Juntos por el Cambio impuso ayer su posición en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados para impedir el avance de un proyecto de Ley que crea un Observatorio para controlar el uso de agroquímicos en el territorio nacional.
Entre los legisladores que se opusieron a la iniciativa se encuentran reconocidos productores agropecuarios como Pablo Torello y Ricardo Buryaile.
Según su autora, la legisladora Daniela Vilar (Frente de Todos), la iniciativa “es un espacio participativo para generar información científica sobre el uso de agroquímicos”, pero, a pesar que estaba a punto de ingresar al recinto para ser debatida, la oposición impuso su bloque e impidió el tratamiento.
El Observatorio Científico Integral de Agroquímicos fue planteado como entidad perteneciente al ámbito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a cargo de Roberto Salvarezza.
Pero el debate se postergó porque la votación terminó con 17 votos a favor y 17 en contra, lo que motivó que la oposición solicitara que el tema vuelva a ser analizado por los asesores de cada partido.
Los legisladores de la coalición Cambiemos objetaron el “apresurado tratamiento y expresaron disconformidad por apurar este debate y no considerar otras urgencias que están en la agenda del sector, como la sequía”. Asimismo, sostuvieron que ya hay otros organismos, como el SENASA, que realizan estas funciones.
Vilar accedió al pedido para evaluar cambios y se decidió convocar a una nueva reunión de diputados para seguir tratando esta iniciativa. El Observatorio Científico Integral de Agroquímicos tiene como objeto generar información pública en base a información científica, nacional e internacional, sobre el uso de agroquímicos y su impacto en el ambiente, la salud y la producción agrícola, agroindustrial y agroalimentaria.
“Esta información estará disponible para los distintos ámbitos y poderes del Estado nacional, en particular el Poder Ejecutivo, los estados provinciales, los municipios y la sociedad en general, a fin de que sea información pública para la toma de decisiones de las autoridades y para conocimiento de todos los habitantes de nuestro país”, sostiene el proyecto que insta a su creación.
“Necesitamos crear este observatorio porque es una temática fundamental para la producción agroalimentaria”, aseguró la diputada Vilar y agregó que entiende que el uso de agroquímicos impacta en la salud y el ambiente “pero no se sabe ni cómo ni cuánto” y por eso propone la generación de información científica (Informes, estadísticas y mapas de acceso público para describir estado de situación).
Dentro de la bancada oficialista, la diputada recibió el apoyo de Alicia Aparicio (FDT-Buenos Aires) y Pablo Carro (FDT-Córdoba), quien lo comparó con el acuerdo de Europa para reducir el uso de agroquímicos.
El argumento de la burocracia
Sin embargo, los legisladores de la oposición impusieron su número en la votación e impidieron el avance del proyecto al recinto. Pero, lo más destacado es que el argumento, proveniente de legisladores directamente vinculados con la producción agropecuaria como Ricardo Buryaile (UCR-JxC), fue que genera estructuras burocráticas nuevas e innecesarias.
El primero en expresar su disconformismo fue Pablo Torello (PRO-Buenos Aires), quien también es productor agropecuario. Entre las observaciones que listó, remarcó la duplicación de atribuciones, ya que el Observatorio realizará actuaciones que ya están comprendidas en la Ley de sanidad animal y vegetal. “Es una estructura burocrática nueva, paralela al Senasa”, criticó.
También se refirió al diseño institucional y objetó que el Director sólo pueda contar con experiencia pública, vedando la actividad privada y que el Consejo directivo no contemple la participación de actores privados. ?Los privados solo pueden estar en el Consejo Asesor, pero sin atribuciones federales?, lamentó.
Asimismo objetó las definiciones: “No hay coincidencia entre lo que se define y se regula” y planteó que, idealmente, el observatorio debería depender del Ministerio de Salud, de Agricultura o, incluso, de Ambiente.
“En un momento de pandemia y crisis económica no es momento de crear este Observatorio. Es demasiado apresurado intentar dictaminar hoy”, afirmó.
“Estado ciego”
Luego, Gisela Scaglia (PRO-Santa Fe), consideró que se estaría generando una nueva estructura del Estado y consultó por el presupuesto del observatorio. Asimismo, cuestionó que se estaban dejando de lado temas centrales para el sector como la sequía o la inseguridad. “Me da vergüenza estar en esta comisión y no haber tratado los ataques a silobolsas”, dijo.
Por su parte, Ricardo Buryaile (UCR-Formosa) también apuntó a que “el Senasa ya cumple esa función de garantizar inocuidad de los alimentos” y consideró que las falencias del organismo sanitario responden a un tema presupuestario.
“Siempre le queda corto el poncho”, dijo, a pesar de la calidad extraordinaria del organismo. Por eso solicitó invitar al Presidente del Senasa y representantes del Ministerio de Agricultura para conocer su opinión.
Desde la oposición también habló Atilio Benedetti (UCR-Entre Ríos): expresó que “lo que abunda puede dificultar el funcionamiento normal del Estado”. Reconoció que es necesario generar información pública de calidad, pero consideró que existen “todas las herramientas en el Estado Nacional para llevar adelante esta tarea”, a través de organismos como el Senasa, el Inta, el Inti y el Conicet.
En la misma sintonía, Javier Campos (CC ARI-Buenos Aires) repasó una serie de Observatorios creados en el último año, de diferentes temáticas y se quejó: “¿El Estado está ciego?”. Para terminar dijo que el problema es que se busca observar, pero no gestionar, y volvió sobre el solapamiento del Observatorio sobre el Senasa.
Nueva reunión
La respuesta de Vilar fue que no se busca solapar las funciones con Senasa, sino crear un organismo de participación pública, con la incorporación de la ciudadanía en los espacios estatales, que genere un diagnostico científico para luego regular una política general de agroquímicos.
Así fue que, al momento de votar, ante el empate de 17 votos favorables y 17 en contra, la autora de la iniciativa accedió a tomar algunos de los cambios propuestos.
El titular de la Comisión, José Ruiz Aragón (FDT-Corrientes) avaló la decisión y oficializó que se estaría convocando a una nueva reunión, en aproximadamente 15 días, para considerar nuevamente el proyecto y avanzar en su dictamen, con posibilidad de incluir otras iniciativas, con acuerdo, como la ley de warrants y fertilizantes
