Científicos, tecnólogos y, actualmente, funcionarios del actual ministerio de Ciencia y Tecnología que conforman el Grupo “Ciencia y Técnica Argentina” se posicionaron a favor de la explotación offshore de petróleo y gas en las costas bonaerenses.
“Ciencia y Técnica Argentina” reúne a referentes históricos del sector de ciencia y técnica, entre los que se encuentran, por ejemplo, la actual presidenta del CONICET, Ana Franchi, el director de Y-TEC y ex ministro de Ciencia y Tecnología del actual gobierno, Roberto Salvarezza, y funcionarios de la actual cartera de ciencia y tecnología como Juan Pablo Paz y Diego Hurtado, entre otros.
El documento titulado “LA EXPLOTACIÓN PETROLERA Y SUS RIESGOS. Energía, desarrollo y pobreza”, está firmado por Adrián Paenza; Adriana Serquis; Alberto Kornblihtt; Ana Franchi; Andrea Gamarnik; Andrés Kreiner; Carolina Mera; Cristina Carrillo; Diego Hurtado; Dora Barrancos; Eduardo Dvorkin; Félix Requejo; Graciela Morgade; Hugo Aimar; Jorge Geffner; José Paruelo; Juan Pablo Paz; Marcelo Ruiz; Marcos Vaira; Marisa Herrera, Mirta Susana Iriondo; Noé Jitrik; Osvaldo Uchitel; Roberto Salvarezza; Rolando González-José.
Allí plantean como “falsas disyuntivas” las fijadas entre desarrollo productivo y cambio climático, en torno a la explotación de gas y petróleo, que se generó con el avance del proyecto para instalar una plataforma offshore a 400 kilómetros de las costas de la ciudad de Mar del Plata.
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“En la realidad del cambio climático y la pérdida de biodiversidad que amenazan al mundo, y la imperiosa necesidad de encararlos como problema planetario, el avance tecnológico es un instrumento decisivo cuyos resultados son clave para el cuidado del ambiente y la producción de bienes”, afirma el documento.
El grupo de científicos y científicas que hicieron de “think tank” de las actuales políticas del área de ciencia y técnica, y que durante el gobierno de Mauricio Macri visibilizó las consecuencias del ajuste económico que padeció el sistema científico, sostuvo que Argentina se comprometió ante foros internacionales a cumplir con las metas de reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
“Argentina que, como muchos otros países emergentes y en vías de desarrollo, es en realidad un acreedor de los depredadores ambientales históricos que han degradado el ambiente durante décadas sin asumir sus responsabilidades, atentos a la construcción y consolidación de su poderío económico por sobre cualquier otra consideración”, afirma el documento, y sostiene que “esos depredadores nada dicen hoy a la hora de viabilizar la transformación de las matrices energéticas de los países que menos tienen y que esforzadamente intentan salir de la pobreza y, en cambio, como único programa, apelan a la comunidad internacional en forma de más deuda y condicionamientos, en humillantes hipotecas del futuro”.
Con eje en la energía y la soberanía
El documento sostiene que el debate sobre avanzar o no en la exploración de nuestros recursos de gas y petróleo “es crucial” porque hace al futuro de un país cuya limitante más importante para su desarrollo social y productivo es la energía, o mejor dicho la insuficiente energía así como sus costos de producción, transporte y distribución.
“Nos revela la necesidad de debatir en profundidad en la búsqueda de consensos que contemplen las tres dimensiones del concepto de sostenibilidad: la ambiental, la económica y la social”, afirman y destacan como “posiciones extremas” a las de los ambientalistas que cuestionan el proyecto “sin contexto socioeconómico y un desarrollismo indiferente al cuidado del ambiente”.
“Creemos que la resolución de nuestra ecuación ambiental descansa sobre el peso relativo de las distintas variables que entran en juego en nuestra realidad, fundamentalmente la defensa de la soberanía y la sostenibilidad del sendero de desarrollo, pero también la pobreza y la desigualdad, cuyos rasgos no son sin duda los mismos que enfrentan los países centrales en ninguno de los dos casos”, destaca el documento que firman referentes como Adriana Serquis, la actual presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
La ampliación de la plataforma continental
Los científicos y científicas afirman sobre la ley del año 2020 en la que 1.7 millones de kilómetros cuadrados de plataforma continental se adicionan a las 200 millas tradicionales en las que posee exclusividad económica y sostienen que ello “abre muchas posibilidades”. “Fue un trabajo de más de 20 años con el aporte científico y de organismos del estado nacional a través de la “COPLA” que estableció en forma precisa los límites de la plataforma continental. En este enorme territorio incorporado poseemos derechos soberanos sobre los recursos del lecho marino y su subsuelo, minerales e hidrocarburos”, consideran en el documento.
Las otras acciones y leyes que destacan los investigadores son “PROMAR”, la iniciativa “Pampa Azul” y la ley de Soberanía Hidrocarburífera, “que se complementan con la recuperación de YPF para el Estado”.
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“Todas estas iniciativas tienden a afianzar nuestra soberanía en una zona de disputa geopolítica y en particular en el conocimiento y explotación de los recursos energéticos que posee nuestro mar. En este contexto ¿cuál sería la razón que invocan quienes se oponen a que se emprendan exploraciones destinadas a establecer la magnitud de los recursos existentes?”, consideran.
Sobre el impacto sísmico de la exploración marina
El Grupo CyTA salió a responder a los cuestionamientos que plantean que existe un impacto negativo vinculado con la exploración sísmica en el hábitat marino.
“Por primera vez en nuestro país, un Ministerio de Ambiente interviene en el proceso de análisis del Impacto Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental con el objeto de garantizar que el efecto sobre el hábitat marino sea mínimo”, responden y argumentan que “entre 2010 y 2020 se ha realizado exploración sísmica en más de 300 mil kilómetros cuadrados, sin que se hayan registrado daños en la fauna marina, como se refleja en el continuo aumento de la población de la ballena franca austral documentado año tras año por los científicos y científicas del CONICET”.
Es que éstas ballenas no crían ni se reproducen en las áreas previstas de prospección, áreas que solamente son empleadas como zonas de tránsito.
La contaminación visual y el derrame en las playas
Por otro lado, le apuntan a los cuestionamientos sobre los posibles impactos de la actividad de exploración y riesgos asociados a la eventual explotación, que incluyen la presencia de petróleo en las playas o la contaminación visual.
“Los especialistas en el estudio de las corrientes oceánicas consideran altamente improbable que un derrame producido en estas áreas localizadas a 300-400 km de la costa bonaerense alcancen sus playas simplemente porque el movimiento de las corrientes es paralelo a la costa, con dirección predominante Norte”, sostienen.
“Por otra parte ¿puede ignorarse que Argentina explota offshore desde hace más de 50 años en la cuenca Austral?7 En ese período se han realizado alrededor de 200 pozos exploratorios y de producción y hoy 36 de ellos proveen el 17% del total de la producción de gas de nuestro país. La CONAE, a través de imágenes satelitales, controla diariamente la actividad offshore informando a las autoridades. No se han registrado hasta el presente situaciones significativas. Este control no sólo es fundamental para garantizar la seguridad de la explotación con la alerta temprana y la activación de planes de mitigación en caso de verificarse un derrame, también es una garantía de seguridad y un motivo de orgullo para la sociedad argentina, por ser parte de nuestro sistema científico tecnológico, propio y soberano”, apuntan en el documento.
¿Argentina incumple su compromiso internacional?
El Grupo CyTA apunta contra otro de los ejes de la discusión y afirma que el gas natural “contamina menos que los combustibles líquidos y mucho menos que el carbón”.
En relación con esto sostienen que “cuando nuestras usinas térmicas carecen de gas, y eso ocurre con frecuencia, el país importa gasoil o fueloil para que estas centrales puedan seguir funcionando. Esto genera un doble daño: se emite el 40% más de dióxido de carbono y se genera un mayor drenaje de divisas por las importaciones. En este sentido, la Comisión Europea está proponiendo al Parlamento Europeo que se considere positivas las inversiones en gas natural y energía nuclear; el gas natural es considerado el camino más adecuado y económico para llegar en el corto plazo a la economía del llamado hidrógeno azul que se produce mediante el “reforming” del gas con la posterior captura, almacenamiento o transformación del dióxido de carbono en productos de mayor valor”.
“La explotación de los recursos no convencionales también fue en su momento una apuesta importante desde lo tecnológico en relación con lo ambiental pero una década después de esta alternativa no hay duda de que se ha logrado sostener y aumentar la producción de gas y compensar el continuo declive de los recursos convencionales. Sin esa decisión Argentina enfrentaría hoy un escenario energético muchísimo más complejo, con mayor dependencia de la importación de recursos energéticos y su principal consecuencia: aumento de la pobreza”, consideran en el documento.
“Es oportuno también reconocer que muchas de las tecnologías que aparecen como alternativas enfrentan desafíos ambientales. La explotación del litio implica evaporación de enormes cantidades de agua y algunos materiales utilizados en los cátodos de algunas baterías son contaminantes y la producción de hidrógeno también conlleva la utilización de grandes cantidades de agua, tema que se discute en países que poseen escasos recursos hídricos”, destacan.
Impacto científico y productivo
Otro eje de los argumentos en favor del proyecto es que la explotación de los recursos no convencionales recurre al caudal de conocimientos que reside en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que impulsó la emergencia y desarrollo de numerosas pymes locales “que hoy dan trabajo de calidad”.
“Mientras se fortalece la producción de gas natural, que hoy constituye más del 50% de nuestra matriz energética, un propósito necesario es continuar aumentando la contribución de energías renovables (eólica y solar, hidroeléctrica y bioenergía), tal como lo señalan diversas organizaciones ambientalistas” destacan, y sostienen que, “si bien estas fuentes de energía han avanzado en los últimos años hasta llegar en 2021 al 13 % del total, aún estamos lejos del 20% comprometido para el 2025. La energía eólica es la que más ha crecido y como ejemplo vale mencionar que YPF-Luz opera ya tres parques eólicos y proyecta aumentar su participación en energía solar”.
“También es necesario avanzar en el desarrollo de las tecnologías asociadas al hidrógeno como vector energético del futuro y al litio, del cual disponemos amplios recursos que pueden ser utilizados ya sea para vehículos eléctricos como para almacenar energía eólica o solar. Los recursos generados por la explotación de nuevos reservorios offshore deben ayudar a financiar esta transición en la cual nuestro país se encuentra comprometido”, afirman los investigadores y aseguran que “nadie ignora que la indispensable transición energética requerirá varias décadas en las cuales el gas y el petróleo seguirán siendo importantes y muchos países que hoy se presentan como líderes en la lucha contra el cambio climático, sin embargo, continuarán explotándolos por mucho tiempo”.
Desde el Grupo CyTA destacaron la labor de las organizaciones ambientalistas “que contribuyen genuinamente a concientizar a la sociedad acerca de los efectos sobre el ambiente que resultan de la explotación indiscriminada de los recursos naturales”, y afirman que “muchas de ellas surgen de sólidas trayectorias históricas en defensa del ambiente, y cuentan con amplio respaldo popular”, por eso concluyen en el documento que “el Estado y las organizaciones ambientalistas deben ser socios en la búsqueda de soluciones para un desarrollo que contemple la realidad y las prioridades de nuestro país”.
Por último consideran que “es momento entonces de que la sociedad argentina sortee la falsa antinomia entre desarrollo y ambiente, y destine sus esfuerzos y respaldos a una explotación soberana y ambientalmente responsable de nuestros recursos naturales”.
El Grupo CyTA está integrado por Adrián Paenza; Adriana Serquis; Alberto Kornblihtt; Ana Franchi; Andrea Gamarnik; Andrés Kreiner; Carolina Mera; Cristina Carrillo; Diego Hurtado; Dora Barrancos; Eduardo Dvorkin; Félix Requejo; Graciela Morgade; Hugo Aimar; Jorge Geffner; José Paruelo; Juan Pablo Paz; Marcelo Ruiz; Marcos Vaira; Marisa Herrera, Mirta Susana Iriondo; Noé Jitrik; Osvaldo Uchitel; Roberto Salvarezza; Rolando González-José.
