La semana pasada ingresó al Congreso la denominada “Ley Hojarasca” que busca derogar casi 70 leyes que el gobierno nacional considera “inútiles”, entre la que se encuentra la ley de incentivo a la Producción Pública de Medicamentos.
La Producción Pública de Medicamentos es uno de los ejes de la industria farmacéutica local que permitió que la población acceda a medicamentos de más bajo costo y a soluciones en Salud que los laboratorios privados no ofrecen por la escasa rentabilidad, como es el caso de las llamadas enfermedades “poco frecuentes”.
La producción pública de medicamentos en Argentina se realiza a través de una red de laboratorios de gestión estatal, que incluye instituciones nacionales, provinciales, municipales y universitarias. Estos laboratorios están coordinados por la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP).
En Argentina hay laboratorios públicos de medicamentos en casi todas las provincias, pero entre los más emblemáticos está el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe, donde se produce el Misoprostol y el cannabis con fines medicinales.
El LIF es parte de la Red ANLAP que articula a más de 20 laboratorios en todo el país para la producción conjunta y el abastecimiento al sistema público de salud, y que se distribuye en universidades, ministerios, organismos de ciencia y entidades provinciales y municipales.
Pues bien, para el gobierno es parte de las leyes que considera “inútiles” y busca derogarla a través del proyecto de Federico Sturzenegger.
Qué hay dentro de la Ley Hojarasca
La Ley Hojarasca es una vieja ambición del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que consiste en derogar casi 70 leyes que quedaron “obsoletas” por el paso del tiempo o de la tecnología; que fueron superadas por otras leyes; que “afectan libertades individuales”; que implican más burocracia estatal; o que aluden a organismos que ya fueron disueltos.
La iniciativa ya había sido enviada hace dos años a Diputados, pero no concitó entusiasmo: nunca se trató y perdió estado parlamentario. Ahora, el Gobierno insiste.
Entre las leyes a derogar figuran, por ejemplo, una referida a la pena de azotes, abolida por la Constitución; la autorización de emisiones de televisión a color; la creación del “carnet de mochilero”; la regulación del derecho de reunión, incluso en lugares cerrados (sancionada en dictadura); y la creación de la Comisión Nacional de Cunicultura (cría de conejos).
También se busca derogar el sorteo de premios a compradores de boletos de cine (advierten que para realizar este sorteo el INCAA se financia con un impuesto a la industria); y la que creó el “Fondo para el desarrollo de la producción de papel prensa y de celulosa” (advierten que “restringe la libertad de expresión” porque incide en un insumo como el papel de diarios).
Además, entre los puntos más polémicos, se intenta eliminar el financiamiento público del Círculo de Legisladores de la Nación y de la Federación Argentina de Municipios; y derogar una ley de 2011 que fomenta la producción pública de medicamentos.
La ley de inviolabilidad de la propiedad privada
Por otro, un paquete de modificaciones a distintas normas para garantizar la “inviolabilidad de la propiedad privada”. Los proyectos fueron enviados sobre el final de la semana pasada y aún no tienen fecha de tratamiento. De hecho, debido a los feriados de Semana Santa, esta semana no habrá sesión en ninguna de las dos Cámaras: la única actividad prevista es la conformación de comisiones este martes en la Cámara de Diputados.
El proyecto fue elaborado en el Consejo de Mayo e incluye modificaciones a las leyes de Expropiaciones, de Tierras, del Manejo de Fuego y de Regularización Dominial para la Integración Socio-urbana.
En primer lugar, se busca endurecer los requisitos para dictar una expropiación, como sucedió con YPF. La Constitución Nacional exige que haya por ley una declaración de utilidad pública: lo que intenta el Gobierno es que esa declaración sea de “interpretación restrictiva” y que “cumpla con los estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad”.
Además, se establecen criterios “objetivos” para la determinación del valor del bien, y un mecanismo de actualización del monto indemnizatorio que contempla la evolución de los precios y una tasa de interés “comercialmente razonable”.
El proyecto también apunta a prevenir las ocupaciones ilegales de inmuebles y modifica el Código Civil en cuanto al procedimiento de desalojo.
Ley de Manejo del Fuego
En el caso de la Ley de Manejo de Fuego, la intención del Gobierno es derogar artículos impulsados por el diputado Máximo Kirchner en el año 2020 que prohíben realizar actividades agropecuarias, subdivisiones, loteos y ventas en un terreno entre 30 y 60 años después de un incendio, sea o no intencional.
En cuanto a la Ley de Tierras, el objetivo es liberar la compra por parte de privados extranjeros y “concentrar los controles” en los Estados extranjeros. La norma vigente dice que “las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las 1.000 hectáreas en la zona núcleo, o superficie equivalente, según la ubicación territorial”.
Por otra parte, se modifica una ley sancionada en la gestión de Mauricio Macri que buscó regularizar la tenencia de propiedades en barrios populares. Según el Gobierno, debido a distintas restricciones y a un esquema centralizado en el Estado Nacional, “luego de más de siete años de vigencia, solo el 0,08 % del suelo de los barrios populares a los que apunta la norma tiene título de propiedad privada”.
