La Justicia confirmó hoy la medida cautelar que ordena al Poder Ejecutivo Nacional cumplir con la Ley N.º 27.795 de Financiamiento Universitario, restituyendo su plena vigencia, en respuesta al recurso judicial presentado por los rectores que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en reclamo para que el gobierno nacional cumpla la ley vigente de financiamiento universitario.
La decisión judicial es un revés para el gobierno de Javier Milei en medio de la disputa con las universidades nacionales porque avala el reclamo de las casas de estudios superiores.
“Mediante resolución del 23/12/2025, el señor juez titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal
N° 11 admitió la medida cautelar solicitada por la parte actora, y declaró inaplicable, respecto a la ley 27.795, lo dispuesto en el decreto 795/23 en cuanto dispone —al promulgar la ley 27.795— que “…por imperio de lo dispuesto por el artículo 5° de la ley 24.629, quedará suspendida en su ejecución hasta tanto el H. CONGRESO DE LA NACION, determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones“, apunta el documento del juzgado federal 11 de Primera Instancia.
Aval a la cautelar del CIN
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 de la Capital Federal está a cargo del Dr. Julio Marcelo Rebequi y la medida fue en respuesta al recurso presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La resolución judicial hace lugar a la cautelar y dispone, con efectos inmediatos, que el Estado Nacional garantice la aplicación de la ley, suspendiendo cualquier omisión o incumplimiento que afecte su ejecución. En ese sentido, se reafirma la obligación del Gobierno de asegurar los recursos presupuestarios previstos para el funcionamiento del sistema universitario público.
Asimismo, el fallo establece la necesidad de preservar el financiamiento adecuado de las universidades nacionales, evitando la generación de perjuicios irreparables mientras se sustancia la cuestión de fondo. La decisión tiene alcance sobre el conjunto del sistema, reconociendo el carácter colectivo del derecho involucrado.
Los gremios universitarios celebran la medida
El Secretario General del Sindicato de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA), Pablo Perazzi, señaló: “Este fallo es claro: el Gobierno no puede incumplir una ley vigente. La Justicia le ordena garantizar el financiamiento universitario y poner fin a una política de ajuste que pone en riesgo el funcionamiento de nuestras universidades”.
Por su parte, Federico Montero, profesor de la UBA y dirigente nacional de CONADU, afirmó: “La cautelar restituye un principio básico del Estado de Derecho: las leyes deben cumplirse. La Ley de Financiamiento Universitario es una herramienta fundamental para sostener la educación pública, la ciencia y el trabajo docente en todo el país”.
Desde FEDUBA destacaron que esta decisión judicial constituye un paso fundamental para resguardar el sistema universitario público y reafirma la obligación del Estado de garantizar su sostenimiento conforme a lo establecido por el Congreso de la Nación.
