Dos de los proyectos que el Gobierno nacional considera claves para el 2022 y que serán tratados en sesiones extraordinarias durante el verano, junto a un temario extenso de iniciativas con las que el Ejecutivo planea iniciar el año, son los proyectos de ley de Hidrocarburos y de Electromovilidad.
Ambas iniciativas apuntan directo al sistema nacional de ciencia y tecnología a través de una de las empresas de base tecnológica insignia de Argentina: Y-TEC, perteneciente al CONICET e YPF.
La empresa, que hoy preside el ex ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza, es uno de los puntos de conexión entre el sector energético nacional y el sistema nacional de ciencia.
De hecho la llegada de Salvarezza, que administró un área clave de batalla contra el avance de la pandemia, con soluciones diversas en investigación y tecnología, marca que tanto la transición energética como la industria hidrocarburífera tienen volumen en la agenda del Ejecutivo para los años que siguen.
En un marco de paridad entre las fuerzas políticas que integran el parlamento, el oficialismo busca establecer acuerdos y negociar consensos con otras fuerzas políticas de la oposición.
El Plan Plurianual, la ley de Hidrocarburos, Agroindustrial y Electromovilidad, se debatirían entre finales de enero y las dos primeras semanas de febrero, según las fuentes parlamentarias.
La decisión del Ejecutivo fue confirmada el jueves pasado por la portavoz Gabriela Cerruti, quien dijo que “en algún momento del verano” el Gobierno va a “convocar a extraordinarias”. “Ya lo habíamos anticipado y vamos a trabajar el Plan Plurianual en ese momento. Probablemente será en los primeros meses del 2022”, anticipó Cerruti.
Junto a este paquete de leyes también estiman que podría ingresar a debate la reforma del Consejo de la Magistratura, luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucional a la actual composición del órgano -que se encarga de elegir, castigar y remover jueces-, y le encomendara al Congreso dictar otra ley. Además, podrían ingresar en la agenda oficial la ley de Industria Automotriz.
La ley de hidrocarburos y el rol de Y-TEC
Las dos normas, Hidrocarburos y Electromovilidad, afectan al desarrollo científico-tecnológico interno puesto que aspiran a generar beneficios para la consolidación de un mercado de producción que va directamente ligado a la innovación energética.
Con la ley de Hidrocarburos el Gobierno aspira a promocionar las inversiones en el sector concentrado en el desarrollo de Vaca Muerta, en Neuquén. El texto del proyecto de ley, cuyo tratamiento no resultó en 2021, crea una serie de herramientas e incentivos regulatorios para toda la cadena del sector de hidrocarburos.
Allí, juega como actor fuerte YPF, y su empresa de base tecnológica Y-TEC (que integra, además, el CONICET) en el proceso de generar innovación para apuntalar el ingreso de capitales en Vaca Muerta y otros campos petroleros durante los próximos años.
Fernández terminó de dar luz verde al texto, que por ahora permanece bajo siete llaves en un pequeño grupo del Poder Ejecutivo. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner también está alineada en esa última versión.
El Gobierno ya le explicó a representantes de empresas petroleras – PAE, Tecpetrol, Chevron, Shell y ExoonMobil, entre otras – los principales puntos del proyecto, que apunta como primer objetivo a incrementar la producción de petróleo, con vistas a generar mayores saldos exportables que se reingresen al país en forma de dólares.
La ley de Hidrocarburos se presentó en junio como una pieza ambiciosa que incluye unos 100 artículos y crea distintas herramientas y categorías para re-organizar y promocionar el funcionamiento del mercado de hidrocarburos en el país. La traba para su tratamiento se dio en cuanto a la regulación impositiva de provincias petroleras.
De hecho, cuando se presentó el proyecto, se dio sin intervención ni participación de las provincias agrupadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi). Otro de los puntos que generó el rechazo de las provincias es que aseguran que la iniciativa beneficia a las grandes petroleras y no a las pymes de la región.
La ley de electromovilidad
El otro proyecto que está en la mira del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación es el de electromovilidad. De hecho la agenda del CONICET, el Ministerio y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) para 2022 (y para 2030) tiene uno de sus ejes en las energías alternativas.
En abril de 2021, la cartera abrió un ciclo de encuentros para debatir la agenda pública con eje en “Nuevas tecnologías para la transición energética. La movilidad sustentable: oportunidades y desafíos en las cadenas de valor del litio y el hidrógeno”.
El primero de los ejes de este encuentro estuvo dedicado a la movilidad sustentable, y fue organizado por la Unidad de Vinculación Tecnológica “InnovaT”, perteneciente al CONICET y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).
En el encuentro para debatir la ley de movilidad sustentable estuvieron presentes, además, el Ministerio de Desarrollo Productivo, el INTI (que integra la cartera productiva), la Universidad Nacional de La Plata, la Cámara Argentina de Vehículos Eléctricos y referentes del mundo empresarial relacionado con la electromovilidad.
La iniciativa de régimen de fomento a la movilidad sustentable, las nuevas herramientas de financiamiento y las oportunidades concretas de vinculación tecnológica fueron de los temas que se incluirán.
El proyecto oficial se propone integrar la mayor cantidad de componentes nacionales para la producción de buses eléctricos, entre los cuales podrían destacarse las baterías de litio. Para analizar la viabilidad técnica y económica, en febrero InnovaT reunió a los asesores gubernamentales con los principales referentes del sector científico y de la industria nacional relacionada.
Sólo dentro del CONICET, el país cuenta con 170 investigadores e investigadoras que tienen al litio entre sus líneas de investigación, de los cuales, alrededor del 60 % están relacionadas con el desarrollo de baterías recargables. Desde 2013, por otra parte, la Fundación InnovaT administra 7 convenios relacionados con la posibilidad de producir baterías de litio en Argentina. Sin embargo, tanto la explotación primaria de litio (que ya lleva más de dos décadas en el país), como las investigaciones científicas relacionadas al litio y la industria nacional, permanecen desde entonces y hasta hoy totalmente desvinculadas entre sí.
En términos generales, el plan consistirá en la implementación de un sistema de incentivos a la inversión productiva para desarrollar buses eléctricos en el país con la mayor cantidad posible de componentes nacionales.
En este caso, las provincias del NOA son las que plantearon objeciones sobre la iniciativa puesto que se amparan en la Ley de Recursos Naturales para impedir que el Estado Nacional tome medidas de injerencia sobre recursos que le pertenecen a las provincias.
Hoy proliferan los acuerdos entre las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca con grandes empresas internacionales para extraer el litio crudo, algo que deja beneficios (escasos, si se lo compara con un proceso industrializador) en el corto plazo a las provincias del NOA, que buscan exportar crudo el mineral.
La ley de electromovilidad plantea un escenario distinto, puesto que apunta a generar un proceso de industrialización ligado a la producción y desarrollo de baterías de litio en el país (que es lo que hacen las empresas internacionales que negocian con el NOA para llevarse el mineral crudo), y en esto también está incluida Y-TEC, la empresa de base tecnológica de YPF y el CONICET, que desarrolla una planta piloto, junto a la Universidad Nacional de La Plata.
