El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), integrado por los rectores y rectoras de 68 universidades nacionales del país, emitió un comunicado, a través de la Unión de Universidades de Latinoamérica y del Caribe (UDUAL), en el que rechaza la designación por decreto, del rector de la Universidad de Río Grande do Sul, en Brasil.
De igual manera procedió la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), que nuclea a las universidades públicas de Uruguay, el 16 de septiembre, con un comunicado en el que afirmó que “defendemos a la autonomía universitaria en su máxima expresión, como el modelo de universidad pública que desde hace más de 100 años ha permitido generar educación de calidad con pertinencia e inclusión social”.
Así, las universidades de Uruguay y Argentina apuntaron contra la decisión del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, de designar al profesor Carlos André Bulhões Mendes, el 15 de septiembre de 2020, al frente de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) “a pesar de no haber obtenido el mayor apoyo de la comunidad de UFRGS para conducir la Universidad”.
“Reivindicamos la autonomía que permite a las instituciones de educación superior ejercer su papel crítico y propositivo frente a la sociedad sin que existan límites impuestos por los gobiernos, las creencias religiosas, el mercado o los intereses particulares”, comienza citando el documento firmado por la presidenta del CIN (Argentina), Delfina Veiravé.
Los rectores y rectoras afirmaron que “uno de los atributos más elementales de la autonomía universitaria es, sin dudas, elegir democráticamente autoridades”.
Por ello, el CIN expresó su “profunda preocupación por los acontecimientos que sufren las universidades federales de la República Federativa de Brasil, en especial nuestra hermana, la Universidad Federal de Río Grande del Sur (UFRG), en la que se designó a un rector por efecto de un decreto del Poder Ejecutivo”.
Para las universidades argentinas esta situación “ignora la voluntad expresada por la mayor parte de los miembros de su comunidad universitaria a través de una consulta democrática con amplia participación”.
“Este grave hecho colisiona con la necesaria razonabilidad y los límites del ejercicio de la autonomía académica e institucional, consagrados en el artículo 207 de la Constitución brasilera”, expresa el comunicado, y reafirma que “las universidades que son objeto de este tipo de decisiones se ubican en una difícil situación que, aunque pudiera ser considerada legal, es, evidentemente, ilegítima”.
En tal sentido, el CIN “se solidariza con las comunidades académicas de las universidades federales de la República Federativa de Brasil que son objeto de este tipo de decisiones y, a partir de reiterar su compromiso con la autonomía universitaria, espera que, en el más breve plazo posible, se restauren estos principios”.
