El Premio Nobel Alternativo en Suecia, Raúl Montenegro, y el abogado ambientalista Juan Smith, denunciaron a José Luis Antúnez, Director de Nucleoeléctrica, la empresa encargada de operar las centrales nucleares de Embalse y Atucha I y II, por firmar el contrato con China para la construcción de la cuarta central nuclear del país (Atucha III), que estará emplazada en la localidad bonaerense de Lima.
Según los denunciantes, la firma se da “en abierta violación a leyes argentinas”, y afirman que “los residuos radiactivos de Atucha I y II –al igual que los residuos altamente radiactivos que produciría el Hualog One chino (Atucha III) son peligrosos por más de 200.000 años”.
Denuncia penal
El biólogo Raúl Montenegro y el abogado Juan Smith, con patrocinio legal del abogado Fabián Maggi, “denunciaron penalmente al Director de Nucleoeléctrica Argentina, José Luis Antúnez, por haber firmado contrato para la construcción del reactor nuclear chino Hualong One en abierta violación a leyes argentinas”. Así lo informó la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM).
La denuncia fue presentada ante el Fiscal Federal de Campana, Sebastián Bringas, en la provincia de Buenos Aires.
“El Gobierno nacional pretende –ilegalmente- que Atucha III sea de tecnología china, una planta entregada llave en mano, y alimentada con uranio enriquecido. El reactor chino, experimental y con escasísima experiencia de funcionamiento, ya sufrió un accidente en China. Costará más de 13.000 millones de dólares y produciría, junto a Atucha I y II, menos de un 8% de la energía eléctrica generada en Argentina”, afirman los denunciantes.
“Fábricas de galletitas”
Raúl Montenegro, es presidente de FUNAM y premio Nobel Alternativo 2004. Montenegro indicó que tanto el gobierno nacional actual, como los anteriores, “vienen decidiendo la instalación de reactores nucleares de potencia e investigación como si fueran fábricas de galletitas, violando impunemente leyes que todos debemos cumplir sobre Evaluación de Impacto Ambiental y Audiencia Pública”. Recordó que ya existen cerca de la ciudad de Pilar “los reactores Atucha I y II en operación, y un CAREM-25 en construcción”.
“El señor José Luis Antunez que firmó ilegalmente el contrato con China, y los funcionarios nacionales y de la provincia de Buenos Aires que lo acompañaron en esa firma, han comprometido gravemente la seguridad de Argentina. No solamente aumentan la peligrosidad del complejo Atucha, sino que omiten explicarle a la sociedad que en caso del peor accidente posible, un reactor como el Hualong One chino puede afectar gravemente a las personas, y al ambiente, en un radio de 500 a 700 kilómetros”, agregó el biólogo.
“Peor aún, el Estado Nacional ni siquiera preparó a los habitantes de varias provincias para enfrentar accidentes posibles nivel 7 que pudieran sufrir Atucha I o II. Apenas hace unos simulacros para accidente menor, 10 kilómetros alrededor de cada planta. No hay además suficientes hospitales aptos, ni personal especializado para tratar los casos de personas contaminadas radiactivamente. Le impondría además al país riesgos enormes, pues en caso del peor accidente posible, nivel 7 en la escala del INES (*) “además de las víctimas por contaminación radiactiva, provocaría un colapso territorial y económico en el centro del país. Incluso podría afectar la mayor parte de Uruguay”, puntualizó el Presidente de Funam.
“Vulnerabilidad a ataques terroristas”
“Tampoco consideraron, como ha quedado dramáticamente demostrado en Ucrania, que la presencia de reactores nucleares de potencia, en este caso concentrados en Lima, nos torna muy vulnerables a ataques terroristas y conflictos de todo tipo. Ni los reactores nucleares de potencia, ni sus depósitos de combustible nuclear agotado, pueden resistir por ejemplo el choque de un avión comercial de gran porte”, señaló Montenegro.
“La decisión que tomó el señor José Luis Antunez con el apoyo de los gobiernos nacional y de la provincia de Buenos Aires solo beneficia a la corporación china, a sus empresas asociadas en Argentina, y al lobby nuclear local. Fomentar la peligrosa energía nuclear de potencia en un país como Argentina, que tiene generosas fuentes convencionales y alternativas, es un acto de irresponsabilidad que compromete el presente y futuro de muchas generaciones de argentinos. Los residuos radiactivos de Atucha I y II –al igual que los residuos altamente radiactivos que produciría el Hualog One chino- son peligrosos por más de 200.000 años. Todo para producir raquíticas cantidades de energía eléctrica”.
“Mientras en Estados Unidos el proceso de evaluación y autorización de una nueva central nuclear demanda unos 12 años, y el proceso de interacción con vecinos y comunidades afectadas –dentro de esos 12 años- insume unos 3 años, en Argentina se firman alegremente contratos ignorando las leyes y la opinión de las personas”, dijo Montenegro.
“Recordemos que Argentina es el único país de América Latina y Caribe que sufrió el peor accidente nuclear de la región, nivel 4 en la escala del INES, y tiene el dudoso privilegio de tener la primera víctima fatal y 17 personas contaminadas en el accidente del reactor RA-2 de Constituyentes, en 1983”, completó Montenegro.
Emprendimiento de alto impacto en salud
Por su parte Juan Smith precisó: “Por un lado se les consulta a los pueblos, dentro de una larga lista de problemáticas (inflación, desocupación, inseguridad), si tienen como prioridad el cuidado del ambiente y la salud, y por el otro se los mantiene desinformados respecto de emprendimientos públicos y privados de alto impacto en sus vidas, como es por ejemplo la instalación de una central nuclear de potencia. Esa distorsión es por donde se cuelan estas desatinadas ideas, como es la de seguir sosteniendo y empujando este tipo de energías”.
Antúnez: “Atucha III va a dejar una deuda y una central funcionando por 60 años”
El abogado ambientalista, quien acompaña numerosas luchas de comunidades afectadas por gobiernos y empresas que violan la ley, señaló, además, que “esa desinformación se vuelve mucho más profunda, pues lo que los pueblos desconocen son los derechos que el orden público ambiental vigente les acuerdan. Si uno desconoce que tiene derechos, desconoce y no advierte cuando son vulnerados”.
Finalmente, el abogado Fabian Maggi expresó: “El marco normativo que se confronta en la denuncia responde a los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 41 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y 28 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, el incumplimiento de pactos internacionales –artículos 1 y 26 del Pacto de San José de Costa Rica y artículo 7 del ‘Acuerdo de Escazú’- y del incumplimiento de numerosas normas de orden público, nacionales, tales como las leyes 24.354, 25.675, 27.566, y provinciales, como la ley 11.723, entre otras”.
Atucha III
La energética estatal Nucleoeléctrica Argentina y la Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC) firmaron el contrato para la construcción de la cuarta central nuclear argentina, Atucha III, un reactor de 1.200 megavatios eléctricos (Mwe) que se instalará en el Complejo Nuclear Atucha de la localidad bonaerense de Lima.
El proyecto forma parte del Plan de Acción de Nucleoeléctrica Argentina, aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional el 23 de junio del año pasado, y supone una inversión superior a los US$ 8.000 millones.
El contrato EPC (ingeniería, compras y construcción, por sus siglas en inglés) prevé la provisión de la ingeniería, construcción, adquisición, puesta en marcha y entrega de una central del tipo HPR-1000, que utilizará uranio enriquecido como combustible y agua liviana como refrigerante y moderador.
Atucha III tendrá una potencia bruta de 1.200 MWe y una vida útil inicial de 60 años, y permitirá ampliar las capacidades nucleares nacionales gracias a la transferencia de tecnología para la fabricación de elementos combustibles.
De acuerdo con los cronogramas previstos, las obras de construcción comenzarán a fines del corriente año y requerirán la creación de más de 7.000 empleos y una integración aproximada del 40% de proveedores nacionales.
