El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, adquirirá y calibrará un equipo que le permitirá medir la concentración de agrotóxicos en el aire, y analizar si las regiones urbanas se encuentran a resguardo de la contaminación ambiental generada por la actividad agrícola.
A través de la incorporación de un equipo tecnológico, el organismo podrá medir la presencia de plaguicidas en aire, sumado a la puesta en marcha de un sistema de monitoreo en la provincia de Entre Ríos.
Estas acciones son el resultado del financiamiento conseguido a través de los Proyectos Federales de Innovación Productiva del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. a cargo de Roberto Salvarezza.
Con la aprobación de este financiamiento se busca desarrollar un sistema de monitoreo y cuantificación de concentraciones de plaguicidas en aire. Con esta herramienta de soporte y, de acuerdo a la información de base, se puede dimensionar todas aquellas zonas de resguardo de aplicaciones de plaguicidas.
No existen mediciones
En este contexto, Carolina Sasal, especialista del INTA Paraná, expresó que “actualmente, la ausencia de mediciones de contaminación del ambiente por plaguicidas debido a la inexistencia de un sistema de monitoreo sumado a la preocupación social, conduce al establecimiento de distancias de restricción de uso arbitrarias”.
“Esto por un lado afecta la superficie bajo producción agrícola provincial y por otro resulta insuficiente para reducir la tensión en las zonas de interfase urbano-rural. Es por ello, que la innovación tecnológica que propone este proyecto es concreta y necesaria”, dijo Sasal.
La especialista de INTA informó que con el proyecto se pretende tener un sistema de monitoreo que permita aportar datos tanto científicos como técnicos que servirán de soporte a la hora de tomar decisiones gubernamentales a los efectos de garantizar la competitividad del sector agroproductivo.
En tal sentido, el sistema de monitoreo del alcance de plaguicidas permitirá conocer y establecer zonas de resguardo y no exponer a ciertos sectores de la población.
Esta serie de acciones se trabajarán con el estado provincial: junto a la secretaría de Ambiente de Entre Ríos, primeramente, se procederá al reconocimiento de las áreas con reclamos y denuncias de la población; para trabajar luego junto a la secretaría de la Producción en el relevamiento de sectores productivos en interfase urbano-rural que requieren información.
Para finalizar, la Dra. Sasal expresó: “creemos que este avance será significativo para la provincia y todo el país, ya que no están implementados sistemas de monitoreo para medir plaguicidas en aire en el área agrícola. Entendemos que serán posibles usuarios los institutos de investigación y transferencia de tecnología, organizaciones de productores, asesores técnicos, entidades educativas, organismos de desarrollo económico y social e institutos de investigaciones médicas y de transferencia de prácticas preventivas de salud”.
Controversia por los agrotóxicos en Entre Ríos
En 2018, la Corte Suprema de Entre Ríos decidió llevar de cien a mil metros el área protegida por tierra, y a tres mil metros por aire, en la que los productores agropecuarios no podrían realizar fumigaciones.
En ese momento el gobernador Bordet, el ex presidente Mauricio Macri, el ex ministro de Ciencia, Lino Barañao, y las entidades agropecuarias como la AAPRESID (Productores de Siembra Directa), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Rural Argentina (CRA) se opusieron a la decisión judicial, y por un decreto, el mandatario provincial retrotrajo la decisión.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, en mayo de 2019, observó “ausencia de rigor científico” e “insolvencia técnica del trabajo interministerial” en el decreto y lo anuló al considerarlo violatorio de la constitución provincial y nacional y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Pero la historia no terminó: la presión y las manifestaciones de los productores hicieron efecto y en agosto de 2019 llegó un nuevo decreto. Ahora limitando las fumigaciones nuevamente a 100 y 500 metros pero en este caso respecto al casco de las escuelas. Es decir que el patio de la escuela, por ejemplo, puede lindar directamente con los campos de producción en donde se fumiga.
El vicepresidente de la Federación Agraria, Elvio Guia, llegó a sugerir que saquen a las escuelas rurales de los campos: “Es más fácil reubicar las escuelas que cambiar la producción”.
Uno de los argumentos de las entidades era la falta de mediciones que confirmen la presencia de agrotóxicos en las cercanías a centros urbanos. Ahora, el INTA aportará los datos.
