Un grupo de investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló este martes que durante la convulsión social a fines de 2019 en Bolivia se registraron masacres de fuerzas militares y policiales contra civiles, incluyendo “ejecuciones sumarias”.
Jorge Ramiro Tapia, embajador de Bolivia en Argentina, aseguró que se está haciendo el peritaje correspondiente y las autopsias para entender lo que pasó.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, que investigó esos incidentes, dio a conocer su informe en La Paz al presidente Luis Arce.
Patricia Tappatá, integrante del GIEI, dijo que “al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas”.
La investigación abarcó desde fines del gobierno del izquierdista Evo Morales hasta el comienzo de su sucesora, la senadora derechista Jeanine Áñez.
Durante la gestión de la mandataria interina se registraron dos hechos graves: el 15 de noviembre en la localidad de Sacaba, cercana a la ciudad de Cochabamba (centro), y cuatro días después en la planta de gas de Senkata, en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz.
En Sacaba se registraron 11 muertos y en Senkata otro número igual. Tappatá dijo que el GIEI “no duda” en calificar esos hechos “como masacres”.
En Sacaba, una zona con fuerte influencia de cocaleros, los leales aliados de Morales, el grupo de investigación contó con el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que permitió “inferir” que algunas de las muertes fueron por “ejecuciones sumarias”.
El presidente Arce, tras conocer el informe divulgado en un acto público en la ciudad de La Paz, anunció reparaciones para las víctimas.
Además, dijo que el informe relata con “claridad las graves violaciones de derechos humanos, masacres y ejecuciones extrajudiciales que sucedieron en nuestro país durante el golpe de Estado” contra su mentor político Morales.
Anunció que su gobierno impulsará un juicio de responsabilidades o de privilegio contra Áñez y su gobierno.
La exgobernante está encarcelada de manera preventiva desde marzo pasado, mientras la Fiscalía investiga lo ocurrido durante su gobierno de noviembre de 2019 a noviembre de 2020.
Bolivia se sumergió en una fuerte crisis en 2019, tras las elecciones de octubre de ese año. Los resultados de los comicios favorecieron a Morales, en el poder desde 2006 y con la intención de extender su gestión hasta 2025.
Empero, la oposición lo acusó de haber hecho fraude y las protestas se extendieron a todo el país. Los policías y militares le quitaron respaldo a Morales, quien dimitió y salió exiliado hacia México.
