En Río Tercero, provincia de Córdoba, se firmó el acta de adhesión para crear la Universidad Nacional de Río Tercero. El proyecto fue impulsado por el municipio cordobés, a cargo del intendente, Marcos Ferrer, y por la diputada nacional riotercerense, Gabriela Brouwer de Koning.
En el proyecto, reclaman “la reparación histórica” para la comunidad de esa localidad, con motivo del atentado a la Fábrica de Armamento militar ocurrido el 3 de noviembre de 1995.
Un proyecto a hombros de gigantes
La iniciativa tiene un apoyo sólido de universidades nacionales históricas y con gran peso al interiordel Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
De hecho, del encuentro participaron autoridades de la Universidad Nacional de San Luis, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Jhon Boretto; el Vicerrector de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), Emiliano Jacobitti; el rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), Pablo Domenichini, el secretario general de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Adrián Bollati y representantes de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA).
Córdoba avanza con la creación de una nueva universidad nacional, en Río Tercero
Consultado sobre su participación, el secretario General de la UNSL destacó que es de gran importancia que la Universidad se exprese a favor del proyecto de creación de la Universidad Nacional de Río Tercero. En este sentido, resaltó que el proceso de deterioro que sufrió la comunidad de esa comuna a partir del Atentado del 3 de noviembre de 1995, debe ser reparado con acciones concretas, como lo es garantizar el derecho al acceso a la Educación Superior de sus habitantes. Por otro lado, dadas las oportunidades de desarrollo cientifico y tecnológico que la region podría tener, es importante contar con un mayor aporte de profesionales especializados en actividades demandadas en esa Region del Interior Cordobés y de la Nación.
«Con relación al primer aspecto, no es solo una manifestación política, sino que constituye una obligación como comunidad universitaria de abogar por una sociedad con memoria y Justicia, frente a hechos tan aberrantes que sufrieran las personas de Río Tercero en 1995», sostuvo.
