La universidad pública se ha metido, como pocas veces, en la agenda pública. Esta vez no se vincula con el lugar que ocupan en los rankings mundiales, sino con el proceso de desfinanciamiento de las instituciones educativas que devino en el anuncio de una movilización en todo el país el próximo 23 de abril.
En ese marco, estudiantes universitarios concurrieron a la Comisión de Educación en Diputados. El encuentro no se pudo ver en vivo, como ocurre habitualmente con el resto de sesiones, porque la Presidencia de la Cámara -a cargo de Martín Menem- decidió suspender la transmisión oficial.
El punto de partida del conflicto fue la decisión del Gobierno de replicar el Presupuesto 2023 lo que, con una inflación del 211,4% en el año, implica necesariamente un deterioro en las posibilidades de las universidades públicas. Entre distintas consecuencias, se frenaron la conformación de cinco instituciones creadas por ley; la falta de paritarias a profesores; la Universidad de Buenos Aires informó que funcionará hasta el 31 de mayo; la suspensión total de obras de infraestructura científica y universitaria en ejecución y la no renovación de los sistemas nacionales de becas.
A partir de allí, estudiantes de al menos 26 universidades públicas se reunieron -de manera presencial o virtual- con diputados nacionales, quienes firmaron un compromiso en donde instan “al gobierno nacional que adopte las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento pleno de las universidades del país”.
Además cinco de los siete bloques mayoritarios del Congreso firmaron su adhesión a la Marcha Federal Universitaria del 23 de abril. ¿Las excepciones? La bancada de La Libertad Avanza y el PRO. El documento está abierto a nuevas adhesiones.
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