Desde que se conoció la posible designación de Mauricio Bisauta en la presidencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el desconcierto y el rechazo se hizo público entre buena parte de los trabajadores y profesionales del organismo científico y tecnológico.
Es que su figura está fuertemente marcada por el rol que tuvo en el proceso de achicamiento de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), ubicada en la provincia de Neuquén, durante el gobierno de Mauricio Macri.
Pues bien, Bisauta, durante ese período, tuvo dos cargos, como gerente de empresas asociadas de la casa, y presidente y vicepresidente de ENSI (Empresa Neuquina de Servicios Industriales), la empresa mixta con que la CNEA y el estado neuquino administran esta unidad productiva.
El gobierno de Neuquén tiene un 51% de ENSI, pero CNEA, con el 49%, tiene el 100% de la propiedad de la planta y domina su tecnología, lo decisivo.
La PIAP, una de las insignias del desarrollo nuclear de nuestro país, abastece del material refrigerante para las centrales de Atucha I, II y Embalse, un insumo crítico y fundamental que permite que el sector siga manteniendo un porcentaje cercano al 6% del abastecimiento total de la energía que consumimos, a diario.
Pero, Bisauta es una figura clave en el proceso caracterizado por el desarme que sufrió la PIAP, durante la gestión Cambiemos. Es que su gestión se vio marcada por el congelamiento de sueldos para los trabajadores de la planta desde 2017 y el despido de 380 profesionales, ingenieros, especialistas, científicos, investigadores y trabajadores asistentes.
Así, los reclamos y cortes de ruta para pedir por recomposición salarial, recuperación del plan nuclear y reactivación del acuerdo con China para construir Atucha IV y V, fueron una postal de la gestión que tuvo Bisauta al frente de la Planta Industrial de Agua Pesada.
La PIAP
La PIAP, con una capacidad de producción de 200 toneladas al año, se encuentra bajo la órbita de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), creada durante la presidencia de Perón en el año 1950, para la coordinación de las investigaciones y el desarrollo de la energía atómica en nuestro país.
Es la más grande del mundo de su tipo e integra una de las 5 empresas (PIAP, INVAP, NA-SA, CONUAR, DIOXITEC) que absorben y contienen el capital científico, tecnológico y profesional que el sector le aporta a Argentina.
Sin embargo, durante los años del gobierno de Mauricio Macri, y tras la caída del acuerdo con China para construir Atucha IV y V, la planta sufrió un fuerte ajuste presupuestario y un proceso de retiros voluntarios que redujo la planta de trabajadores de 460 a 80.
Y el rol de Mauricio Bisauta en ese período, como figura que le permitió al macrismo avanzar con el achicamiento de uno de los activos tecnológicos nacionales más importantes del país, fue central.
La PIAP, incluso, debió transformar su estructura de servicios y reconvertir funciones por no utilizar la mayor parte de su capacidad tecnológica instalada para abastecer a las centrales nucleares nacionales, sino al sector petrolero, en gran parte.
La empresa, propiedad del gobierno de Neuquén y administrada por la ENSI (Empresa Neuquina de Servicios Industriales), obligó, así, a los profesionales de la planta a redirigir sus funciones, y puso en riesgo el capital científico y tecnológico que tiene en la actualidad.
¿Bisauta, a la presidencia de la CNEA?
A pesar de su pasado, tras 4 meses de indefiniciones, la Secretaría de Energía sugirió como presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) al Ing. Mauricio Bisauta.
Fue por eso que gremios como ATE-CNEA (la filial de la Asociación de Trabajadores del Estado, que nuclea mayormente a técnicos y administrativos) y la APCNEAN (la Asociación de Profesionales de la CNEA y las empresas nucleares) salieron a manifestar su rechazo de manera unánime.
Desde el sector nuclear afirman que los daños que se infligió a la PIAP, durante la gestión de Bisauta, entre 2018 y 2019, “van a tardar años en repararse, y no hay garantía de que se pueda”.
La importancia geopolítica del Agua Pesada
El Agua Pesada tiene un valor de mercado de entre U$ 800.000 y 1,2 millones la tonelada de acuerdo a quien cotice y es un insumo dual, pero en realidad no se consigue.
En las Atuchas I y II, y en Embalse, Córdoba, ese líquido sirve para que las centrales funcionen. Ocurre que en los 10 países con armamento nuclear, el agua pesada sirve para irradiar con neutrones el uranio natural, mayormente isótopo 238, para obtener plutonio 239, la base de la bomba atómica más rendidora y barata.
Esa es, en parte, la justificación de la hostilidad que las cancillerías estadounidense y británica tienen respecto a que la Argentina produzca su propia agua pesada, y peor aún, que la exporte.
En tal sentido, los países armamentistas buscan que todo lo fabricado en la PIAP, ya sea empleado aquí o vendido afuera, quede bajo la contabilidad del Organismo Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas, que hace décadas certifica nuestro uso pacífico.
Para EEUU los países que usan centrales de uranio natural (Argentina, China, Canadá, la India, Pakistán, Corea, Rumania) son un mal ejemplo. Peor aún, Argentina es la única dueña de centrales que no fueron construídas con máquinas estadounidenses.
Pero, además, el país exporta reactores de investigación a Perú, Argelia, Egipto, Australia, Holanda y Arabia Saudita, y en los primeros 4 países se barrió con la competencia estadounidense. Dicho de paso, nuestros reactores de investigación también usan agua pesada, aunque menos que una central nucleoeléctrica.
Si Argentina no tuviera agua pesada propia, no tendría centrales, no exportaría reactores y no habría un Programa Nuclear y, debería importar tecnología “llave en mano” de centrales ajenas, probablemente estadounidenses.
“La Argentina sin agua pesada funcionará mal”, dicen los sectores que se oponen a la designación de Bisauta al frente de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Es que las tres centrales nucleares argentinas producían apenas el 6% del consumo eléctrico, pero eso durante la larga recesión macrista y con poco consumo. Dueña entonces de sólo 2 centrales, una de ellas minúscula (Atucha I), durante la primera reactivación económica del presidente Raúl Alfonsín, la CNEA generaba hasta 15% de la electricidad circulante.
Si con la población actual la industria nacional resucitara como lo hizo a partir de 2003, necesitaríamos mínimamente duplicar nuestra capacidad nuclear instalada para no vivir entre apagones.
Es por eso que, en 2015, el gobierno de Cristina Fernández iba a añadir dos plantas más, una CANDÚ nacional con agua pesada de 660 megavatios y una Hualong-1 china de 1160.
Ello resultaba lo mínimo necesario para que no se apagara la luz debido al crecimiento demográfico, aunque el consumo industrial se venía amesetando.
La demanda eléctrica domiciliaria es fluctuante y parte de ella puede cubrirse con energías intermitentes como el viento y el sol. Pero una industria que funcione 24 horas, los siete días de la semana con alto volumen de ocupación de su capacidad instalada, necesita mayor potencia.
