El directorio del Conicet emitió un comunicado expresando el total rechazo a la decisión de limitar al 31 de marzo la renovación de contratos de personal administrativo y técnico de la institución, que alcanza a 1.600 empleados. El documento busca evitar el recorte anunciado por el Gobierno nacional, que busca reducir entre un 20 y 30 por ciento del personal de la administración pública nacional, y advierte que el personal que se intenta eliminar resulta “esencial” para la formación de “el futuro de la ciencia nacional y del desarrollo federal del país”.
El directorio, integrado por ocho miembros, advirtió también a la Casa Rosada que el CONICET “cuenta con un Plan Estratégico 2022-2025 y debe regir su funcionamiento” bajo ese paragüas acordado en leyes votados por el Congreso. “La recepción en forma verbal de una orden de reducir la planta de personal basada en un porcentaje arbitrario de ésta es la antítesis de una decisión basada en evaluaciones de desempeño o en criterios de razonabilidad y pertinencia de las tareas que se realizan”, descalificó el directorio del Conicet el avance de la motosierra del presidente Javier Milei.
Un representante que ejecute el desguace
Milei puso como presidente del Conicet a Daniel Salamone –un veterinario y biotecnólogo, conocido por el mandatario por la clonación de sus perros–, pero la conducción del organismo es compartida con el directorio conformado por cuatro investigadores activos de las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades (Mario Pecheny), Ciencias Biológicas y de la Salud (Claudia Capurro) , Ciencias Exactas y Naturales (Roberto Rivarola), y Ciencias Agrarias, Ingeniería y de Materiales (Alberto Baruj).
Y otros cuatro representantes por el Consejo de Universidades (Jorge Aliaga), organizaciones representativas de la industria (María Laura Correa) organizaciones representativas del agronegocio (Manuel García Solá) y de los máximos organismos responsables de la ciencia y la tecnología de los gobiernos provinciales (Luz Lardone).
Esos integrantes del directorio denunciaron, tras una asamblea extraordinaria, que el plan de recorte que aplicará el Gobierno carece “de la mínima formalidad que requiere un organismo público para su gobernanza”. “Dejar al CONICET sin el personal administrativo y técnico necesario implica paralizarlo y poner en riesgo el funcionamiento de un actor central del sistema de ciencia y tecnología nacional”, repudiaron en el documento y remarcaron el reconocimiento que el organismo tiene a nivel regional e internacional.
Según detalla el documento, los 1.600 empleados administrativos y técnicos cuyos contratos podría no ser renovados en abril son “esenciales” para el funcionamiento de las carreras de investigador (de 12.150 miembros); del personal de apoyo (3.050 miembros) y de 10.900 becarios doctorales y posdoctorales, que se forman en tareas de investigación científica y tecnológica.
“Este personal administrativo y técnico contratado, altamente especializado y capacitado, trabaja en CONICET desde hace años dando soporte a los procesos de planeamiento, seguimiento y evaluación de actividades de investigación, y permite el funcionamiento de los más de 300 institutos y Centros Científicos Tecnológicos que se encuentran en todo el territorio nacional”, explicó el directorio.
Contra la administración pública
El ajuste de los puestos de trabajo en la administración pública nacional comenzó a dos semanas de la asunción presidencial, cuando se anunció la no renovación de 7 mil contratos suscriptos en 2023. Esa nueva etapa, en la que se espera una reducción de 20 al 30 por ciento del personal, estaba comandada por Armando Giubert, secretario de Transformación del Estado, quien presentó su renuncia el lunes, tras el escándalo por el aumento salarial del Presidente.
Los integrantes del directorio del Conicet también manifestamos “preocupación” por la falta de certeza en relación con la formalización de los ingresos a la Carrera del Investigador Científico (CIC) 2022 y la efectivización de las promociones de la CIC, como de los concursos de Personal de Apoyo. Y sostuvieron que los cambios ejecutados en esas áreas “van a tener consecuencias muy negativas que se van a prolongar por años”.
Por último, el directorio le recordó al presidente Javier Milei que el CONICET cuenta con un Plan Estratégico 2022-2025, aprobado por las leyes de Ciencia, Tecnología e Innovación (25.467), de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación ( 27.614) y Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 (27.738).
Además de las censantías ejecutadas en 2023, el plan de desguace estatal de Milei avanzó con recortes en el PAMI, 165 despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad, más de 200 en AYSA, 50 en el ENACOM, 50 en el Conicet, 26 en la Secretaría de Derechos Humanos, 170 en el Incaa, entre muchos otros; y los anuncios del cierre de Telam (700 empleados), el Inadi (400 empleados) y el Instituto de Agricultura Familiar (900 empleados), que no fueron operativizados.
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