Un nuevo proyecto de ley, de dos diputadas del Frente de Todos, propone modificar la composición del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Se trata de una iniciativa presentada por las legisladoras Alcira Figueroa (Salta) y Mabel Caparrós (Tierra del Fuego) que propone achicar la representación en el organismo de los sectores de la agro exportación.
El proyecto establece que el Directorio del INTA deberá conformarse por un presidente, una vicepresidente y seis vocales (un representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; uno del SENASA; uno del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación; uno del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); y dos vocales en representación de las provincias).
Hoy el INTA está conformado por un Consejo Directivo con diez lugares, la presidencia y la vicepresidencia del organismo. En esos espacios están representadas las grandes entidades agropecuarias, asociadas con los sectores de la agroexportación del campo argentino, como la AACREA, FAA, CONINAGRO, la Confederación Rural Argentina y la Sociedad Rural Argentina (SRA), que ocupan cinco de los “cupos”.
Del otro lado, están representadas las universidades, el Ministerio de Agricultura y el Poder Ejecutivo Nacional.
El precio de los alimentos y el medio ambiente, en foco
La representación en el directorio del INTA es un problema respaldado por números reales, y convoca problemáticas tan diversas como el precio de los alimentos que se destina al mercado interno y el uso desmedido de los agroquímicos que ya están generando señales nítidas en los suelos de las provincias más fértiles de nuestro país.
Por eso, si se atraviesa la niebla de las escandalizaciones mediáticas manufacturadas, el macartismo ideológico precipitado y las crispaciones de dirigentes con intencionalidades político-partidarias claras, se observan algunas cifras que permiten distinguir con mayor nitidez el problema.
Hoy, la Agricultura Familiar y Campesina, uno de los ejes del proyecto, es decir, los pequeños productores del campo que producen alimentos para el mercado interno y, por lo general, con un concepto de producción no intensiva y por tanto, con menos implicancia del uso de agroquímicos, no tienen representantes en el consejo directivo del organismo.
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Se trata de los productores que representan el 54% del empleo rural de nuestro país, que engloban al 66% de los productores del campo, y que genera el 80% de los alimentos frescos que consumen a diario los argentinos.
Su lugar en el INTA lo ocupan hace más de 30 años las grandes entidades agropecuarias que se dedican a la agro-exportación, que manejan con criterio internacional el valor de los alimentos (a pesar que sus producciones representan el 20% de lo que llega del campo al consumo, en Argentina), y cuyas decisiones impactan en los precios fuertemente.
Pero, además, se trata de sectores para los que la agricultura intensiva y el uso de fertilizantes son parte de la ingeniería que permite sostener la magnitud de sus volúmenes de producción.
De hecho, estas entidades son las que permitieron la instalación del llamado “modelo Monsanto”, a partir de los años ´90, y que acarreó implicancias climáticas como por ejemplo, la pérdida de nutrientes, como el potasio, en provincias consideradas clave para el modelo agro-exportador, como La Pampa.
El problema de la representación es más grande, cuando se tiene en cuenta que existe una ley, la 27.118, sancionada en 2015, que establece que la agricultura familiar debe tener un cupo de representatividad para los pequeños productores y la agricultura familiar en el organismo, algo que no se cumple, porque esa representación fue ocupada hace 30 años por las grandes entidades rurales.
La representación es, justamente, lo que vienen reclamando hace años los pequeños productores y campesinos, que ocupan un 13% de la tierra cultivable del país, y que las grandes entidades del campo intentan frenar.
¿Que implica el nuevo proyecto?
El proyecto de las dos legisladoras del oficialismo no va a resolver el problema del precio de los alimentos y tampoco va a terminar con el uso de fertilizantes en el campo (si se convierte en ley), pero propone abrir discusiones en espacios institucionales clave, sobre temas actuales y acuciantes, que hoy simplemente no existen.
En si, la iniciativa crea un Consejo Asesor conformado por 2 representantes de las Facultades; 1 representante de las cooperativas de productores; 1 representante de las asociaciones de productores; y 2 representantes de las organizaciones de agricultores familiares.
El texto del proyecto además propone que las personas integrantes del Directorio deberán ser argentinas nativas o naturalizadas, deberán poseer título universitario de carreras afines y la paridad de género, con un cupo de 4 hombres y 4 mujeres, donde el presidente y vice-presidente no podrán pertenecer al mismo género es otra de las propuestas de la legisladora salteña.
También impulsa que quedan excluidos del Directorio funcionarios públicos, con incompatibilidad y conflicto de interés, que hayan sido denunciadas por violencia de género y que hayan sido denunciadas por actos discriminatorios.
El proyecto fue girado a las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y Mujeres y Diversidad, ambas a cargo del oficialismo.
La democratización: un reclamo multisectorial e histórico
Los intentos por modificar el Consejo Directivo del INTA son históricos. La falta de espacios para discutir temas claves como la soberanía alimentaria, los precios de alimentos, la falta de regulación del uso de fertilizantes en la actividad agropecuaria (que trajo implicancias al consumo y la salud en numerosas poblaciones de todas las provincias) y la falta de representatividad de las mujeres, es un reclamo multisectorial e histórico.
Se trata de una reivindicación que es impulsada por sectores ligados al peronismo y que es fuertemente resistida por la coalición de fuerzas que integran Juntos por el Cambio, donde existen incluso legisladores ligados al mercado agroexportador, como Ricardo Buryaile.
Del otro lado, los gremios como ATE INTA, APINTA, pequeños productores, referentes de la agricultura familiar reclaman visibilizar en espacios como el INTA la agenda de problemáticas que les es vedada desde hace muchos años.
Esta falta de representación generó problemas como el sucedido en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el organismo era conducido por Juan Balbín, cuando el Consejo Directivo del INTA determinó (casi) por unanimidad el cierre de tres centros de Investigación en Agricultura Familiar (Patagonia, Noroeste y Cuyo), 25 Agencias de Extensión Rural (AER) y a dos institutos dedicados a estudios sobre políticas públicas, economía y ciencias sociales dentro del organismo.
Esto, que impactó a los sectores que abastecen el consumo interno, difícilmente se hubiera decidido si la representación del directorio hubiese habilitado la representación de los pequeños productores.
Es que la decisión del Consejo, que sólo contó con la oposición de la Federación Agraria en ese momento, apuntó directo a una de las herramientas con las que cuentan los pequeños productores rurales del agro para mejorar su productividad.
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El órgano, que debe representar a todos los actores del campo, en realidad está fuertemente desequilibrado en su composición interna, por el peso que tienen allí los grandes propietarios de tierras que se orientan a la agroexportación.
En ese reclamo se encuentran representadas organizaciones sociales, grupos de campesinos, productores familiares y numerosos sectore del área rural de nuestro país.
Proyectos anteriores
Además de los gremios que nuclean a los trabajadores del INTA, existieron otras iniciativas para modificar la composición orgánica del INTA, como el que llevó la firma de quien es, hoy, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, junto al bloque de legisladores del Frente para la Victoria, Alberto Ciampini, Silvina Frana, Julio Solanas, Daniela Castro, Luis Basterra, Horacio Pietragalla, Mónica Macha, Fernanda Vallejos, Ana Luz Carol, Analía Rach Quiroga, Daniel Filmus y otros legisladores.
La iniciativa proponía tres vocales “en representación de las organizaciones de productores familiares, campesinos e indígenas de alcance nacional, las cuales deben ser miembro del Consejo de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena”.
En la presentación propone la incorporación de tres vocales “en representación de las organizaciones de productores familiares, campesinos e indígenas de alcance nacional, las cuales deben ser miembro del Consejo de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena”.
“Hoy en día, con sus más de 440 unidades, el INTA tiene presencia en gran parte del territorio nacional, siendo un organismo federal por excelencia, estando a la vanguardia en Investigación y Extensión”, fundamentaba el proyecto.
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“La toma de decisiones del Estado junto a la sociedad civil que tiene espacio en el Consejo Directivo Nacional del INTA, se replica dentro de su estructura”, explicaba el escrito.
“De todos modos la composición del Consejo Directivo Nacional se encuentra en falta con una parte de la sociedad civil con que el organismo trabaja. La producción urbana y periurbana (representada en el trabajo de pequeños productores, que se destina en un 80% al mercado interno) son parte del entramado socioproductivo con el cual hoy INTA trabaja, y que comprende a dos millones de productores y productoras”, afirmaba el proyecto.
Es que la Agricultura Familiar “representa un 80% de lo que el campo destina al consumo interno”, le explicaron a Periferia referentes del gremio ATE INTA.
La nueva iniciativa está girada a comisiones. Habrá que registrar, ahora, el consenso parlamentario, para que avance al recinto.
