“Hemos concluido que la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS) debe ser por una ley debatida en el Congreso de la Nación y no otro DNU”, expresó este martes el presidente de la Comisión de Salud y Acción Social, el diputado Pablo Yedlin, luego de la reunión informativa junto a más de una decena de representantes del sistema de salud que debatieron sobre la creación de la Agencia.
Agregó que “el documento que hemos firmado tiene una serie de recomendaciones para la creación de la Agencia que valoramos como iniciativa para que las prestaciones cubiertas consolide un sistema de Salud más justo, eficiente y centrado en las necesidades de la población”.
Para el Gobierno, es vía DNU
La reunión estuvo relacionada con el pasado anuncio oficial que el Ministerio de Salud de Nación creará la Agencia por un decreto de necesidad y urgencia. Ante ello, Yedlin explicó que existen cinco proyectos sobre el tema. “Nos parecía que podíamos colaborar y proponer al Poder Ejecutivo una serie de recomendaciones a partir de los proyectos de ley”, añadió.
Además de recibir aportes del sector se analizaron los proyectos e iniciativas al respecto de los diputados Carlos Cisneros, Daniel Gollán, Mónica Fein y Martín Maquieyra, entre otros, además de pedidos de informes y declaraciones de interés nacional.
Que lo debata el Congreso
En ese marco, expusieron los autores de las iniciativas de ley. En primer término, el diputado de UP Daniel Gollán sostuvo que en su proyecto “la Agencia no está pensada para restringir derechos, al contrario, está pensada para garantizar acceso a los medicamentos”.
“Algunos pensamos que la traba central del acceso a medicamentos es el precio y tenemos sobradas pruebas de que las rentabilidades de estos productos son enormes. Muchos países toman medidas ante esta situación, porque realmente desfinancia los sistemas de salud”, argumentó Gollán.
Por su parte, el diputado Martín Maquieyra (Pro), autor de otra iniciativa, consideró que “el objetivo de nuestro proyecto es intentar sumar orden a nuestro sistema sanitario que viene muy desgastado con las distintas reformas”.
“Nosotros hacemos hincapié en un punto central para la Agencia: cómo lograr transparencia y competencia, cómo generar perfiles técnicos, con prestigio y que sean imparciales. Por eso, lo mejor es que haya concursos, que pueda haber un órgano consultivo para que todo el sistema de salud pueda participar”, manifestó.
La socialista Mónica Fein, también autora de un proyecto sobre la temática, reclamó “más información del Poder Ejecutivo” sobre el posible decreto y propuso “acordar una serie de recomendaciones que una Agencia debería tener”. “Sería muy negativo que solo discutamos el financiamiento, nosotros queremos discutir el concepto de equidad para el acceso a los medicamentos”, añadió Fein.
Acceso a los medicamentos, más allá del financiamiento
En tanto, la diputada Marcela Campagnoli (CC) coincidió en que le parece “preocupante” que el foco de la discusión esté puesto en el financiamiento. “Nosotros tenemos que priorizar que la evidencia sea científica y conforme a estándares internacionales. Necesitamos garantizar el acceso a la salud y, para eso, necesitamos una evaluación científica sobre los medicamentos y los tratamientos”, sostuvo Campagnoli.
Posteriormente, la Comisión escuchó a referentes del área de salud que opinaron sobre la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
Abrió el debate David Aruachan, del Instituto de Investigación Sanitaria de la Seguridad Social, quien señaló que “hay que generar desde esta gran iniciativa una mesa ampliada que permita abrir el debate de la reforma de Salud, pero por consenso”.
“La Agencia va a tener un rol fundamental a la hora de la definición parlamentaria de un montón de cuestiones, que tienen que ver con la salud como un bien social, esto tiene que ser el puntapié inicial para una mesa de discusión ampliada”, dijo.
Por su parte, Rubén Torres, del Instituto de Política, Economía y Gestión de Salud (IPEGSA), destacó que “el objetivo de esta Agencia no es garantizar el financiamiento sino la calidad de los productos que lleguen a todos los argentinos”.
A su turno, Andrés Pichón Riviere, del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), advirtió que este tipo de Agencia “toma decisiones difíciles que no dejan conforme a todos los sectores”. Por eso su “legitimidad y transparencia de origen son vitales” y que “necesitamos que sea por un proyecto de ley”.
Luego Miguel Galmés (Asociación Médica Argentina) advirtió que “para empezar este debate creemos que hay que tener de movida cual será el financiamiento”. Agregó que “la evaluación de tecnología es necesaria para la equidad de la salud y debe ser realizada por personas competentes”. No obstante, indicó que “si vamos a discutir la creación de la Agencia tiene que estar sumado a cómo va a realizarse el recurso de financiación”.
Más adelante Marisa Aizenberg, directora del Observatorio Salud de la Facultad de Derecho de la UBA, expresó que “en el plano legal hay que tener en cuenta las asimetrías, sobre todo en materia ética, el derecho a los accesos y cuáles serían los medicamentos declarados esenciales”. Graficó que el tema “se vincula al aumento de la judicialización en materia de medicamentos de alto precio” y reveló que, en ciertas ocasiones, “es la única forma en que muchas personas pueden acceder a un medicamento para salvar su vida”.
Hugo Magonza (UAS) expresó a su turno que “todos los acá presentes creemos que esta Agencia tiene que existir, pero dentro de un plan de salud nacional”.
También hicieron sugerencias representantes de otras instituciones como ALAPA (Alianza Argentina de Pacientes); de la Asociación Argentina de Medicina; ISALUD; Obra Social de Obras Sanitarias (OOSS); FADEPOF; Unidos por el Cáncer; CAEME y Cadiem.
