El rechazo a la nueva Constitución de Chile, que ayer domingo se impuso con 61,87% de los votos válidos del plebiscito, contra 38,13% favorable a la aprobación, (con el 99,86% del escrutinio oficial) impactó, también, en el sector de Ciencia y Tecnología, desde donde se impulsaban reformas claves para impulsar el área.
Con el borrador de las reformas en proceso, numerosos grupos de investigadores e investigadoras, dejaron plasmadas sus reivindicaciones y prioridades de reforma a la Constitución elaborada durante el gobierno de Augusto Pinochet.
La nueva Constitución, impulsada por la gestión de Gabriel Boric, suponía cambios en Ciencia y Tecnología. Académicos, Científicos y autoridades políticas reflexionaron sobre los desafíos en materia de ciencia e investigación que se evidencian en la propuesta.
Desarrollo integral
La Constitución actual (1980) promueve una “concepción excesivamente formal de la investigación”, la que no permitiría un desarrollo sustantivo de las diversas disciplinas. Por ello, la nueva carta magna, sostenía cambios en orientaciones normativas y éticas para la investigación, y planteaba una “relación edificante con la naturaleza”, y la necesidad de orientarla al desarrollo integral. El cambio implicaba avances institucionales para la reconstrucción de la educación superior pública, da las bases para un giro en el ámbito investigativo, superando el actual formalismo de indicadores genéricos.
La subdirectora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y miembro del comité directivo del Grupo Transdisciplinario para la Obesidad de Poblaciones, Lorena Rodríguez, indicó que “entre los desafíos que enfrenta la investigación en el país se encuentran el de incidir en la gestión de políticas públicas y la de vincularse con el medio y las comunidades para entender y abarcar de forma íntegra las problemáticas”.
Fortalecer la inversión
A su vez, el texto proponía que el Estado cuenta con el deber de “estimular, promover y fortalecer el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en todas las áreas del conocimiento”, esto con el fin de conseguir un enriquecimiento cultural y mejorar las condiciones de vida de todos.
Si se tiene en cuenta que Chile invierte apenas el 0,4% de su Producto Bruto Interno en Investigación y Desarrollo (I+D) es de considerar que la nueva carta magna implicaba un reimpulso a esa infraestructura, al menos como marco. Además, la propuesta también incluye la tarea del Estado de generar de manera independiente y descentralizada las condiciones necesarias para el desarrollo de la investigación científica transdisciplinaria.
¿Y ahora?
La decisión popular, ayer domingo, implicó un paréntesis para el intento de reforma del área científico-técnica, que ahora deberá rastrear nuevos caminos (sectoriales) para avanzar en el intento de incrementar la inversión en I+D, y reconfigurar el perfil de cómo y para qué se investiga en el país.
Muchos académicos y académicas destacaron, durante los debates, la importancia de los nuevos planteos. Sin embargo, ahora deberá medirse el poder de impulso propio que tenga el área de Ciencia y Tecnología, y aprovechar la voluntad política de la actual gestión para imponer una norma en el Parlamento que apunte a incrementar la inversión.
El propio Boric manifestó su voluntad de llevar la inversión en el sector hasta el 1% del PBI del país, por lo que el viento es favorable. Resta ver, ahora, si el sector cuenta con apoyo social y político para imponer y fijar agenda, en el Congreso.
