Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y el nuevo presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió sobre la “crisis profunda” en el sistema universitario y científico por la continuidad del ajuste definido por el Gobierno nacional.
Alpa, quien fue secretario de Políticas Universitarias durante el gobierno de Alberto Fernández y pertenece al bloque peronista del CIN, señaló que en 2025 se está profundizando el deterioro de los salarios docentes y el desfinanciamiento del sistema científico, y que volvieron a quedar desactualizados los gastos de funcionamiento. Por otro lado, también destaca el acuerdo entre las universidades públicas y privadas para avanzar con una reforma que organice los planes de estudio por créditos académicos, entre otros puntos.
“Estamos atravesando uno de los momentos más críticos del sistema universitario. Un año después de la marcha de abril, estamos peor. En términos salariales, la pérdida real del poder adquisitivo para docentes y no docentes ya supera los 80 puntos, lo que representa una caída del 33% en los ingresos”, dijo Alpa, en diálogo con el medio Infobae.
“La situación se agrava porque llevamos dos años sin presupuesto, y algunas partidas siguen con los valores de 2023. Incluso en áreas como ciencia y técnica –que ya estaban mal financiadas–, no solo no se actualizaron los montos, sino que en 2023, en muchos casos, ni siquiera se ejecutaron los fondos asignados”, sostuvo.
Gastos de funcionamiento
Con respecto a los gastos de funcionamiento, hubo una actualización parcial en 2024, después de la primera marcha, pero aún falta contemplar la inflación del 117% de ese año.
Para calcular los montos de 2025, el Gobierno sumó lo transferido en 2024 y lo dividió por 12 meses, sin considerar el desfasaje de los primeros meses del año pasado, explicó el rector de la UNLPam. Hubo un recorte nominal del 33% en todas las universidades del país.
Becas
El sistema de becas también se vio muy afectado. La beca Progresar redujo a la mitad la cantidad de beneficiarios y el monto actual es de 50.000 pesos, muy lejos de su capacidad de sostén real. Esa ayuda antes llegaba al 20% de los alumnos de nuestras universidades.
La beca Manuel Belgrano, para carreras estratégicas, mantiene la cantidad de destinatarios –36.000 estudiantes–, pero debería haberse actualizado en línea con el salario de un ayudante de segunda (unos 280.000 pesos) y permanece en solo 80.000 pesos. Es difícil que ese monto le sirva a un estudiante.
Infraestructura
En cuanto a infraestructura, no se ejecutó ninguna obra en todo el año, a pesar de que muchas tenían financiamiento internacional, por ejemplo de la CAF. En el área de ciencia y técnica, la situación también es crítica: la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación ha sido prácticamente desarmada, y el año pasado ni siquiera se transfirieron los fondos de investigación correspondientes a las universidades. Como no se ejecutaron en 2024, esos recursos ahora tampoco están contemplados en el presupuesto prorrogado para este año.
Un 2025 con ajuste
Alpa advierte que en 2025 se está profundizando el deterioro de los salarios docentes y el desfinanciamiento del sistema científico.
–Ante este panorama, ¿qué evaluación hacen de las marchas y del apoyo social que recibieron durante el año pasado? ¿Cómo proyectan seguir?
“Vemos el respaldo de la sociedad. Todos queremos la estabilidad macroeconómica. Pero la gran pregunta es: ¿a costa de qué? En 2024, a partir de la masiva movilización en defensa del sistema universitario, logramos avances importantes como la actualización de los gastos de funcionamiento. En octubre obtuvimos un incremento adicional del 5,8% para salarios docentes y no docentes, y logramos una garantía salarial específica para el sector no docente”, señaló el rector .
Lo que estamos planteando ahora es la necesidad de contar con una ley de financiamiento universitario. No podemos planificar si no tenemos reglas claras. El año pasado se sancionó una ley, pero fue vetada. Por eso ya comenzamos a trabajar en una nueva propuesta desde el CIN, junto con la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical. Tuvimos una primera reunión con el objetivo de pensar una ley que no sea solo una respuesta coyuntural, sino que nos permita mirar hacia el futuro.
Estamos evaluando alternativas, como vincular el financiamiento universitario a un porcentaje de la recaudación tributaria. No se trata de desordenar las variables macroeconómicas, pero sí de garantizar un piso de financiamiento previsible, porque sin eso, el funcionamiento básico del sistema no puede sostenerse. Estamos trabajando para poder reunirnos con legisladores a mediados de mayo y avanzar en una propuesta concreta.
Yo suelo comparar esta situación con una familia que, por estar endeudada, decide alimentar menos a sus hijos durante dos o tres años. Aunque luego mejore su situación, lo que no les dieron en esa etapa no se recupera más. Y eso es lo que pasa con el sistema universitario: aunque el ajuste fuera transitorio, el daño ya está hecho. Se nos están yendo científicos; países como Brasil, por ejemplo, hoy ofrecen condiciones más favorables. La calidad educativa también se ve afectada: recordemos que el 75% de nuestros docentes tiene dedicación simple, y ante sueldos de 200 mil pesos, muchos deciden buscar otras alternativas laborales.
Las medidas de fuerza impulsadas por los gremios son legítimas y necesarias desde el punto de vista sindical, pero desde nuestro lugar el enfoque está puesto en asegurar los recursos. Es evidente que, si entre el 90% y 95% del presupuesto universitario se destina a salarios, nuestra principal preocupación tiene que ser la defensa del trabajo de docentes y no docentes. Los recursos humanos son la esencia del sistema universitario.
En cuanto a la infraestructura, existe financiamiento internacional –como el de la CAF– que se había gestionado específicamente para obras en universidades, pero esas inversiones no se están ejecutando. No sé qué ocurrió con los fondos. Sabemos que el Gobierno actual ha decidido, como política general, cancelar todas las obras públicas.
–¿Cómo están pensando la ley de financiamiento? ¿Mantienen la idea de impulsar una consulta popular para intentar “blindarla”?
–Estamos trabajando para llevar una propuesta a los legisladores. La idea es incluir indicadores concretos y mecanismos de financiamiento que permitan garantizar una base salarial y de funcionamiento mínima.
Queda claro que los recursos están. Entre diciembre de 2023 y enero de 2025, las transferencias a las universidades para salarios aumentaron un 103%, mientras que la inflación fue del 180%: hubo una pérdida de casi 80 puntos. Sin embargo, los ingresos tributarios del Estado aumentaron un 221%, según datos oficiales. Eso demuestra que existía margen fiscal para financiar el sistema universitario.
Con respecto a la idea de impulsar la ley vía consulta popular, eso es algo que debería definir el Congreso. Más allá de las estrategias políticas, el Congreso debe ser el que garantice el financiamiento de las universidades. El Poder Legislativo las crea, las financia, las interviene y las audita.
Las universidades necesitamos poder planificar a mediano y largo plazo. Abrir una carrera implica una proyección mínima de cinco, seis, diez años. Necesitamos saber si vamos a tener presupuesto para sostenerla, si va a haber fondos para laboratorios y equipamiento. Estamos hablando del futuro del país. Si no tenemos universidades, ¿quiénes van a ser nuestros profesionales en cinco años, cuando –supongamos– estén estabilizadas las variables macroeconómicas y tengamos inversiones?
La calidad del sistema universitario argentino siempre fue reconocida, incluso con niveles de inversión muy por debajo de otros países. Históricamente, Argentina destinó alrededor del 0,8% del PBI a su sistema universitario. España, por ejemplo, con una población similar –pero con la mitad de estudiantes de grado– y con universidades aranceladas, también invierte cerca del 0,8%. Alemania llega al 1%. Nosotros hemos bajado al 0,6%, es decir, perdimos un tercio del esfuerzo que hacíamos como país.
El sistema argentino se sostiene por su gente. El 75% de nuestros docentes tiene dedicación simple. Son profesionales que se formaron en la universidad pública y que quieren devolver parte de lo que recibieron. Pero hay un límite: si el salario cae a 200 mil pesos, como está ocurriendo, muchos buscarán otras tareas.
La universidad argentina es eficiente y es de excelencia. No lo decimos solo nosotros ni los rankings, sino las universidades extranjeras que reciben a nuestros estudiantes en intercambios o posgrados. Nuestros chicos y chicas se destacan adonde vayan. Eso es lo que estamos empezando a perder, y lo vamos a pagar caro en el futuro.
–¿Cómo continúa el diálogo con el Gobierno nacional?
–A principios del año pasado hubo una primera reunión de plenario con el secretario de Educación (Carlos Torrendell) y con el subsecretario de Políticas Universitarias (Alejandro Álvarez) en la que quedó claro que no estábamos hablando el mismo idioma. Fue un encuentro tenso, donde se intentó instalar este discurso de la “casta” apuntando a los rectores. Pero hay que decirlo claramente: la motosierra está pasando por educación y por salud, no por la política.
De todos modos, el diálogo se ha mantenido. La semana pasada fuimos con el nuevo vicepresidente del CIN (Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario) a una reunión en la Subsecretaría y estuvimos hablando tres horas. El tema es que necesitamos respuestas.
Cuando se achican los ministerios, lo que se reduce no es solo el gasto público, sino el poder de decisión. Hoy, la Subsecretaría de Políticas Universitarias depende de la Secretaría de Educación, que a su vez depende del Ministerio de Capital Humano, y en todos los temas económicos hay que consultar con el Ministerio de Economía. Entonces, aunque el subsecretario nos atiende –más allá de las diferentes miradas, que intercambiamos con respeto–, el problema es que no tiene margen de acción real.
Incluso cuando el subsecretario quisiera convocar una paritaria, no tiene el poder económico para sentarse a negociar. Por eso ni siquiera se convocan las paritarias: directamente se envían los fondos que el Gobierno define sin discusión. Entonces, el diálogo existe, pero está vaciado de poder de decisión.
La entrevista completa en:
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