En Entre Ríos las tres principales ciudades cuentan con ordenanzas que prohíben el uso total o parcial del Glifosato para agricultura intensiva.
Periferia, entrevistó a Mariana Farfán, concejala por Gualeguaychú y diputada provincial electa por Creer Entre Ríos. La legisladora de Creer Entre Ríos apoyó el proyecto que prohíbe el uso, almacenamiento, transporte y venta de Glifosato en la tercera localidad más populosa de Entre Ríos.
“Esta ordenanza marcó un paso más para ampliar las márgenes de la salud colectiva”, dijo Farfán.
La legisladora electa el domingo apuntó que “el glifosato es venenoso para la salud y Gualeguaychú tiene como bandera la lucha ambiental con el tema de las pasteras y con otros temas que venimos protegiendo como el fracking”.
Costo político para Cambiemos
En toda la provincia los legisladores y representantes políticos de Cambiemos se mostraron abiertamente en contra de la aplicación de la norma que prohíbe el Glifosato.
Desde concejales hasta el propio presidente Mauricio Macri se alinearon con los sectores de la producción agrícola de la Sociedad Rural, la Federación Agraria y la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), en rechazo a la norma.
“Con esta ordenanza recogimos el clamor del pueblo de Gualeguaychú”, respondió Farfán, quien recordó que “Macri criticó el fallo que pone límite a las fumigaciones rurales, así como Etchevehere”.
Para Farfán “uno de los apoyos masivos a (Martín) Piaggio (intendente reelecto de Gualeguaychú) fue esta ordenanza”.
“Cambiemos se opuso a esta ordenanza que prohíbe el Glifosato y se mostraron preocupados por los productores, no por la salud del pueblo”, apuntó la legisladora.
Fundamento científico
“La lucha contra los agrotóxicos tiene que ver con decisiones políticas y con cumplir la Ley”, dijo Mariana Farfán, quien agregó que “nosotros hemos hecho estudios que fundamentan la ordenanza”.
“Hubo científicos que estudiaron los efectos nocivos de glifosato” explicó la legisladora en respuesta a la Apresid que la semana pasada reclamó fundamentos científicos para la norma provincial que amplía los límites de fumigación hasta mil metros de las escuelas.
Farfán contó que “esta ordenanza fue judicializada por quiénes comercializan el glifosato”, y respaldó la legitimidad social de las denuncias: “Acá hay un reclamo de vecinos, organizaciones sociales, grupos ambientales que intervienen”.
“Dentro de los considerandos de la ordenanzas hay estudios científicos sólidos. Hay científicos argentinos y universidades que trataron los efectos nocivos con estudios que tiene el glifosato sobre las personas pero cuando hay peligro de daño grave o irreversible”, dijo la legisladora.
Sin embargo, Farfán antepuso la salud colectiva como fundamento de medidas preventivas más allá de la existencia o no de fundamentos de orden científico.
“La ausencia de información científica no debe usarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces”, dijo Farfán, quien concluyó que “no necesitamos certezas científicas para ampliar los márgenes de la salud colectiva”.
