El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezó hoy una reunión con funcionarios y con más de 40 rectores de universidades nacionales para brindar detalles sobre el alcance y el posible impacto de la Prestación Básica Universal (PBU), herramienta que facilitará el acceso a Internet para docentes, alumnos e investigadores.
“Las universidades, el campo del conocimiento del debate, nos permite poder abarcar y llegar a estudiantes y docentes que quieran acceder a este servicio. El servicio básico universal es en definitiva la manera más masiva que tenemos para llegar con este nuevo derecho que se ha creado”, dijo el ministro coordinador sobre la iniciativa.
Luego del encuentro celebrado en Casa Rosada, la secretaria de Innovación, Micaela Sánchez Malcolm, comentó que hubo una muy buena recepción por parte de los rectores y consideró “fundamental la apropiación de todo el universo científico y universitario” de esta política de inclusión digital.
+Dificultades para solventar la conectividad
Según las estimaciones realizadas por el sistema universitario nacional, entre un 10 y un 12% de los integrantes de la comunidad académica tuvieron dificultades para solventar la conectividad durante la pandemia de coronavirus y fueron las casas de altos estudios las que debieron lanzar diversos programas para amortiguar esas falencias.
En tanto, hacia mediados del año pasado, el Gobierno nacional publicó un DNU -luego ratificado por el Senado- que declaraba a la prestación de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como “servicios públicos y esenciales en competencia”, con lo que el Estado retomó su función regulatoria a la hora de fijar los aumentos de tarifas y de establecer que las empresas del sector deben obligatoriamente dar conexión a Internet a través de la PBU.
En ese punto, Sánchez Malcolm señaló que las empresas han comenzado a ofrecer este tipo de plan alternativo en enero y que “los estudiantes universitarios son destinatarios principales”.
Derecho a la Educación Superior
Al respecto, el decano de la Universidad Nacional de Jujuy, Rodolfo Tecchi, aseguró que “el derecho a la educación superior es un derecho de todas las personas y si se están teniendo actividades telemáticas, todo el mundo tiene que tener el acceso a internet necesario”.
En ese mismo sentido, el rector de la Universidad Tecnológica Nacional, Héctor Aiassa, remarcó que la puesta en marcha de la PBU es “un gran avance, porque esto va a permitir la continuidad de las clases”.
“En 2020 hubo una fuerte modificación de la herramienta con la que las llevamos adelante y este emprendimiento, este desafío, esta mejora en el sistema de conectividad, nos va a permitir, en forma gradual, profundizar lo que se hizo el año pasado”, comentó el rector de la UTN.
En la Casa Rosada consideran que la iniciativa de poner en marcha una Prestación Básica Universal recibió en la última semana dos espaldarazos, por lo que buscarán que en las próximas semanas se difunda con más potencia el servicio de la PBU para las actividades de telefonía móvil, fija, Internet y TV por cable.
El primero de los apoyos se produjo en el marco de la visita de Estado del presidente Alberto Fernández a Chile cuando la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la diplomática mexicana Alicia Bárcena, destacó las iniciativas del gobierno argentino en la materia de conectividad como uno de los “tres avances paradigmáticos” realizados durante la pandemia en la región.
En línea con lo que plantea las Naciones Unidas a través de distintas declaraciones y pronunciamientos, Bárcena ponderó el esfuerzo por garantizar “el derecho humano de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)” al declararlos “como servicios públicos esenciales”.
Como ejemplo, la secretaria hizo mención especial a la Prestación Básica Universal y Obligatoria para servicios de telefonía móvil, fija, Internet y TV por cable puesta en marcha por el gobierno del Frente de Todos.
Por otra parte, la reunión que encabezó hoy el jefe de Gabinete se concretó luego de que el viernes pasado la Justicia rechazara una medida cautelar solicitada por el grupo Cablevisón-Clarín-Telecom para suspender los efectos de la normativa.
Aunque la “cuestión de fondo” continúa en la Justicia, desde el Gobierno entienden que el fallo del juzgado en los Contencioso Administrativo a cargo de Walter Lara Correa puede ser leído como un nuevo antecedente favorable, al igual que los dichos de Bárcena, en el marco de la determinación oficial de avanzando en la aplicación de estas políticas que democratizan y facilitan el acceso y la conectividad con principios de mayor igualdad.
