El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) presentó un informe elaborado para la justicia de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, confirmando reducción de la contaminación en las aguas de la ciudad de Pergamino, luego que, en septiembre de 2019, comenzara a regir una medida cautelar que impide la fumigación con plaguicidas a menos de 1100 metros de zonas de bombeo y extracción de agua potable.
La decisión fue impulsada por el fiscal de San Nicolás, Matías Di Lello, y dispuesta en septiembre de 2019 por el juez federal de la jurisdicción generando una zona de exclusión para evitar la aplicación de productos nocivos para la salud en proximidades de las zonas de bombeo y extracción de agua potable.
La medida ocurrió luego de una denuncia por contaminación de efluentes y aguas para consumo en la ciudad bonaerense de Pergamino. Fue en febrero de este año, que Di Lello, le solicitó a seis municipios del norte bonaerense que elabore informes sobre prácticas relacionadas a la aplicación de agroquímicos y la utilización de productos fitosanitarios, luego del antecedente de Pergamino.
La requisitoria de Di Lello alcanza a los intendentes Javier Olaeta, de Arrecifes; Javier Iguacel, de Capitán Sarmiento; Cecilio Salazar, de San Pedro; Gustavo Perie, de Ramallo; Ismael Passaglia, de San Nicolás; y Ricardo Casi, de Colón.
El alcalde de Pergamino, perteneciente a Juntos por el Cambio, intentó resistir la medida judicial, tomando posición en favor de los grandes productores agrícolas que buscaban llevar el límite para realizar fumigaciones a su distancia histórica de 100 metros.
Informe del INTA
Tras la decisión judicial el informe del INTA, entregado este mes, confirmó la reducción de moléculas de sustancias de plaguicidas en muestras de agua de Pergamino.
El informe con fecha del 18 de agosto, fue entregado al juez Carlos Villafuerte Ruzo, y refleja los resultados a diciembre del 2019, es decir, en los primeros tres meses de vigencia de la orden judicial.
“La medida cautelar de restricción de aplicaciones a 1095 metros evitó que se aplicaran productos plaguicidas en las proximidades de las zonas de bombeo y extracción de agua”, indica el informe firmado por la perito Virginia Aparicio, de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Balcarce del INTA.
En efecto, desde septiembre del año pasado está vigente la prohibición de fumigación en Pergamino y zonas urbanas, al fijar un límite “restrictivo y de exclusión” de 1095 metros para aplicaciones terrestres y de 3 mil para las aéreas.
Menos plaguicidas en las aguas, mas salud
El informe firmado por Aparicio da cuenta de la evolución de la contaminación del agua y fue incorporado en el proceso penal en el que se investigan infracciones a la Ley N°24.051, de residuos peligrosos, y envenenamiento de aguas potables.
Según el informe del INTA “en el informe anterior se mencionó que el número máximo de moléculas detectadas y cuantificadas en una misma muestra de agua fue 12 y en el último muestreo se redujo a 9”
Sin embargo, en junio del año pasado otro estudio del INTA, firmado, también, por la investigadora Virginia Aparicio, confirmó que el agua que se utilizaba para consumo domiciliario en Pergamino, contenía hasta 18 agrotóxicos: glifosato, atrazina, imidacloprid, acetoclor, clorpirifos y 2-4D, entre otros y que los barrios afectados son Villa Alicia, Luard Kayad y La Guarida.
Por lo cual, en el último informe del organismo científico quedó confirmado que la medida cautelar de la Justicia, resistida por los productores agrarios y los intendentes de Juntos por el Cambio de la región, redujo los agrotóxicos a la mitad.
Es más, en otro informe, titulado “el agua sin agrotóxicos es un derecho humano”, de las Madres de Barrios Fumigados y Naturaleza de Derechos alertó que el 44 por ciento de los químicos encontrados en la región, antes de la aplicación de la cautelar, eran considerados agentes cancerígenos y el 39 por ciento disruptores endocrinos (alteran el equilibrio hormonal).
Legislación pro-plaguicida
También denunciaron que la legislación argentina permite niveles de tóxicos hasta 1000 mayor que la legislación de Europa. Mientras que en Alemania, Suiza o España el límite máximo del químico 2-4D en agua es de 0,1 microgramo por litro, en Argentina se “permite” hasta 100 microgramos.
“Para el resto de los agrotóxicos que se utilizan habitualmente en la agricultura industrial ni quiera tienen asignado un valor máximo de residuo en agua”, afirmaron las organizaciones en la causa judicial.
En el último informe del INTA, difundido el 18 de agosto pasado, el número máximo de moléculas cuantificadas en una misma muestra de agua, pasó de 5 a 3 en este último muestreo. Esta “tendencia” de reducción en los números máximos de moléculas por muestra de agua, así como la reducción en el número de moléculas detectadas en cada muestreo [?] podrían deberse a la medida cautelar dispuesta por el Juez en esta causa”, señala Aparicio y aclara que los resultados son parciales, puesto que todavía no se ha evaluado el impacto de la medida durante el año en curso ni los informes de otros peritos.
Las cinco moléculas de plaguicidas que logró cuantificar el INTA en diciembre pasado son Atrazina, Desetil atrazina, Hidroxi-atrazina, Clorpirifos y 2,4D, sustancias que -explica- tienen consecuencias nocivas para la salud de los seres humanos. En los informes anteriores, de mayo de 2019 y noviembre de 2018, se habían detectado y cuantificado una diversidad mayor de moléculas.
Por decisión judicial
El logro de la medida cautelar, explica el informe, tiene su origen en haber distanciado las aplicaciones de plaguicidas de las zonas de bombeo de agua potable, pues ello “contribuye a disminuir la probabilidad de que un plaguicida esté disponible para ser transportado verticalmente a través del perfil del suelo y alcance el agua subterránea”. En tal sentido, agrega que “el agua subterránea es especialmente vulnerable a la contaminación persistente por plaguicidas porque, a diferencia de los cuerpos de agua que fluyen, permanece relativamente mas quieta”.
La medida cautelar fue impulsada por el fiscal Di Lello en función de las sugerencias brindadas por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA).
