El Gobierno de Lenin Moreno anunció ayer, 3 de mayo, un recorte del 10% al presupuesto general de las universidades y la educación superior pública de Ecuador, debido a “la baja recaudación impositiva”.
A través de un comunicado emitido por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología Innovación (SeNeSCyT), que preside Agustín Albán, el gobierno ecuatoriano explicó que existe “una reducción en la recaudación de los impuestos, lo que implica un 10% menos en el presupuesto universitario”.
La medida impactará de manera diferenciada a cada uno de los centros académicos del país, y desde la cartera aseguraron que “realizarán un permanente trabajo con los representantes de cada universidad y con el Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de precautelar que las actividades académicas operen, adecuadamente”.
Según el comunicado de la cartera que gestiona los recursos del sector de ciencia y tecnología de Ecuador, la medida no impactará “en los rubros correspondientes a gratuidad educativa”.
La Secretaría de Ciencia y Tecnología pidió “encontrar mecanismos idóneos para optimizar los recursos que sean posibles”, y advirtió que “habrá gastos universitarios que debido a la emergencia no serán ejecutados”, por lo cual podrán ser canalizados para que no se afecte la matrícula universitaria.
El gobierno de Lenin Moreno justificó la medida asegurando que “la educación superior pública se financia con un porcentaje de recursos de la recaudación del IVA y de la Renta”, por lo que “si estos disminuyen, el presupuesto universitario se actualizará”.
“Recorte inconstitucional”
Tras el comunicado, los representantes estudiantiles del Consejo Universitario de la Universidad Central de Ecuador, salieron a cuestionar con dureza la medida del gobierno nacional, a la que calificaron de “inconstitucional”.
“Exigimos que el Ministerio de Economía y Finanzas desista de cualquier decisión que afecte al presupuesto de la edicación superior, ya que desde todo punto de vista es el sector que cumple uno de los roles mas importantes para la sociedad, redistribuyendo riqueza y generando equidad”, manifestaron los estudiantes.
En el documento, los afectados por la medida de ajuste remarcaron, además, que el presupuesto universitario ya ha sufrido recortes en ocasiones anteriores, “lo cual supondría un decaimiento aún más profundo de la academia”.
Los referentes estudiantiles afirmaron “es inconstitucional un recorte en el presupuesto a las universidades ya que se violaría el artículo 165, literal 2 de la carta magna del país”.
Desde el Consejo Estudiantil demandaron que se tomen en cuenta alternativas medidas de corto, mediano y largo plazo emitidas por la Universidad Central de Ecuador, hacia la Asamblea Nacional “para no tocar el sagrado presupuesto de la educación ecuatoriana”.
Entre esas medidas, se señala el cobro a deudores tributarios a nivel nacional, cuyo monto alcanza los 1500 millones de dólares y un impuesto a las riquezas que obligaría a los sectores empresariales del país a aportar el 5% de su ganancia, el 0,3% del valor de sus activos y el 0,2% del total de su patrimonio.
Según los cálculos de los referentes estudiantiles, esas determinaciones permitirían recaudar unos 800 millones de dólares, equivalentes al 84% de lo que se obtendría con el 10% de reducción salarial al sector público propuestos pro el Proyecto de “Ley Humanitaria”.
Por lo pronto, la decisión de ajustar el presupuesto de las universidades ya generó impacto en la comunidad estudiantil y científica de Ecuador.
