El rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Juri, junto al decano de Ciencias Médicas Rogelio Pizzi, firmaron un acuerdo de cooperación con el presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, Patricio Marianello. Así, la Escuela de Salud Pública brindará apoyo científico cuando la Justicia reciba pedidos de amparo por tratamiento de las llamadas “enfermedades catastróficas”.
La problemática de las llamadas “enfermedades catastróficas” no sólo pone en jaque a la economía de las familias y del sistema de cobertura social por el alto costo de los tratamientos, también provoca un dilema en la Justicia cuando llegan los pedidos de amparo por cobertura de medicamentos de alto costo.
Apoyo científico
El convenio de cooperación permite que la Secretaría de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas brinde asesoramiento y apoyo científico a los jueces que reciban pedidos de amparo para la adquisición de medicamentos de alto costo.
Marianello, quien además es juez federal del fuero civil en Ciudad de Buenos Aires, se refirió a las sensaciones que tienen los jueces cada vez que reciben pedidos de amparo de estas características. “Primero sentimos una gran sensibilidad por la situación que sufre una familia, luego está el contexto jurídico de esos amparos y la impotencia de no tener un informe técnico rápido y eficaz. Si bien tenemos un cuerpo médico forense que trabaja muy bien, hay otros campos que requieren otros elementos de análisis para ciertas enfermedades. Por eso vemos la necesidad de vincularnos con otras entidades, como en este caso con la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC”, dijo el magistrado.
“Hay un déficit de recursos humanos en el sector legal, el bioético, en la economía médica y otros sectores para que como países de un bloque regional, como América latina, seamos los que discutamos con las empresas monopólicas que producen estos medicamentos de alto costo”.
Hugo Juri, rector de la Universidad Nacional de Córdoba.
En relación a la campaña iniciada en su gestión para visibilizar este problema, Juri dijo: “Hemos logrado concientizar a nivel nacional sobre esta problemática, pero es poco en términos prácticos lo que hemos obtenido. Hay un déficit de recursos humanos en el sector legal, el bioético, en la economía médica y otros sectores para que como países de un bloque regional, como América latina, seamos los que discutamos con las empresas monopólicas que producen estos medicamentos de alto costo”. Y añadió: “Una empresa no puede negociar con un paciente, es vergonzoso. Esto no pasa en Europa o Estados Unidos, donde existen leyes especiales que hasta le pueden sacar la patente a esas empresas si consideran que hay abuso o monopolio. Tenemos que hacer algo en América latina”.
Cooperación y territorialidad
Por su parte, Pizzi destacó: “La idea de este acuerdo es que la facultad (Ciencias Médicas), a través de la Escuela de Salud Pública, pueda aportar y cooperar, asesorar con nuestros profesionales y equipos técnicos en esta problemática. Tenemos experiencias muy fructíferas que han dado resultados positivos, como en Uruguay con un fondo nacional de recursos para afrontar estas enfermedades. Y como siempre decimos, el trabajo interinstitucional nos potencia”.
