El 16 de octubre de 2014, ARSAT-1, el primer satélite de telecomunicaciones fabricado por el Estado argentino, fue enviado al espacio. De esta manera Argentina se convirtió en el primer país latinomaericano en poner un satélite en órbita, el segundo en toda América junto con Estados Unidos y el octavo en el mundo junto a Alemania, Francia, Rusia, Japón, India y China.
El objetivo del satélite es brindar servicios de acceso a internet en lugares remotos, transmisión de datos para el sector público y privado, transporte de señales para canales de TV y televisión digital. Tiene presencia en la Argentina, incluyendo las bases antárticas y las Islas Malvinas, y también en sectores de Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
La empresa es superavitaria, exporta servicios que generan ingresos en dólares, no necesita ni recibe fondos del Tesoro Nacional y cuenta con flujo de caja propia. Sin embargo, el gobierno nacional quiere venderla y busca facilitar el proceso a través de la derogación de la ley de Bienes Culturales en el proyecto “Hojarasca” que se tratará en el congreso en las próximas semanas.
Se trata de una normativa que fue impulsada por Eduardo Duhalde y Miguel Pichetto en 2003 como parte de un acuerdo para blindar al Grupo Clarín frente al acecho de capitales extranjeros que pretendían quedarse con el holding mediático comprando sus deudas en dólares. Entre los argumentos del gobierno, se cuentan “la dudosa constitucionalidad” de la existencia de una norma que impide a un extranjero quedarse con una empresa argentina y la queja por la “restricción a las inversiones”.
Liberar el camino a inversores
El artículo 1 de la ley 25750 estableció el resguardo del “patrimonio antropológico, histórico, artístico y cultural; las empresas dedicadas a la ciencia, tecnología e investigación avanzada que resulten fundamentales para el desarrollo del país; actividades e industrias de relevante importancia para la defensa nacional; y el espectro radioeléctrico y los medios de comunicación”.
Ahora, Javier Milei agita la derogación de esa regulación para liberar el camino de inversores que persiguen la compra de Arsat, entre los que se encuentran el magnate mexicano Carlos Slim, dueño de la telefónica Claro, y el exótico Elon Musk, dueño de Tesla. La maniobra inquietó a los directivos de Clarín, que también pugna por la adquisición de la rentable firma estatal junto a Telefónica y Telecom.
El Gobierno ya había intentado avanzar con la privatización de la empresa con la Ley Ómnibus, pero debió retirarla en medio de negociaciones con los legisladores aliados, y ahora vuelve a la carga. En la actualidad Arsat tiene un conflicto judicial con sus trabajadores, ya que la administración libertaria desconoce los acuerdos salariales del sector de las telecomunicaciones y no pagó los sueldos conforme a las paritarias.
A esto, se suma que no hay nuevos proyectos ni inversiones en sus diferentes unidades de negocios (Satelital, Fibra Óptica, Datacenter y Televisión Digital Abierta). En paralelo, la empresa mantiene abiertos retiros voluntarios, decisión que, ante el conflicto paritario y la falta de horizonte de la empresa, profundiza una constante pérdida del capital humano.
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