En medio del ajuste al sistema científico más grande de la historia del país, el gobierno nacional definió “nuevos lineamientos” para el sector nuclear, entre los cuales se encuentra la búsqueda de atraer inversiones desde el capital privado y priorizar las exportaciones de tecnología de un nicho que tiene altísimo potencial y “know how” acumulado por décadas de inversión pública.
Hasta ahí, nada está fuera de lo esperable por cualquier gobierno de parte de un sector que puede traccionar altos niveles de exportación, y una muestra es que Argentina logró vender tecnología en medicina nuclear y en reactores, crear empresas privadas y públicas asociadas al sector que operan para abastecer la industria local pero también para exportar y se convirtió en una referencia regional e internacional en un nicho a nivel mundial. Todo eso, manteniendo la inversión estatal año trás año, de manera pendular.
Lo particular es que el discurso del gobierno libertario de buscar exportaciones y atraer inversiones está precedido por una brutal y calamitosa desinversión del sector público y unas ansias de que el mercado venga a reemplazar la inacción y la falta de gestión de los funcionarios que intervienen en los organismos claves del sector, como la Comisión Nacional de Energía Atómica, Nucleoeléctrica y hasta Dioxitek.
Retirar al Estado y después vemos, la política nuclear de Milei
Milei ahora disfrazó el ajuste como si se tratara de “lineamientos de política nuclear”, en un documento de 54 páginas.
El texto, firmado por el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, fue difundido este domingo con motivo de los 76 años de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y establece que las actividades nucleares con potencial comercial deben abrirse a la inversión privada —incluso extranjera— y a asociaciones público-privadas.
El documento fija cuatro objetivos por orden de jerarquía: exportaciones de alto valor agregado, seguridad energética, preservación de la capacidad tecnológica nacional y liderazgo regional con posicionamiento geopolítico.
Ese orden de prioridades marca una ruptura con la filosofía que históricamente orientó el sector, basada en la soberanía tecnológica y el desarrollo estatal de capacidades estratégicas. La nueva doctrina también exige “validación comercial” de los proyectos, “sustentabilidad económico-financiera” y “evaluación de resultados y rentabilidad” como criterios de gestión.
Nápoli ve “un aguantadero” en un sector estratégico
La publicación se produce en un momento de tensión entre el Ejecutivo y la comunidad científica y nuclear. El propio Ramos Nápoli generó polémica al declarar que “el sector nuclear se usó como aguantadero de la política”, frase que fue interpretada como
una crítica al kirchnerismo, pero que cayó mal en un sector que Argentina construyó durante décadas y en el que, junto con Brasil, ocupa un lugar de referencia en América Latina. El sector opera tres plantas nucleares: Atucha I, construida durante el gobierno de Juan Perón; Embalse, durante el de Raúl Alfonsín; y Atucha II, durante el de Cristina Kirchner.
El trasfondo judicial también pesa sobre el área. El exasesor presidencial Demian Reidel, que presidió Nucleoeléctrica Argentina (NASA) entre marzo de 2025 y febrero de 2026, cuando renunció bajo sospechas de irregularidades, fue imputado este mes por la Justicia federal por presuntos gastos personales realizados con tarjetas corporativas de la empresa en el exterior. La causa está en manos del fiscal Ramiro González y el juez Daniel Rafecas.
Privatizar el sector nuclear, el objetivo libertario
En paralelo, el Gobierno habilitó en mayo el inicio de un mecanismo que podría derivar en la venta de activos de la CNEA, lo que despertó nuevas críticas en el sector.
Las fuentes consultadas por medios nacionales señalaron que subordinar la investigación científica a objetivos comerciales podría limitar la capacidad de innovación a largo plazo, dado que muchos desarrollos nucleares surgieron históricamente de estudios sin aplicación comercial evidente.
