Los trabajadores de Cancillería hicieron público su rechazo a la decisión del canciller, Pablo Quirno, y del presidente, Javier Milei de trasladar las bases de la Antártida Carlín y Brown a la orbita del ministerio de Defensa, algo que acentúa la presencia militar en el continente antártico y reduce la actividad científica.
En una carta abierta, el personal de la Dirección Nacional del Antártico y del Instituto Antártico Argentino cuestionó la decisión oficial de avanzar en el cambio de administración de las bases y advirtió sobre riesgos para la ciencia y la posición internacional del país.
Es que claro, la investigación científica es el principal mecanismo para ejercer soberanía antártica porque el Tratado Antártico internacional al que suscriben los países con presencia en el continente así lo firmaron, y ello hace que se deba priorizar la actividad científica sobre la militar, convirtiendo la presencia científica efectiva en la base legal y política para mantener los reclamos territoriales. “Investigar permite consolidar presencia, aportar al conocimiento global y proteger los intereses estratégicos nacionales”, es el planteo de origen.
Militarización libertaria
Por eso, el documento plantea que “en el marco del 122° aniversario de la presencia ininterrumpida de la República Argentina en el Continente Antártico y de los 75 años de la fundación del Instituto Antártico Argentino, quienes suscribimos, trabajadores y trabajadoras de la Dirección Nacional del Antártico (DNA) y del Instituto Antártico Argentino (IAA), expresa públicamente el “más enérgico rechazo al “inminente” traspaso de la Administración de las Bases Antárticas Carlini y Brown, así como de las demás instalaciones actualmente bajo la órbita de la Cancillería, hacia el Ministerio de Defensa para su operación por parte del Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR)”.
El documento cuestiona que, bajo el argumento de reorganizar la logística -función que reconocen debe estar en manos de las Fuerzas Armadas-, se avance hacia una transferencia más amplia que incluye la administración, planificación y control de las actividades antárticas, competencias que por ley corresponden a la Dirección Nacional Antártida.
El Programa Antártico atraviesa la peor crisis en décadas
Según señalan, este proceso no surgió de una necesidad técnica ni de un pedido interno del organismo, sino que se gestó desde 2024 en un contexto de “debilitamiento institucional” y cambios de autoridades.
En ese contexto, el texto continúa: “Advertimos con preocupación que este traspaso administrativo configura una militarización de hecho. La creciente desproporción entre personal militar y científico, la posible pérdida de la última jefatura de base civil bajo órbita de la Cancillería y decisiones administrativas que desplazaron la experiencia técnica acumulada constituyen señales alarmantes“.
“A ello se suma la designación de perfiles provenientes del ámbito del Ministerio de Defensa en áreas estratégicas de conducción, en el marco de la actual gestión de la Secretaría de Malvinas a cargo de Paola Di Chiaro, y con la incorporación de asesores militares ad honorem como Máximo Pérez León Barreto, lo que profundiza el corrimiento del eje civil que hasta el día de hoy caracteriza a la autoridad antártica argentina”, agrega.
En ese marco, sostienen que las decisiones fueron impulsadas por áreas políticas de la Cancillería en coordinación con el Comando Conjunto Antártico, sin un debate estratégico amplio. Uno de los ejes centrales de la crítica es el riesgo de una “militarización de hecho” de la política antártica argentina.
Denuncia de trabajadores de Cancillería
Trabajadores y trabajadoras de la Dirección Nacional del Antártico (DNA) y del Instituto Antártico Argentino (IAA), expresamos públicamente nuestro más enérgico rechazo al “inminente” traspaso de la Administración de las Bases Antárticas Carlini y Brown, así como de las demás instalaciones actualmente bajo la órbita de la Cancillería, hacia el Ministerio de Defensa para su operación por parte del Comando Conjunto Antártico
Los firmantes advierten sobre una creciente preponderancia del personal militar por sobre el científico, la posible pérdida de jefaturas civiles en las bases y la adopción de criterios propios de la doctrina militar, como la denominación de “bases conjuntas”. “La Dirección Nacional del Antártico no es una dependencia administrativa más, sino la autoridad de aplicación ante el Sistema del Tratado Antártico“, subrayan.
En ese sentido, recuerdan que “el traslado del organismo a Cancillería en 2003 respondió a una decisión estratégica para reforzar el carácter civil de la política antártica, en línea con los principios de cooperación internacional y uso pacífico del continente”.
Los trabajadores también alertan sobre el impacto que el cambio podría tener en la actividad científica. Denuncian la cancelación de campañas preparatorias en los últimos años, problemas logísticos recurrentes y la posible reducción de plazas para investigadores, lo que podría traducirse en una menor producción científica nacional.
Militarización y riesgo en la pérdida de soberanía sobre la Antártida
El documento incluye además cuestionamientos a la gestión actual del organismo y señala que las autoridades han avalado la transferencia de funciones, presupuesto y bienes hacia el ámbito militar, y advierte sobre la falta de avances en áreas clave como infraestructura, planificación y fortalecimiento institucional.
En este contexto, enfatiza que “la designación de dos diplomáticos sin experiencia antártica previa como Jefes de Base Brown tuvo consecuencias operativas concretas, facilitando el avance del personal militar en decisiones que impactaron tanto en las tareas cotidianas de la Base como en la realización de las actividades científicas”.
En ese marco, remarcan que “si no están en condiciones de ejercer plenamente las competencias que fija la ley, deberían evaluar su continuidad. Entre otros puntos, la carta rechaza que el Ministerio de Defensa intervenga en la evaluación médica del personal científico, critica restricciones recientes a la contratación de investigadores y reclama la recuperación de roles técnicos eliminados en las últimas campañas“.
Si no están en condiciones de ejercer plenamente las competencias que fija la ley, deberían evaluar su continuidad. Entre otros puntos, la carta rechaza que el Ministerio de Defensa intervenga en la evaluación médica del personal científico, critica restricciones recientes a la contratación de investigadores y reclama la recuperación de roles técnicos eliminados en las últimas campañas
“Esta Carta no es un gesto de confrontación, sino un acto de responsabilidad institucional. Las gestiones son transitorias; las consecuencias institucionales, no”, aclaran.
Preocupación en Cancillería por la falta de presupuesto para la Campaña Antártica
El planteo deja expuesto un debate de fondo sobre el modelo de gestión de la política antártica argentina: mientras el Gobierno avanza en una mayor centralización operativa en Defensa, sectores técnicos advierten que el desplazamiento del liderazgo civil podría debilitar tanto la tradición científica del país como su posicionamiento internacional en el continente blanco. En ese marco, los trabajadores concluyen con una definición que sintetiza su postura: “En la Antártida, la ciencia es soberanía”.
Por último, el documento finaliza: “Como trabajadores y trabajadoras de la Dirección Nacional del Antártico y del Instituto Antártico Argentino, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa soberana de la política antártica argentina, una política de Estado estratégica construida y sostenida durante más de un siglo, porque en la Antártida la ciencia es soberanía“.
Esta situación se suma a las acusaciones contra Javier Milei por desfinanciamiento de la presencia en la Antártida, recorte de presupuesto Argentina no avanzó en la expansión de la base científico militar Petrel. A su vez, en la reciente terminada Campaña de verano, se paralizó la construcción de los módulos habitacionales y científicos de la base ni se trabajó en la extensión de su pista.
