La Fiscalía de Estado bonaerense apeló el fallo de un juez de Mar del Plata que prohibió la comercialización del trigo transgénico HB4 en la provincia, por lo que esa medida quedó sin efecto. De esta manera, los productores que así lo deseen podrán acceder a la compra del producto, que fue autorizado en el país en mayo pasado. La medida cautelar fue promovida por el colectivo de pueblos fumigados, organizaciones socioambientales y comunidades indígenasm, que también apelaron la sentencia.
Como consecuencia de esta nueva resolución judicial, el debate en torno al HB4 resistente a la sequía sumó así un nuevo capítulo. Fue diseñado por especialistas del Conicet y de la Universidad Nacional del Litoral, liderados por Raquel Chan, referente del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral en Santa Fe, en colaboración con Bioceres, la compañía local que tendrá la patente por dos décadas. El conflicto gira en torno al trigo modificado y a la necesidad del glufosinato de amonio, herbicida que se emplea para su cultivo y es tóxico, tanto para el ambiente como para la salud de las poblaciones.
CONFLICTO SIN FIN
A partir de la modificación genética lograda por la ciencia doméstica, las plantas necesitan menos agua y tienen más tolerancia a la sequía. Desde la perspectiva de los defensores del descubrimiento, se asegura que esta tecnología –que incorpora al trigo un gen del girasol, el HAHB-4–podría ubicar a Argentina como uno de los principales faros en el campo de la biotecnología aplicada a problemas concretos; al tiempo que promete el ingreso de divisas y la generación de miles puestos de trabajo. En tanto, desde el punto de vista de los detractores, el trigo transgénico es definido a partir de los potenciales riesgos que provoca: el glufosinato de amonio, que se utiliza con el trigo modificado, es tóxico y está prohibido en diversas naciones.
En diciembre de 2020, decenas de personas que observaban en el transgénico una amenaza presentaron un amparo, con el propósito de cuestionar la liberación al ambiente y el uso del trigo HB4 y el herbicida glufosinato de amonio en la provincia de Buenos Aires. También alegaban en su favor que había una Ley (12.822) de 2001 que no operaba en la práctica, por intermedio de la cual la Provincia debía propiciar la creación de una Comisión en Biotecnología y Bioseguridad Agropecuaria. El objetivo de esta medida sería, precisamente, para que examine la viabilidad de la producción de los transgénicos y elaborase informes técnicos sobre los efectos ambientales y en la salud de las poblaciones. El argumento se fundaba en que, a 21 años de su sanción, el Ejecutivo bonaerense no había puesto en funcionamiento dicho espacio, porque la normativa no estaba reglamentada.
