El escándalo que involucra al jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, continúa escalando más allá del ámbito judicial y empieza a tener impacto directo en distintos sectores sociales. En ese contexto, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires anunció una jornada de clases públicas para el próximo martes a las 10, en el marco del paro nacional universitario.
La medida se inscribe dentro de un plan de lucha más amplio impulsado por gremios docentes universitarios y no universitarios, que reclaman recomposición salarial, mayor presupuesto educativo y la implementación efectiva de la ley de financiamiento universitario. Según denuncian, el sector acumula una fuerte pérdida del poder adquisitivo que ronda el 50% desde fines de 2023.
La particularidad de la convocatoria es su carácter político: la clase pública se realizará frente al domicilio de Adorni, en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, como una forma de visibilizar el conflicto y, al mismo tiempo, poner el foco en las denuncias que enfrenta el funcionario. La causa, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, investiga presuntas irregularidades como enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, cohecho y tráfico de influencias, a partir de inconsistencias patrimoniales.
Protesta frente al domicilio de Adorni
Desde el gremio docente reconocen que buscan aprovechar la exposición mediática del caso para instalar sus reclamos. Consideran que la figura del funcionario refleja “las contradicciones de una gestión” que, según sostienen, deteriora salarios y empleo en el sistema educativo.
En esa línea, la secretaria general de AGD-UBA, Laura Carboni, fue especialmente crítica: cuestionó la falta de explicaciones sobre los gastos del funcionario y contrapuso esa situación con la realidad del sector docente. “Nosotros sí podemos demostrar la pérdida salarial que sufrimos”, afirmó, y adelantó que la protesta frente a su domicilio buscará “defender a la docencia universitaria”.
El conflicto también sumó la voz del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que salió a respaldar a periodistas que participaron de una reciente conferencia encabezada por Adorni, en la que se vivieron momentos de tensión. El gremio defendió el derecho a la información y cuestionó lo que consideró actitudes intimidatorias, al tiempo que reclamó que los funcionarios respondan ante denuncias de interés público.
Deslomándose por la educación pública
Por su parte, Adorni rechazó las acusaciones y aseguró que su patrimonio es producto de más de 25 años de trabajo en el sector privado. “No tengo nada que esconder”, sostuvo, y afirmó que ya puso a disposición de la Justicia toda la información requerida. Sin embargo, evitó responder en detalle sobre las denuncias en curso, argumentando que podría afectar la investigación.
Con la causa avanzando en tribunales y el conflicto universitario en la calle, el caso Adorni empieza a convertirse en un punto de convergencia entre la crisis política y el malestar social, en un escenario donde las tensiones parecen lejos de disiparse.
