El Juzgado Federal 3 de Córdoba avanza en una investigación histórica para la identificación de restos de personas desaparecidas durante la última dictadura militar.
El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja confirmó que hasta el momento se lograron 38 identificaciones a través del análisis genético.
Durante una entrevista concedida al programa en streaming La Voz En Vivo del medio La Voz de Córdoba, el magistrado explicó el complejo trabajo científico y logístico que realizan en el terreno diversos organismos oficiales y técnicos, encabezados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
“Los resultados son estos y son muy reparadores no solo socialmente sino también para las familias“, afirmó Vaca Narvaja sobre la importancia de concluir con la incertidumbre provocada por el terrorismo de Estado.
“Socialmente el proceso es muy importante, porque se termina con la angustia dolosamente provocada por el terrorismo de Estado, de la incertidumbre total sobre el destino de miles de personas. Para las familias, representa saber qué sucedió con sus seres queridos y hacer finalmente el duelo”, indicó el juez.
Una búsqueda incansable por la identidad
Recalcó que el proceso de búsqueda y el avance de la causa cobraron impulso tras el hallazgo de una foto aérea de agosto de 1979 que fue cotejada con una de pocos meses antes, y permitió que el geólogo Guillermo Sagripanti guiara con precisión la búsqueda y en 2025 generara el hallazgo de más de 1.300 pequeños fragmentos óseos en el predio. En 2026 los hallazgos también fueron muy numerosos, aunque el Juzgado no brinda la cifra.
Indicó que actualmente, unas 35 personas trabajan de manera diaria en el predio mediante el uso de excavadoras y clasificadoras de áridos. Las muestras son recuperadas, procesadas y analizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense en la provincia de Córdoba.
“Tiene que haber más de 38 identificaciones en el mediano plazo“, remarcó el juez federal al referirse al volumen de muestras genéticas que se encuentran en etapa de estudio.
Vaca Narvaja evitó estimaciones numéricas, porque explicó que las identificaciones dependen tanto de la calidad de ADN que conservan los fragmentos óseos como de la disponibilidad de material para las contrapruebas, es decir, de que los familiares de los desaparecidos hayan aportado muestras para cotejar los ADN.
“En el caso de las primeras identificaciones, un diente permitió la identificación de las mellizas Carranza de San Francisco”, detalló Vaca Narvaja al ejemplificar la precisión del análisis de ADN. No se logró establecer a cuál de ambas hermanas desaparecidas correspondía esa pieza dental.
La búsqueda de información y el pacto de silencio
La investigación judicial determinó que en el traslado masivo de restos realizado en 1979 habrían intervenido alrededor de 200 personas. A pesar de los años transcurridos, los imputados y condenados mantienen un pacto de silencio, tanto respecto de los sitios de las fosas comunes como del destino final de los cuerpos, que fueron trasladados ante la posibilidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inspeccionara la zona.
“El pacto de silencio de los responsables de estos crímenes, se ha mantenido y se mantiene. Con la publicidad del avance de la causa y de los hallazgos que estamos logrando, se ha acercado gente al Juzgado y nos han señalado nuevos lugares de enterramientos clandestinos. Pensamos que hay mucha más gente que tiene conocimiento de todo esto y les pedimos que se acerquen. Los militares podrían tener un gesto humano y cristiano e indicar dónde están los cuerpos. Hasta ahora no lo hicieron, pero nosotros seguiremos buscando“, dijo Vaca Narvaja.
Frente a esta situación, el juzgado solicitó que cualquier persona con información sobre el destino de los cuerpos o enterramientos se acerque a brindar datos. La Justicia garantiza la reserva de identidad y la protección legal correspondiente.
