se había referido al tema en diversas publicaciones, explicó que “el Gobierno no contestó las consultas ni dio indicaciones sobre cómo proceder hasta el 7/1/25 cuando Jefatura de Gabinete de Ministros publica la Resolución 10/2025. Con una resolución (ni siquiera un decreto) desconocen los convenios que ya habían sido firmados”.
Recién el 9/1/25, con esa Resolución, JGM delega en la SICyT las atribuciones para decidir qué compra de equipamiento sigue y cual muere.
Y fija el plazo para cerrar todas las rendiciones el 30/06/25. El plazo de 6 meses es corto si se debe hacer una licitación, encargar y recibir un equipo que muchas veces es importado, y pagar. Las instituciones solicitaron más tiempo, lo que fue rechazado.
Eso es lo que dice la Resolución 77/2025 del 30/04/25: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324651/20250430
Otro ataque libertario a la generación de conocimiento
Genua, cuya gestión más visible son despidos, cierre de becas, programas de investigación, y ataques constantes en redes sociales al sistema científico y académico, se plegó a las estrategias de agresión y tergiversaciones del gobierno de Milei con un “RINDEN O LA DEVUELVEN”.
El sistema de CyT sufre la misma pérdida salarial de todos los empleados públicos (-30% aprox), no recibe fondos para trabajar (la Agencia I+D+i está paralizada por no tener presupuesto) y es maltratado. Mientras tanto, el Secretario vuelve a poner sospechas sobre el comportamiento de las instituciones y las unidades de vinculación tecnológicas (UVTs) que administran los fondos. Son acciones premeditadas para no ejecutar el presupuesto y cumplir con los contratos firmados por el estado.
