Empresas estatales asociadas ligadas al sector de Energía, de Defensa y de Desarrollo Aeroespacial se encuentran a al espera de la definición del proyecto de ley ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’ que el Ejecutivo envió al Congreso.
La iniciativa deja expuestas a privatización a un total de 41 firmas y organismos, entre las que destacan YPF, Aerolíneas Argentinas, AYSA, Correo Argentino, Banco de la Nación Argentina (BNA), Energía Argentina SA (IEASA), Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina (RTA), y Corredores Viales, entre otras. En total suman 134.027 empleados, según los datos relevados de la Base Integrada de Empleo Público (BIEP) y distintas fuentes oficiales.
La gran mayoría son deficitarias, pero otras dieron ganancias en 2022 como es el caso de la petrolera estatal o el BNA. También resultaron con números positivos el año pasado la Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), Vehículo Espacial Nueva Generación, Talleres Navales Dársena Norte (TANDANOR) e Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias, según un informe de la Fundación Libertad.
En el artículo 9 del extenso proyecto de ley que le entregó ayer el ministro del Interior, Guillermo Francos, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se faculta al Poder Ejecutivo Nacional “a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada, que no le otorguen la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de tales entidades”. A su vez, en el artículo 37, se establece que “a los fines de las privatizaciones, se constituirán sociedades anónimas, en las cuales el Poder Ejecutivo Nacional podrá conservar una acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad”. De hecho, muchas de las empresas incluidas en el proyecto ya son sociedades anónimas y otras son sociedades del Estado. La gran pregunta es si habrá interesados en adquirir parte o todo del paquete accionario estatal de estas compañías.
Empresas estratégicas, también en la lista
En la actualidad se están conformando las comisiones para avanzar en el debate y un grupo de empresas consideradas “estratégicas” por su impacto en áreas clave de la economía y la actividad productiva, esperan la definición.
Se trata de compañías ligadas al sector científico y tecnológico que absorben el conocimiento de los organismos de Ciencia y Tecnología.
Los casos de Fabricaciones Militares de Villa María y Río Tercero, Dioxitek, asociada al sector energéntico, y VENG, vinculada con el desarrollo aeroespacial, son emblemáticas. También, en Telecomunicaciones se encuentra ARSAT, que es clave para la interconexión de datos a nivel nacional.
En Córdoba, también, está FADEA (Fábrica Argentina de Aviones), que desarrolla e incorpora Investigación y Desarrollo para el sector de Defensa, al igual que INVAP, con la diferencia de que ésta última pertenece al estado de Río Negro.
El proyecto de “ley ómnibus” del gobierno de Javier Milei promueve la privatización de 41 empresas estatales que tienen un impacto de importancia capital en el sistema productivo y científico-tecnológico.
El carácter estratégico de estas compañías radica en que la inversión pública que se destina a ellas no se puede calcular en términos monetarios inmediatos, al igual que se lo hace en el caso de empresas privadas, pero su impacto “intangible” a largo plazo es incalculable.
Un caso es el de ARSAT y la llegada de conexión a escuelas y hospitales, o el desarrollo energético de empresas como CONUAR o Dioxitec, que abastecen a las centrales nucleares que “encienden” la actividad productiva día a día a través del sistema nacional de energía.
En cada uno de estos sectores hay razones productivas, financieras y sociales que cumplen un rol fundamental en la producción industrial, además.
VENG
VENG, la empresa dedicada al desarrollo satelital, ubicada en el predio de Falda del Cañete cuenta con 500 empleados, la mayoría radicados en Córdoba capital y su alrededores, todos de altísima capacitación, que ubican al desarrollo tecnológico nacional en el círculo privilegiado de pocos países que manejan todo su proceso de desarrollo. La empresa desarrolla tecnología que los países no venden, porque no quieren que otros países la posean. Así de simple. Su valor de mercado no está definido, pero su impacto productivo, científico y tecnológico es incalculable por el efecto dominó que implica para la actividad del país.
“La privatización de la empresa implica la pérdida de una herramienta estratégica fundamental para el país como son los servicios satelitales. Es una tecnología que aporta a los controles territoriales, sanitarios, agropecuarios. Carecer de estaos servicios en el Estado implica gastos multimillonarios para el país”, dice uno de sus trabajadores.
VENG comparte el proyecto satelital como la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), organismo creado en 1991 que actualmente cuenta con dos satélites en órbita: SAUCOM 1A y 1B, mientras aguarda la concreción del proyecto de Satélite SABIA MAR, en desarrollo, para que apuntará exclusivamente a recabar información sobre el mar y las costas de argentina y Sudamérica.
Otro proyecto es el Tronador, lazador argentino de satélites. “La información satelital aporta que el país maneje variables ambientales, de calidad de agua, sanitarias, mineras, climáticas, etc”, explican desde el organismo.
Fabricaciones Militares
En las plantas de Fabricaciones Militares de Villa María y Río Tercero, en tanto, se desempeñan más de 800 trabajadores entre las dos ciudades.
En el caso de Villa María, planta cuenta con unos 420 trabajadores entre su área administrativa y la productiva. El secretario General de la Junta Interna de FFMM Villa María, Jonathan Cruzeño, dice que la fábrica se encuentra trabajando al 50% de capacidad por falta de materia prima, y de mantenimiento y de inversiones por parte del Estado. “Tenemos contratos con una empresa de Perú, a la cual exportamos un componente activo que se usa para la elaboración de dinamitas. También hacemos pólvoras para balas de cañones de gran calibre, y nitrocelulosa, que se utiliza para pólvoras o la fabricación de explosivos propios”, explica.
Y recuerda que FFMM no da pérdidas. “Es una fuente de ingreso de dólares al país porque estamos exportando lo que producimos”, enfatizó.
Del mismo modo, Mayra Luján, delegada de ATE de la Fábrica Militar de Río Tercero, indicó entre la planta química y la metalmecánica, hay 384 trabajadores.
“En la planta química producimos ácido nítrico, nitrato de amonio, ácido sulfúrico y éter. Y en la planta Metalmecánica nos dedicamos a la reparación de vagones para recargar granos, y ahora estamos desarrollando un proyecto para armar los kits de los jeeps de exploración para el Servicio Militar”, explicó.
La delegada dijo que la empresa produce no solamente para el Estado, sino también para “privados que no consiguen mano de obra calificada y nos contrata para hacer reparaciones”.
Dioxitek
Dioxitek es una empresa que se dedica a generar polvo de dióxido de uranio y a producir fuentes selladas de Cobalto 60 y es única en su tipo en el país. El polvo de dióxido de uranio es utilizado para producir elementos combustibles que abastecen centrales nucleares que generan electricidad para los argentinos. En la planta de Alta Córdoba, trabajan cerca de 300 empleados.
Trabaja junto a otros organismos del sector nuclear, como Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), CONUAR, PIAP (Planta Industrial de Agua Pesada, Neuquén) y CNEA.
Otra de las empresas, Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la firma estatal generadora de energía eléctrica que opera las centrales nucleares del país, tiene en su planta 3.188 trabajadores. En tanto, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), cuya función es controlar el tránsito aéreo y coordinar los servicios de información y comunicación aeronáutica para los vuelos, cuenta con 2.472 empleados.
Universidades
En el listado figuran además dos medios universitarios, Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba SA, que tiene 283 trabajadores, y Radio de la Universidad Nacional del Litoral SA, con 62. Son los únicos dos medios universitarios del país que son sociedades anónimas desde 1979, para poder emitir publicidad por lo que, si bien tienen asignados una partida en el Presupuesto nacional, tienen otras vías de ingreso.
Yacimientos Carboníferos Fiscales, la empresa estatal que se dedica a la explotación, transporte y comercialización del carbón del Yacimiento Río Turbio, en Santa Cruz, también está en el listado de las empresas sujetas a privatización. Con 2.187 trabajadores, es conocida como Yacimientos Carboníferos Río Turbio, el nombre adoptado cuando había sido privatizada hasta pasar nuevamente a manos del Estado, que hoy la maneja a través de un interventor.
En el Anexo I del proyecto de ley figura, asimismo, Intercargo, la firma que ofrece servicios de rampas y asistencia en Ezeiza, Aeroparque y los principales aeropuertos del interior del país, cuenta con 1.673 trabajadores; Fabricaciones Militares, con 1.471; la Casa de la Moneda SE dedicada a la impresión de billetes, con 1.411; y la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín SA (FADEA), ubicada en la ciudad de Córdoba, que emplea a 939 personas.
Puertos
La Administración General de Puertos, que hoy cuenta con 782 empleados, es otro organismo estatal que podría privatizarse, así como la Empresa Argentina de soluciones Satelitales (ARSAT) que brinda servicios de transmisión de datos, telefonía y televisión por medio de infraestructura terrestre, aérea y espacial, y emplea a 777 personas.
En el proyecto también figura Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), que registra 504. Esta empresa es, sin embargo, controlada en un 60% por el gobierno de Catamarca, y en un 40% por la Universidad Nacional de Tucumán, en la que el Gobierno nacional designa el presidente.
En el Anexo I del proyecto de ley también figuran TANDANOR, talleres que emplean a 507 trabajadores; Vehículo Espacial Nueva Generación SA (VENG) la empresa aeroespacial argentina que cuenta con 470 empleados; y EDUC.AR, que tiene a cargo el portal educativo del Ministerio de Educación, con contenidos y recursos digitales para docentes y estudiantes, que tiene 464 personas en su planta.
Energía
Por su parte, Energía Argentina SA (ex ENARSA) tiene 374 personas en su planta de personal, y es la firma que se dedica a la exploración y explotación de hidrocarburos, su distribución, comercialización e industrialización de sus derivados, así como el abastecimiento y distribución de gas natural, y la generación y comercialización de energía eléctrica.
El listado de las 41 empresas sujetas a privatización incluyen a DIOXITEK SA, una empresa con 264 empleados creada en 1996 y dedicada a generar polvo de dióxido de uranio, utilizado para producir elementos combustibles que abastecen centrales nucleares que generan electricidad para millones de habitantes. También se dedica a producir fuentes selladas de Cobalto 60 que se utilizan para preservar alimentos, esterilizar insumos quirúrgicos para medicina, tratar residuos hospitalarios patogénicos y enfermedades cancerígenas.
El proyecto también menciona al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE); la sociedad del Estado Construcción de Viviendas para la Armada Argentina (COVIARA), la desarrolladora perteneciente al Ministerio de Defensa de la Nación; la sociedad anónima Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (INTEA), una empresa de capitales mixtos conformada mayoritariamente por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Fundación ArgenINTA, cuyo objetivo es la generación de agronegocios basados en la comercialización de tecnologías, bienes y patentes de su propiedad; y el Polo Tecnológico Constituyentes SA, creado en 1998 en la localidad bonaerense de Villa Martelli e integrado por la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas, y el Servicio Geológico Minero.
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