En un intercambio con comunicadoras feministas y editoras de género, la presidenta de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap), Ana Lía Allemand, dijo que, para 2023, la Anmat tendrá registrada la producción pública del tratamiento combinado de mifepristona y misoprostol. Este protocolo se considera el “estándar de oro” de la medicina para realizar interrupciones del embarazo. Resta cumplir algunas etapas, pero la opción de producción pública va a permitir garantizar el acceso regular en las provincias, el precio y la disponibilidad de medicamentos.
Por el momento, se están haciendo desarrollos de laboratorio para cumplir con especificaciones, que son muchas, pero “hacen que el producto sea seguro, eficaz y de calidad”. Después se pasaría al proceso de inscripción, de conformación del dossier y de verificación de esa robustez de los datos”.
La mifepristona, el medicamento que se usa junto con el misoprostol para realizar interrupciones del embarazo, no está comercializada aún en Argentina. En junio de 2022, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva incorporó el combo a su canasta de insumos con la autorización de la Anmat. Con el apoyo de Fos Feminista, se logró la primera disponibilidad de 25.000 protocolos y luego se compraron 50.000 mediante el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).
Combipack
El “combipack”, cuyo nombre comercial es Medabon, ya está autorizado y se comercializa en países de alta vigilancia farmacológica, como Bélgica o Inglaterra. Por eso, lo que hizo la Anmat no fue evaluar el producto en sí, sino autorizar su distribución gratuita, explicó Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
Hay que pensar, introdujo la ministra de Salud, Carla Vizzotti, que para la garantía de interrupciones voluntarias o legales del embarazo (IVE o ILE), hay dificultades estructurales en nuestro sistema de salud, por estar esencialmente fragmentado. Es decir, la salud nacional tiene un rol rector, las provincias se encargan de su ejecución y, en algunos casos, lo hacen los municipios. Pero, además, hay un subsector privado de la seguridad social que es provincial, universitario, del Ministerio de Defensa, prepagas, etc. “Son todas barreras para el acceso a la salud, en función del financiador que te toca, en función de la provincia que te toca y en función también de si está municipalizada”.
A esas barreras se les agregan otras específicas, relacionadas con la obstrucción del acceso a derechos, particularmente relacionados con los sexuales y reproductivos: dilaciones, objeciones de conciencia, etc. Sin embargo, reconoció Vizzotti, el sistema de salud ha tenido un fortalecimiento enorme en el último tiempo por la pandemia, no solamente en relación con la COVID-19, sino también con equipamiento que lo trasciende.
