El 29 de enero el gobierno de Chile anunció la creación de seis nuevas áreas protegidas en la región de Atacama, en el norte del país. Todas tienen una misión común: protegerán 10 humedales de altura, entre salares y lagunas.
“Lo que estamos haciendo hoy día con la Red de Salares Protegidos es defender nuestra propia existencia”, dijo el presidente saliente Gabriel Boric en la comuna (municipio) de Diego de Almagro, a 37 días de dejar el cargo a su sucesor, José Antonio Kast.
La noticia es un hito porque cubre casi la mitad de los 26 ecosistemas altoandinos que el gobierno prometió “blindar” como parte de su Estrategia Nacional del Litio lanzada en 2023 para, en palabras de Boric, “construir un nuevo sueldo para Chile”, pero hacerlo de manera ambientalmente sostenible.
Áreas protegidas
De esta manera, el gobierno chileno busca resolver —o al menos disipar— una tensión política y económica en la que el litio es tema central de discusión.
Chile posee una de las mayores reservas globales de litio en el mundo. De hecho, este mineral ya desplazó al cobre como el de mayor potencial estratégico para el país.
El litio es la base de las baterías que impulsan los vehículos eléctricos, esenciales para alejarnos de los combustibles fósiles que hoy todavía mueven gran parte del transporte mundial.
También está en el centro de los sistemas de almacenamiento de electricidad que hacen posible aprovechar a gran escala la energía producida por fuentes renovables como el sol o el viento. Esos dos, el transporte y la generación de energía eléctrica, son los sectores que más emisiones de gases de efecto invernadero producen en el planeta.
Cambio de políticas sobre los salares
A poco más de un mes de que termine el gobierno de Boric y asuma el ultraderechista José Antonio Kast el 11 de marzo, la Red de Salares corre el riesgo de quedar a medias.
Los restantes 16 ecosistemas, entre salares y lagunas, casi todos ubicados en la región de Antofagasta, con excepción de uno —Laguna Lagunillas— que está en la de Tarapacá, continúan en las fases previas del proceso de declaratoria, como la consulta pública ciudadana y la consulta con comunidades indígenas.
Así lo revela esta investigación hecha por Mongabay Latam y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Clip) en el proyecto Litio en Conflicto, liderado por el Clip y en alianza con 10 medios de la región para entender algunos de los conflictos que rodean a la industria del litio en América Latina.
En algunos salares que esperan ser protegidos, de hecho, hay ya intereses mineros.
Riesgo ambiental
Ese riesgo se debe a que el presidente electo Kast es un líder ultraconservador que fundamentó su programa de gobierno en la libertad económica y la reducción de la burocracia, que a su juicio “frenan las inversiones».
En sus intervenciones, ha defendido que el país debe crecer con una regulación que no sea “agobiadora ni enmarañadora”, planteando desde ya una reforma profunda al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) para acelerar proyectos mineros.
Para la cartera de Medio Ambiente, Kast eligió a Francisca Toledo, ingeniera civil industrial y máster en derecho regulatorio, quien se desempeñó como especialista en recursos naturales de Libertad y Desarrollo (LyD), un centro de pensamiento de orientación técnica y liberal que ha liderado la visión económica del sector de centroderecha en Chile.
Su trayectoria desde 2022 como investigadora de LyD se enfocó en temas de tramitación ambiental.
Este panorama ha hecho temer a muchos científicos y expertos ambientales que, si el gobierno no consigue crear las áreas protegidas restantes en las próximas cinco semanas, podrían enfrentar nuevas dificultades para volverse realidad.
