Luego de haber planteado una serie de reformas en el capítulo sobre educación de la Ley Ómnibus original, el Poder Ejecutivo planea enviar al Congreso un proyecto de ley que reúna las intenciones anunciadas en diciembre.
Las reformas que se pretenden convertir en ley incluyen un examen obligatorio al terminar la escuela secundaria, así como la posibilidad de arancelamiento de las universidades públicas para estudiantes extranjeros.
Reforma
De esta forma, el Gobierno nacional pretende modificar el artículo 95 de la Ley de Educación Nacional sobre la evaluación del sistema educativo para impulsar un examen integrador obligatorio al terminar la escuela secundaria.
Otras propuestas de reforma para el sistema universitario incluyen permitir a las universidades ofrecer un examen de ingreso como alternativa a un curso de nivelación. Es importante destacar que estos mecanismos no deben tener un carácter selectivo excluyente.
También se mantiene en la agenda la propuesta de evaluar a los docentes cada cinco años, una iniciativa que el presidente Javier Milei había mencionado durante su discurso de lanzamiento del Compromiso Federal por la Alfabetización.
Aranceles para estudiantes extranjeros en universidades públicas
El proyecto de ley también planea reflotar el arancelamiento universitario para extranjeros que no tengan residencia. Esto, igualmente, mantendría la gratuidad de los estudios de grado en las universidades estatales para “todo ciudadano argentino nativo o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país”.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, adelantó que volverá a la carga sobre aspectos que quedaron fuera de la ley Bases a raíz de los sucesivos filtros a los que la redacción original se fue sometiendo.
Así, además de que se buscaría prohibir el ingreso de personas sin secundario completo en la educación superior, algo que se permitía para mayores de 25 años en casos muy específicos, se autorizaría a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes.
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