Luego de la decisión del Gobierno Nacional de reasignar 14.000 millones de pesos a 25 de las 57 universidades nacionales, de las cuales 13 se encuentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires, distintos dirigentes de la oposición expresaron sus cuestionamientos y plantearon una discriminación hacia la Universidad Nacional de Catamarca, que no fue incluida en esta medida publicada el 26 de enero.
A ellos se sumó ahora el rector de la UNCA, Oscar Arellano, quien reconoció que es “razonable pensar en un acto discrecional y una discriminación” porque “no se explican ni fundamentan las razones para beneficiar a las 25 universidades”. En esa línea, comentó que la Casa de Altos Estudios de la Provincia ya inició un reclamo administrativo al respecto.
“Nuestra universidad sigue los caminos institucionales para solicitar los fundamentos de esta determinación y reclamar las medidas correctivas que pudieran corresponder en el seno del Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a todas las universidades públicas y en la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación”, explicó Arellano, en un documento que redactó con el aporte de los decanos de las distintas facultades.
Para el rector, la difusión y notoriedad de la Decisión Administrativa 54/2023, que respaldada por el Ministerio de Economía, “pone en análisis y tela de juicio estos mecanismos de modificación presupuestaria a través de Jefatura de Gabinete que, a nuestro criterio, dan margen a una cuota de discrecionalidad que es inconveniente para una distribución justa, prudente y estratégica de los recursos financieros”.
De igual manera, Arellano consideró que “independientemente de la razonabilidad o discrecionalidad de la medida, es una oportunidad para reflexionar sobre el presupuesto universitario y su vínculo con la educación en general y con la calidad académica, científica y tecnológica universitaria y el posible impacto de esta con el desarrollo nacional”.
“Política de Estado”
“La educación permite reducir las brechas de desigualdad y asimetrías de una región a otra que en nuestro país son históricas y profundas (como las de la pampa húmeda comparada con el NOA, por ejemplo). Como universitarios estamos convencidos que la educación, la ciencia y la tecnología son un motor fundamental en el crecimiento y desarrollo de los pueblos”, apuntó.
En ese sentido, consideró que “la educación debe ser una política de Estado a largo plazo que debe tener como correlato la asignación de fondos para llevarla a cabo”.
“El Gobierno Nacional, a través de la asignación y reasignación presupuestaria ejerce un rol de coordinación central y condiciona las políticas educativas en todos los niveles y es relevante en el nivel universitario”, agregó.
87% en gasto de personal
El titular de la UNCA citó un análisis del presupuesto asignado a la Educación en todos sus niveles en América Latina, realizado por el economista Javier Curcio en 2017, en el que se detalla que la distribución porcentual del gasto corriente en personal, resto de gastos corrientes y gastos de capital, muestra que Argentina “posee el mayor porcentaje de toda Latinoamérica en gastos de personal que ronda el 87% del total, el resto es para gastos corrientes (funcionamiento y mantenimiento de las instituciones educativas) y gastos de capital (infraestructura y equipamiento)”.
“Si se analiza solo el sistema universitario argentino, la distribución de gastos es similar, un 90% aproximadamente para gastos de personal y un 10% para funcionamiento y mantenimiento a lo que se debe sumar ciencia y tecnología (menos del 1% del total). La insuficiencia de fondos para desarrollar a pleno las funciones fundamentales de la Universidad pública fue generando diferentes mecanismos e instrumentos para el financiamiento extrapresupuestario de estas actividades, las que dependen básicamente de decisiones políticas del poder de turno”, cuestionó.
“Por ejemplo, la creación de nuevas carreras que atiendan la demanda de nuevos perfiles técnicos y profesionales que reclama el contexto socioproductivo y que requiere la incorporación de docentes para su dictado, laboratorios, equipamientos, software, conectividad, etc, exige que la Universidad presente un programa ante la Secretaría de Políticas Universitarias para la implementación de estas nuevas carreras, lo que tiene que ser aprobado y financiado a través de contratos programas por parte de Nación. Este mecanismo hace que no todas las universidades tengan iguales posibilidades de que el financiamiento les sea otorgado”, indicó.
De la misma manera, sostuvo el rector, los gastos de infraestructura se gestionan y asignan por fuera del presupuesto asignado a cada universidad. “El análisis de la distribución de esos fondos muestra que la asignación de obras no es equitativa. Esto condujo, por ejemplo, a que Universidades del conurbano bonaerense que tienen menos de 15 años tengan un crecimiento muy importante en cuanto a infraestructura mientras que en otras como la nuestra, de más antigüedad, el crecimiento es lento y paulatino”, remarcó.
Asignación “paupérrima”
Al respecto, consideró que la asignación presupuestaria para ciencia y tecnología en las universidades “es paupérrima y absolutamente insuficiente”, lo que los “obliga a buscar en otras ventanillas los recursos”. “En esta búsqueda de fondos tienen ventaja competitiva las grandes universidades con equipos científicos consolidados, en desmedro de aquellas que por contexto o historia no tienen la suficiente masa crítica de científicos. A pesar de la escasa asignación presupuestaria para ciencia y tecnología de las universidades, el sistema universitario sigue siendo el más prolífico en la producción científica”, opinó.
Finalmente, indicó que una fuente adicional de recursos son los servicios a terceros, convenios con instituciones y empresas, entre otras. “Para las universidades localizadas en un entorno productivo y empresarial desarrollado esta vía de ingresos es muy importante. Eso no ocurre con universidades como las de Catamarca, hecho que profundiza las asimetrías existentes”, expresó.
Caída en calidad educativa
Por otra parte, el rector señaló que Argentina “pasó de ser un ejemplo mundial por su calidad educativa a dejar de serlo en la actualidad”.
“La pérdida o disminución de la calidad educativa parece ser una de las principales causas de este retroceso. A pesar de ello, los profesionales y técnicos egresados de universidades argentinas siguen siendo prestigiosos y demandados en el mundo”, valoró.
En ese contexto, advirtió que “nuestras sociedades registran un alto nivel de pobreza e indigencia que viene creciendo paulatina y sostenidamente en los últimos años”.
“La indigencia y pobreza son un elemento de exclusión educativa en todos los niveles, pero aún más en el nivel universitario. Pobreza y bajo nivel educativo son dos graves problemas sociales que debemos erradicar para lo que se requiere un profundo compromiso de la clase política y no solo meras acciones declarativas. La solución y el camino es, sin ninguna duda, más y mejor educación para todos con una distribución justa, equitativa, estratégica y federal de los recursos presupuestarios que permita una educación inclusiva y de calidad en todo el territorio nacional”, opinó.
Testimonios: El Ancasti.
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