La semana pasada el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) difundió datos de un estudio realizado junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que consigna que tres cuartas partes del trabajo infantil en Argentina se da en actividades rurales o en el sector agropecuario.
La publicación en redes sociales, a través de Twitter, del día 12 de junio, replicaba un mensaje de la OIT, por la celebración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, y recibió el insólito cuestionamiento y rechazo de parte de productores agropecuarios y hasta diputados provinciales que lejos de negar el dato, lo justificaron y validaron como parte de las prácticas tradicionales del agro.
Las conclusiones salieron a la luz a fines de mayo, como resultado de un informe conjunto entre los dos organismos, en un estudio sobre acceso al agua y trabajo infantil en zonas rurales.
El estudio se realizó sobre un relevamiento de 187 hogares distribuidos en distintas zonas rurales de la Argentina ?Centro, Cuyo, Noroeste, Noreste y Patagonia?, donde el INTA y el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) realizaron proyectos especiales del programa Prohuerta para la implementación de tecnologías de acceso al agua en unidades productivas de la agricultura familiar.
En diálogo con Gobierno de Científicos, Matías Crespo Pazos, confirmó los datos y sostuvo que “A nivel mundial hay 160 millones de niños y niñas que trabajan en el mundo, y el 70% lo hace en actividades agropecuarias, y mayormente en actividades que tienen que ver con el autoconsumo o la producción en la finca familiar”.
“A nivel nacional uno de cada diez niños y niñas trabajan y en las áreas rurales esta proporción se duplica pasando dos de cada diez”, dijo Crespo Pazos, y sostuvo que “para abordar la problemática del trabajo infantil implica abordar la forma, las características y la magnitud que asumen las actividades agropecuarias en las áreas rurales”.
El proyecto “Offside” tiene como objetivo aumentar las capacidades de los actores sociales para erradicar el trabajo infantil en actividades agropecuarias. En tal sentido, Crespo Pazos explicó que “por eso el INTA es un socio obligado, por su territorialidad, su capacidad de investigación, su llegada a los productores, su trabajo de extensión y su conocimiento de la heterogeneidad de la Argentina rural”.
“El trabajo infantil no es una problemática sólo del sector agropecuario”, dijo Crespo Pazos, y aseguró que “la norma argentina define penalmente la sanción cuando un niño está trabajando, sea acompañando a su familia o para un tercero, está establecido en el código penal, eso es diferente al niño y la niña que trabajan en la finca familiar para el autoconsumo”. “Ambas requieren abordajes diferentes”, dijo Crespo Pazos.
“Lo importante es que la tarea asignada no debe competir con el tiempo dedicado a la Escuela y al ocio y la recreación”, dijo el especialista y agregó que “si el niño acompaña a la madre a alimentar animales no es trabajo, ahora cuando es una responsabilidad que tiene una cantidad de horas importante y una periodicidad que no le permite recrearse o estudiar ahí si es trabajo”.
“Lo que nos muestra la encuesta es que la matrícula de nivel primario es casi universal, hay poca deserción, pero los problemas empiezan a aparecer cuando entramos en los últimos años de la secundaria, a los 16 años, ahí empieza a darse una tensión entre sostener el estudio e ingresar al mercado laboral”, dijo Crespo Pazos, y agregó que “en las áreas rurales lo que se da es la dificultad de conciliar el aprendizaje del oficio con la oferta educativa”.
“El punto es como volver atractivas, pertinentes, vinculadas a las realidades locales las ofertas educativas para que el oficio se de en el marco del aprendizaje y no de la responsabilidad laboral”, dijo Crespo Pazos, y sostuvo que algunas soluciones aparecen en el horizonte próximo: “con los proyectos especiales del programa ProHuerta que implementó tecnologías de acceso y almacenamiento de agua en grupos de productores familiares, hicimos una revisión de cómo esas tecnologías habían impactado en las actividades que los miembros familiares hacían, desde el acarreo de agua para actividades productivas o para el propio consumo de la familia”.
“Con esas tecnologías, la actividad que realizaban semanalmente, en cantidad de horas, se reducía a la mitad”, dijo Crespo Pazos, y explicó que “esa tarea generalmente era realizada por mujeres y niños y niñas de entre 5 y 12 años”.
El estudio entre el INTA y la OIT
Tras relevar los casos de 497 niños, niñas y adolescentes, distribuidos en 187 hogares de todas las regiones del país, la investigación observó que la mejora en el acceso al agua redujo significativamente el promedio de horas semanales dedicadas a distintas tareas de acarreo y provisión de agua, que pasaron de 4,88 a 2,33. De esta manera, la dedicación de niños y niñas a esas tareas mostró notables disminuciones, particularmente entre quienes tienen de 5 a 12 años, cuya participación en el acarreo de agua pasó del 14 al 3,8 por ciento.
La investigación mostró así un claro contraste en el antes y el después de la implementación de los proyectos del Prohuerta y evidenció los efectos de esas obras en la reducción del trabajo infantil, que en las zonas rurales del país alcanza a 2 de cada 10 niños y niñas de entre 5 y 15 años y representa al 43,5 por ciento de los adolescentes de entre 16 y 17, de acuerdo con la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA).
La educación es uno de los aspectos afectados cuando los niños y niñas asumen parte de la responsabilidad en las actividades productivas. En estos casos, la continuidad educativa se pone en riesgo por falta de tiempo o cansancio. En este sentido, el relevamiento arrojó que el 4,5 por ciento del total de niños y niñas de entre 13 y 15 años, así como el 25,5 por ciento del total de adolescentes, no asisten a la escuela.
Por otra parte, el 85 por ciento de los hogares encuestados consideran que, a partir de la implementación de la tecnología, pudieron dedicar más tiempo a la escolaridad de los niños y niñas; y dar nuevos usos al agua, como alimentación, lavado de ropa e higiene personal.
A su vez, asociado a esta mayor disponibilidad de tiempo, se evidenciaron mejoras de la economía familiar a partir de la incorporación de otras actividades productivas que aumentaron los ingresos familiares y permitieron mejorar el acceso a los alimentos. También se notificaron mejoras en las actividades de la vida cotidiana que requieren un uso doméstico de agua.
Sin embargo, si bien se mejoró el acceso al agua, el informe señala que el 28 por ciento de los encuestados (53 hogares) declaran que la nueva tecnología no los liberó de las tareas de gestión y reparación, y el 41,7 por ciento (78 hogares) afirma que la familia aún debe dedicar tiempo a la limpieza y acondicionamiento de recipientes. En buena medida, esto se debe a que la tecnología de almacenamiento de agua existente en esos hogares son la cisterna (47 por ciento de los casos) y/o el aljibe (23 por ciento de los casos), donde estas tareas resultan imprescindibles.
El estudio señala también una serie de elementos a tener en cuenta para elaborar políticas públicas que permitan erradicar el trabajo infantil y adolescente en las zonas rurales.
El Informe
Escasas oportunidades laborales para los adultos.
El acarreo de leña como actividad que realizan muchos NNyA, que requiere tiempo y esfuerzo físico.
Motivos de abandono escolar relacionados con dificultades de traslado, necesidad de trabajar o de realizar tareas de cuidado en el hogar.
Una importante proporción de trabajo infantil en tareas extra prediales.
Significativo porcentaje de adolescentes en trabajos extra prediales, probablemente en trabajos informales y sin protección social.
En el contexto de la COVID-19, madres y niñas son las que en su mayoría asumen el acompañamiento de las tareas escolares en el hogar.
De esta forma, en el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, el estudio permitió analizar los efectos de la implementación de tecnologías de acceso al agua en la organización del trabajo de las unidades productivas de la agricultura familiar; comprender su contribución a la prevención del trabajo infantil y desarrollar recomendaciones de estrategias, políticas y acciones para la prevención y erradicación del trabajo infantil, y protección del trabajo adolescente.
Matías Crespo Pazos, de perfil
Matías Omar Crespo Pazos es Licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, especializado en Estudios Rurales. Hoy es Oficial del Proyecto “Offside” de la OIT, y estuvo a cargo de la iniciativa de trabajo conjunto con el INTA.
