Periferia

20 de Octubre de 2026

Advierten que Milei quiere “matar científicamente” a la investigadora que detectó plaguicidas en ambiente y personas

El abogado de Virginia Aparicio cuestionó el sumario del INTA y advirtió que una exoneración podría excluirla de toda la Administración Pública Nacional, incluso del CONICET.

Mario Bolla, abogado de Virginia Aparicio, la científica del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que investigó la presencia de plaguicidas en personas y ambientes rurales de refirió al sumario administrativo que enfrenta la investigadora y que podría derivar en su exoneración.

El letrado cuestionó las imputaciones contra su defendida, defendió la validez de los procedimientos científicos y sostuvo que las consecuencias del caso exceden el ámbito laboral.

Al explicar los motivos del sumario, Bolla señaló: “Las razones ocultas no las conozco. Las razones que dieron al inicio del sumario son una serie de cargos que le hacen, unas imputaciones que le hacen a ella, con un presunto mal desempeño, vamos a decir, de sus deberes como investigador y funcionaria pública”. Sin embargo, sostuvo que las acusaciones carecen de fundamentos concretos y cuestionó que se responsabilice a Aparicio por el abandono del proyecto.

Sumario por investigar

En ese sentido, el abogado remarcó que la investigación se desarrolló bajo estándares internacionales y con controles externos. “Todos los resultados, es decir, desde los muestreos hasta el análisis de las muestras y los protocolos que se siguieron, fueron todos con los estándares que se fijaron en el consorcio europeo”, afirmó. Además, destacó que los procedimientos y aspectos financieros fueron auditados desde Europa y consideró que no existen hechos que justifiquen una sanción de semejante gravedad.

Bolla también explicó el alcance que tendría una eventual exoneración para la trayectoria profesional de Aparicio, quien acumula 22 años de carrera en el INTA y es investigadora independiente del CONICET. Según advirtió, la medida no solamente implicaría perder su puesto de trabajo, sino que también le impediría ingresar a otros organismos de la Administración Pública Nacional. “La matan científicamente en Argentina”, sintetizó el letrado, quien calificó la situación como una forma de exclusión profesional y social.

Al referirse a la investigación, Bolla detalló que el proyecto contemplaba la participación de voluntarios de distintos países para analizar la incidencia de los plaguicidas en el organismo humano. En Argentina participaron 73 personas y, de acuerdo con lo expuesto por el abogado, los resultados mostraron una presencia extendida de estas sustancias en las muestras analizadas. “Lo que había en Argentina era una muy alta concentración y todos los voluntarios, los 73 voluntarios o 72 de los 73, arrojaron que tenían 100 por ciento de estas sustancias en su materia fecal”, expresó.

Mario Bolla, abogado de Virginia Aparicio, durante la entrevista con Realpolitik.

Resultados

El letrado relató que estaba prevista una reunión organizada oficialmente por el INTA para comunicar los resultados a los participantes, pero que fue suspendida pocos días antes de su realización. Según explicó, Aparicio recibió instrucciones de abstenerse de divulgar cualquier dato, pese a que la etapa de diagnóstico ya había concluido y las muestras habían sido analizadas en Europa. Para Bolla, las razones de esa decisión no están claras, aunque planteó una hipótesis vinculada con los intereses económicos del sector agropecuario.

Salud pública y consecuencias ambientales
Bolla también vinculó la problemática con la salud pública y describió la situación que observa en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, particularmente en la zona de Balcarce. “Hay cualquier cantidad de habitantes de la zona donde yo vivo, en Balcarce y en la zona del sudeste bonaerense, que están padeciendo cuadros gravísimos de cáncer”, manifestó. Asimismo, señaló que algunos habitantes deben trasladarse a centros sanitarios de mayor complejidad para recibir atención, lo que incrementa la presión sobre el sistema de salud.

Por último, Bolla expresó su expectativa de que las autoridades del INTA reconsideren la sanción propuesta y eviten la expulsión de Aparicio de la Administración Pública. Según indicó, un petitorio en respaldo de la científica ya reunía 17.000 firmas en Argentina, además de adhesiones de investigadores y especialistas. También cuestionó la falta de pronunciamientos institucionales de distintos sectores científicos y académicos, aunque destacó las expresiones de solidaridad recibidas desde el ámbito provincial.

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