Como parte del plan “motosierra” llevado adelante por Javier Milei y Luis Caputo, y para lograr el tan ansiado superávit fiscal en el primer trimestre, fue clave la desafectación de empleados estatales y el recorte de fondos a las empresas públicas muchas de las cuales están directamente vinculadas al sector científico y tecnológico. Muchas de ellas avanzan con proyectos estratégicos para el sector productivo y energético, y son “captadoras” del conocimiento que se genera en las universidades nacionales.
Claro que, el argumento del gobierno se corre de su rol estratégico y mide, como lo hizo el ministerio de Economía, cuánto perdieron: Según Economía la cifra asciente a USD 18.035 millones durante la gestión de Alberto Fernández.
Así, en el marco del ajuste fiscal aplicado por el Ejecutivo, durante los dos primeros meses de 2024, Aerolíneas Argentinas, Intercargo y ARSAT no recibieron transferencias por parte del Tesoro, mientras que la firma de energía ENARSA concentró el 60% de los fondos girados, aunque con una caída interanual del 47%.
La otra gran destinataria de los recursos fue Operador Ferroviario SE, que recibió en ese plazo $81.474 millones sobre $336.000 millones presupuestados para este año. Sin embargo, si se la compara con el primer bimestre del 2023, esta partida también tuvo un recorte en términos reales superior al 47%.
Cierre de empresas públicas
A estos recortes y a la evaluación del cierre de varias empresas públicas, se suma la baja de 15.000 contratos de empleados estatales oficializada en los últimos días, y la reducción del tiempo de renovación del resto, por lo cual la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará el próximo miércoles 3 de abril un paro con ingresos a ministerios y organismos nacionales.
En relación a las partidas asignadas por la Administración Central a las compañías estatales, las mimas sufrieron, de acuerdo a la agencia Noticias Argentinas, un recorte del 53% en términos reales, a la vez que, de un crédito de $2,5 billones vigente para este año, en enero y febrero el gasto devengado fue de $300.000 millones.
Además de Aerolíneas Argentinas, Intercargo y ARSAT, las firmas públicas más perjudicadas por el ajuste del Gobierno nacional al no recibir fondos fueron la Administración General de Puertos; la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA); Nucleoeléctrica Argentina; Tandanor; Dioxitek SA; Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias SA, y el Polo Tecnológico Constituyentes SA.
Por su parte, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), en donde hubo alrededor de 200 despidos en lo que va del año, sufrió en enero y febrero una reducción del 98,5% en los fondos que recibió del Tesoro. En una situación similar se encuentra la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que tuvo recortes del 91,7%.
Las pérdidas, fundamentan el ajuste para el Gobierno
Según el ministerio de Economía, las compañías de gestión estatal que ahora experimentan recortes perdieron entre 2020 y 2023, durante el gobierno anterior, USD 18.000 millones, la mayor parte de los cuales corresponde a subsidios a la energía y al transporte ferroviario.
En este sentido, las que registraron un mayor déficit fueron ENARSA y las prestadoras de agua corriente y servicios de trenes, seguidas por Aerolíneas Argentinas, con una caída de casi USD 3.000 millones en tres años.
Sólo en 2023, las operaciones de las empresas públicas no financieras arrojaron un saldo negativo de $1,6 billones, que al tipo de cambio oficial promedio de 2023 ($295,21) equivale a USD 5.440 millones. De esta forma, si se tiene en cuenta el período 2020-2023, las pérdidas de las empresas públicas representaron USD 18.035 millones.
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